AUTOR: ANTONIO JIMÉNEZ.
(07 de octubre, 2013).- La juez Paulina Iraís Medina Manzano ha causado mucha polémica en el estado de Guanajuato, ya que ha sido responsable de casos donde se ha favorecido a los agresores, aprobando el abuso y la violencia y poniendo elementos que no abonan a la justicia y que generan resultados marcados por la impunidad.
La ex titular de la Dirección Municipal de Atención en Guanajuato Iovana Rocha Cano dio a conocer que la juez Medina Manzano es la misma que llevó el caso de José Félix Rangel Márquez “El Gordo”, quién fue denunciado por una de sus mujeres por violencia intrafamiliar y el caso fue llevado por el Ministerio Público (MP) a la sala a cargo de Medina Manzano.
La ex titular de la Dirección Municipal de Atención en Guanajuato Iovana Rocha Cano dio a conocer que la juez Medina Manzano es la misma que llevó el caso de José Félix Rangel Márquez “El Gordo”, quién fue denunciado por una de sus mujeres por violencia intrafamiliar y el caso fue llevado por el Ministerio Público (MP) a la sala a cargo de Medina Manzano.
La carpeta de investigación que abrió el MP en ese momento fue la número 2146/13, fue entonces que se pidió a la juez Paulina Medina Manzano que girara una orden de cateo para que intervinieran las autoridades y rescataran a los menores que vivían violencia física, sexual y emocional.
La petición fue negada por la juez al no contar con los elementos suficientes para ordenar el cateo en el callejón Tamazuca, número 20. Al negar la juez Paulina Medina la orden de cateo, el “Gordo” tuvo tiempo de volver a embarazar a una de sus hijastras; así como el caso de María de la Luz Salcedo Palacios “Lucero”.
Respetables licenciados, he tratado de formular las palabras correctas para expresarles a ustedes mi sentir por su desempeño el día lunes 30 de septiembre del presente, en la audiencia de vinculación por la denuncia hecha por su servidora, sin embargo, no las encuentro, no puedo decir exactamente la impotencia, coraje, y demás que siento, por lo que les dedicaré sólo unas reflexiones personales.*
El 12 de septiembre, Miguel Ángel Jasso, amigo de un conocido de María de la Luz Salcedo Palacios, se había ofrecido a llevarla a casa después del trabajo. En el camino él le propuso tener relaciones sexuales. Ella dijo ‘no’. Molesto, la amagó, y se alejó de la ciudad de Guanajuato, dirigiéndose al poblado Ojo de Agua. Ella le pedía que la dejara ir. Cuando se detuvo, la bajó del coche y comenzó a golpearla, intentó asfixiarla, a azotarla contra el piso, a darle puñetazos, hasta casi dejarla inconsciente. Él no quería violarla. Quería matarla.
Mientras era golpeada, María de la Luz tuvo la fuerza y la entereza para decirle que la viera a los ojos, y que en ella viera a su hermana, a su mamá. Ahí fue cuando él se detuvo un poco y Luz pudo enterrarle las uñas en los ojos. Después de esto, algo lo hizo parar en seco, subirse a su coche y salir despavorido. Mientras, Lucero corrió hacia el poblado para pedir ayuda.
En esta audiencia, el objetivo principal era presentar los delitos por los que se condena a la persona de la cual recibí una agresión el pasado jueves 12 de septiembre, sin embargo, se volvió más que eso, se volvió un circo, un montaje destinado a demostrar una, y cada una de las fallas con las que lidian miles de personas al acudir a denunciar un acto como del que yo misma fui víctima.
Fue una audiencia, muy curiosa, ya que la víctima terminó siendo culpable y el inculpado una víctima más, de una mujer desidiosa, cizañosa, provocadora e inmoral como la que soy yo.
El Ministerio Público sólo presentó cargos por lesiones y abusos erótico-sexuales, delitos admitidos por la juez y considerados no graves que alcanzarían una pena máxima de 4 años. La causa, que el muchacho dejó de tocarla y “jamás tuvo intención de violarla o matarla”, además de que ninguna de las 19 lesiones ponían en peligro la vida de la chica.
Una audiencia en la cual, hasta me dieron ganas de pararme y pedir perdón, a usted su señoría, por hacerle perder el tiempo; a usted, licenciado, por haber tenido que leer todas las inmoralidades que he cometido, y a Miguel, sobre todo a él, por hacerlo pasar por semejante situación, por haberlo provocado, por haberle causado enojo al decirle que no, por haberlo desprestigiado, ya que está arrepentido, él se disculpó por haberme casi matado, por haberme hecho pasar por, si no el peor, uno de los peores días de mi vida, ¿y yo? Yo haciendo que sufra. Perdón; a ustedes mis más sinceras disculpas.
En esta audiencia se ventilaron datos de mi vida privada, datos irrelevantes para el caso, y aún más, siendo manifestados de una manera denigrante, haciéndome entender que yo fui merecedora del acto cometido contra mi persona, que me lo busqué, por inmoral, por tener una vida sexual, por pensar que soy libre de decidir con quién estoy y con quién no.
El abogado defensor de Miguel Ángel Jasso, Héctor Corona Vieyra, expuso en sus argumentos que María de la Luz había reconocido que tenía una “vida sexual muy activa”, lo que calificó de “conducta inmoral”, hecho que además pidió quedara asentado.
Pero aun con todo esto les agradezco. Les agradezco que no lo hayan metido a la cárcel, que me hayan acusado de todo lo que se me acusó, que hayan hecho uso de trucos sucios y bajos, que hayan omitido hechos bastante relevantes, que no hayan impuesto los delitos que debieron ser, que hayan hecho esto y todas las demás fallas que tuvieron ese día, porque la gente se dio cuenta, porque la gente no es idiota y se dio cuenta de lo que ocurrió, de que ahora no sólo soy víctima de esta persona, soy víctima de ustedes, del sistema, y que aun así no me detendré, no voy a parar, porque esto sólo es la punta del iceberg, sólo es el comienzo.
Al considerarse delitos menores, la juez Paulina Medina Manzano dejó libre al agresor confeso de la joven de 18 años, a quien solamente le ordenó acatar siete medidas precautorias.
*Líneas de la carta de María de la Luz Salcedo Palacios a la juez y el abogado defensor del confeso.
Hostigamiento a “Lucero” por parte del Gobierno de Guanajuato
En día de hoy el sitio de noticias Zona Franca dio a conocer una serie de actuaciones, de parte de funcionarios públicos de la Procuraduría General de Justicia (PGJE) de Guanajuato y también de otras dependencias como la Secretaría de Seguridad Pública, que dejan ver la existencia de una acción concertada con la finalidad de sabotear el caso de María de la Luz Salcedo en el terreno jurídico y también en el ámbito mediático.
El ejemplo más flagrante del hostigamiento hacia Salcedo de parte de la institución que debía haber representado sus derechos como ofendida y víctima, es la asistencia psicológica que recibió de una agente del Ministerio Público, cuyas anotaciones fueron incorporadas a la carpeta de la investigación, lo que permitió que fuesen utilizadas por la defensa del agresor en la primera audiencia del caso.
Otra parte de esta actuación del Estado en contra de una particular y además víctima de un delito, deriva de la operación de funcionarios de prensa de por lo menos dos dependencias, la PGJE y la Secretaría de Seguridad Pública, para desactivar la atención de los medios hacia el caso.
El gobernador Miguel Márquez y el procurador de Justicia Carlos Zamarripa han reiterado en diversas oportunidades que el Ministerio Público “hizo lo que le correspondía”, en el caso de violencia de género que tiene como víctima a la joven de 18 años María de la Luz Salcedo Palacios, cuyos pormenores han levantado una indignación que rebasa las fronteras del país.
Sin embargo, cuando el caso comenzó a ganar notoriedad en los medios locales, desde la Procuraduría de Justicia se hicieron llamadas y visitas a directivos de medios de comunicación para hacerles ver que los hechos no eran como se estaban narrando en prensa. Se insinuaba que había datos que iban a “perjudicar a Lucero y a su familia”.
Esa actuación no parece ser algo “que le correspondía” a la autoridad. Máxime porque los datos “perjudiciales” para la víctima provenían de expedientes a los que no debieron tener acceso los funcionarios de otras áreas que no fueran las del Ministerio Público.
A todo lo anterior se puede agregar una campaña de hostigamiento en las redes sociales por parte de responsables en diversas áreas gubernamentales como Alma Yadira Delgadillo Rangel, una abogada directamente adscrita al despacho del procurador Carlos Zamarripa, en el área de normatividad y proyectos, quien posteó en Facebook el pasado 3 de octubre, a través de su celular, un comentario en tono de burla hacia Lucero Salcedo:
“Tentativa de homicidio, tentativa de violación, secuestro?? Haber [sic] qué más se le ocurre…”.
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