AUTOR: ÁLVARO DELGADO.
Las cifras son inauditas: En 2006 fueron 24 las mujeres asesinadas, un número inaceptable, pero en los primeros nueve meses de este año –hasta septiembre– va ya más del doble: 56. Y en ocho años se acumulan 335 feminicidios.
Los asesinatos de mujeres se multiplican anualmente: De las 24 de 2006, subieron a 31 en 2007; 38 al año siguiente y 44 en 2009; bajaron a 32 en 2010, pero se dispararon a 56 en 2011 y a 54 el año pasado.
En Guanajuato, donde hace 22 años Carlos Salinas le regaló el poder al Partido Acción Nacional (PAN), gobierna la hipocresía y la impunidad: Se defiende con rabia a los no nacidos, pero se avala el asesinato de las que dan la vida.
Por eso, con la moral de la Iglesia católica convertida en política pública, con el machismo y la misoginia de servidores públicos que criminalizan a las mujeres, no extraña que el gobierno del panista Miguel Márquez proteja al sujeto que quiso matar a golpes a una joven de 18 años de edad sólo por negarse a tener relaciones sexuales con él.
María Luz Salcedo Palacios, Lucero, pudo haberse convertido en la mujer asesinada número 57 de no ser porque, tras una brutal golpiza, pudo huir de su agresor, también de 18 años de edad, que desde entonces ha gozado de una inaceptable impunidad por parte del gobierno y del Poder Judicial.
Desde el 12 de septiembre, cuando Jasso la golpeó con saña en un paraje de la sierra de Santa Rosa –en la carretera hacia Dolores Hidalgo–, Lucero ha sido víctima varias veces, no sólo del agresor que ya debe varias y de altos servidores públicos varones, sino de mujeres que imparten justicia, como dos agentes del Ministerio Público y una juez.
Desde el mismo día de la agresión, Lucero padeció la infamia de la Procuraduría de Justicia: Cuando la joven era atendida de sus heridas ingresó al hospital el agresor que chocó cuando huía y fue colocado a dos camillas de distancia sin ninguna vigilancia.
No sólo eso: El agente del Ministerio Público, avalado por el procurador Carlos Zamarripa, quien a su vez consultó con el gobernador Márquez, sólo consignó al acusado por lesiones y abusos eróticos-sexuales, no como tentativa de violación y homicidio.
Y luego la juez Paulina Iraís Medina no sólo no dictó prisión preventiva, sino que se dedicó a justificar el proceder del sujeto y redujo la tentativa de homicidio a un simple “faje”.
Algo todavía peor: La asistencia sicológica que recibió Lucero fue en realidad un interrogatorio sobre temas personales e íntimos que luego fueron entregados al abogado del agresor.
En efecto, Luz Adriana Sánchez Rodríguez, agente del Ministerio Público Especializada en Delitos Sexuales y Violencia Intrafamiliar, le preguntó sobre el inicio de su vida sexual y hasta la ropa interior que llevaba puesta el día de la agresión, información que luego usó el abogado de Jasso para calificarla de “inmoral”.
Fue una amenaza cumplida: Antes de la audiencia Blanca Raquel Ramírez Tapia, también agente del Ministerio Público de la Unidad Especializada en Delitos Sexuales y Violencia Intrafamiliar, le había advertido a Lucero que si decidía mantener la acusación contra quien quiso matarla, su vida íntima se haría pública.
Y es que el caso de Lucero se ha conocido por su arrojo para hacerlo público a través de su página de Facebook y ha contado con el respaldo de su familia, en especial de su padre, Fermín Salcedo, quien promueve en Change.org la petición de “Justicia para Lucero” que ya supera las 33 mil firmas.
Sin embargo, esta conducta para evitar la impunidad ha sido tomada por el gobernador –pariente de Carlos Medina Plascencia y cachorro de la organización ultraderechista El Yunque– como un desafío inaceptable.
Tal como lo reveló Arnoldo Cuéllar, www.zonafranca.mx, se ha puesto en marcha un operativo al más alto nivel para sabotear el caso jurídica, pero también mediáticamente.
La operación de silenciamiento del caso en los medios locales la efectúan funcionarios de la Procuraduría de Justicia y de la Secretaría de Seguridad Pública. Uno de ellos es la directora de comunicación social de esta última, Alicia Arias, quien se reunió con el directivo de un medio local para persuadirlo de minimizar el tema.
Escribió Arnoldo: “La reunión ocurrió el pasado viernes 27 de septiembre en las oficinas del medio cuyo nombre nos reservamos. Arias, quien fue vocera del Instituto de la Mujer de Guanajuato en el gobierno de Vicente Fox, ya tiene antecedentes en este tipo de cabildeos en relación a escándalos mediáticos sobre el tema del género.
“Así ocurrió en el gobierno de Juan Manuel Oliva cuando trató de minimizar el impacto de las denuncias periodísticas por las mujeres encarceladas por abortar, donde se trató de justificar cada una de las sentencias por homicidio en relación de parentesco, lo que finalmente fracasó ante la presión mediática y social que consiguió la liberación de las mujeres sentenciadas con una medida administrativa”.
Como si algo faltara en esta trama de impunidad, anota el director de ese medio digital, una abogada directamente adscrita al despacho del procurador Carlos Zamarripa, Alma Yadira Delgadillo Rangel, posteó en Facebook el pasado 3 de octubre, a través de su celular, un comentario en tono de burla hacia Lucero Salcedo:
“Tentativa de homicidio, tentativa de violación, secuestro?? Haber (sic) qué más se le ocurre…”
Con estas conductas de altos servidores públicos del gobierno panista estatal y del Poder Judicial de Guanajuato –mujeres incluidas–, la consigna parece ser inequívoca: “¡Maten a las mujeres!”
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