Los ochenta, cuando se impuso la narcopolítica

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: ARTURO RODRÍGUEZ GARCÍA.

Los ochenta eran tiempos de “renovación moral” en el discurso presidencial pero también de oscuros pasajes de la narcopolítica que no acaban de ser revelados. Las páginas de este semanario trataban de desentrañar las siniestras actividades de José Antonio Zorrilla Pérez, titular de la DFS, implicado en dos asesinatos de alto perfil, los de Manuel Buendía y de Enrique Camarena. Según fuentes estadunidenses aquel policía, a la postre juzgado y sentenciado por el primero de esos homicidios, controlaba a los capos del narcotráfico de la época (Caro Quintero, Fonseca Carrillo y Félix Gallardo), pero no lo hacía por cuenta propia… obedecía a alguien más.

MÉXICO, D.F. Un alto funcionario estadunidense fue contundente en su aseveración: “(José Antonio) Zorrilla (Pérez) recibía dinero de la droga que luego repartía entre gente de alto nivel”. Era la mitad de la década de los ochenta y este semanario daba seguimiento puntual a las actividades de ese personaje, titular de la Dirección Federal de Seguridad (DFS) en tiempos de los asesinatos del periodista Manuel Buendía y del agente estadunidense Enrique Camarena.

Las facilidades para que Zorrilla y sus agentes se mantuvieran impunes, así como las omisiones de la Secretaría de Gobernación (Segob) y la Procuraduría General de la República (PGR) fueron abordadas por Proceso.

En 1985, con base en información proporcionada al semanario por la administración antidrogas de Estados Unidos (DEA), se apuntaban ya diferentes aspectos sobre Zorrilla y la DFS, personaje e institución detrás de los cuales se entrelazaban andanzas y vínculos con el hampa.

Para la DEA “la estupidez de levantar, torturar y asesinar” a su agente, Enrique Camarena, puso al descubierto las operaciones del narcotráfico en México y la vinculación de altos funcionarios del gobierno mexicano.

Al efecto, la Segob y la PGR tuvieron conocimiento de las operaciones criminales en las que participaban agentes de la DFS bajo el mando de José Antonio Zorrilla Pérez, uno de los personajes clave para descifrar el tráfico de drogas en el país en los ochenta.

Fuera de la DFS, los antecedentes de Zorrilla pudieron provocar una sacudida “al sistema”, cuando el PRI lo hizo candidato a diputado federal; pero el partido dio marcha atrás y lo sustituyó a media campaña.

–¿Sería el primer narcodiputado? –preguntó el reportero de Proceso Fernando Ortega Pizarro al entonces director de la DEA en México, Edward Heath.

–Sí. Al principio quizá pensaron que no había problema y que así se le protegía con el fuero de diputado, pero se dieron cuenta de que tarde o temprano, unas dos o tres semanas antes de su nombramiento, es posible que le dieran un golpe por su relación con el narcotráfico y entonces el PRI quedaría muy mal. Todos se preguntarían quién lo nombró y por qué. Entonces tal vez le dijeron a Zorrilla que el sistema estaba en peligro y “mira, tú te vas y cuando pase el tiempo y todo se olvide, regresas” –respondió.

Esta información fue publicada en los números 448 y 449 de Proceso, del 2 y del 9 de junio de 1985, junto con otros datos que evidenciaron las omisiones de la Segob, dependencia encabezada entonces por Manuel Bartlett Díaz, ante quien Zorrilla respondía directamente.

(Fragmento del reportaje que se publica en Proceso 1930, ya en circulación)