AUTOR: DANIELA G. SANTOYO.
Con la premisa principal de que el servicio público consiste en “aportar un beneficio social a partir de la administración racional y correcta”, las legisladoras proponen la austeridad como una forma de reivindicar a los funcionarios públicos con la sociedad.
Para ellas, el problema principal es que hay un contraste entre los lujos con los que viven los altos funcionarios y las carencias de la mayoría de la población: se trata de una distribución desigual del ingreso en el país.
De hecho, durante el período de 1997 a 2002, los sueldos y prestaciones de los Secretarios de Estado incrementaron 58 por ciento; de los Subsecretarios, en un 123 por ciento; y los Directores Generales, un 131 por ciento. Por otro lado, los salarios del promedio de la población rondan los $1,892.00 y $9,460.00 pesos.
Si bien durante 2009 se reformó el artículo 127 constitucional y se establecieron los principios generales para la asignación de percepciones de todos los entes públicos, no se instituyeron los límites de ésta y, por ende, no obedecieron “nunca a principios de eficacia en la gestión, rendición de cuentas y austeridad”.
Su iniciativa, en el artículo 3°, propone la reducción en la remuneración total neta mensual de los funcionarios públicos que ocupen cargos de Presidente de la República, Diputados, Senadores, Secretarios de Estado, Subsecretarios de Estado, Directores Generales u homólogos, que deberá ubicarse entre los 21 y 38 salarios mínimos mensuales.
En caso de aprobarse, también se reducirían los salarios de los los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, los magistrados de Circuito, los jueces de Distrito, los consejeros de la Judicatura Federal, los integrantes del Consejo General del Instituto Federal Electoral y los magistrados y jueces de los Poderes Judiciales Estatales, pero su aplicación sería hasta terminada su gestión.
Asimismo, no podrán obtener beneficios económicos o, en especial, para sí mismos, sus cónyuges, parientes, terceros con los que tengan relaciones profesionales o laborales, así como para socios o empresas. Además, limitan la posibilidad de tener secretario particular al Presidente, los ministros y magistrados, legisladores, secretarios, titulares de órganos autónomos y subsecretarios.
De acuerdo a las diputadas, gran parte de las irregularidades devienen de los ingresos adicionales por concepto de bonos, premios, compensaciones, sobresueldos, etc. Por tanto, proponen cancelar las prestaciones extraordinarias como los servicios médicos privados, las cajas de ahorro especiales y los automóviles de lujo.
Sobre esto último, en el artículo 9° de su propuesta de Ley se establece que sólo podrán sustituirse los vehículos oficiales si tienen al menos 10 años de uso y en caso de robo o pérdida total. El valor de las unidades nuevas adquiridas no podrá exceder los 110 salarios mínimos.
En una tabla que Alcalde y Gómez anexan al documento se establece que con estas medidas de austeridad habrá un ahorro de 89, 000 millones de pesos. Dinero que permitirá “la inversión a proyectos productivos, rescate del campo y soberanía alimentaria, salud pública y educación”.
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