FUENTE: REVOLUCIÓN TRES PUNTO CERO.
AUTOR: RAÚL ROMERO.
Julio Pisanty es estudiante de medicina. Como muchos jóvenes de su generación, está preocupado y ocupado por la grave situación que vive el país. Lo conocí hace casi cuatro años, desde entonces hemos entablado una amistad fraterna. Julio es de esas personas que uno siempre quiere como amigo: es honesto, solidario y siempre dice lo que piensa.
A Julio le gusta el teatro y la música. Lo recuerdo ayudándonos a armar algunos “performances” cuando apenas iniciábamos las movilizaciones contra la guerra que desató Felipe Calderón en el sexenio pasado y que hoy continúa bajo el mando de Enrique Peña Nieto.
Lo recuerdo también atendiendo a gente que sufrió insolación durante la multitudinaria marcha con la que nació el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad el 8 de mayo del 2011 en la Ciudad de México. Por eso, cuando leí el pasado viernes 11 de octubre, primero en el blog de Aristegui Noticias y luego en el diario Reforma, que un supuesto informe elaborado por el Gobierno del Distrito Federal califica a Julio Pisanty Alatorre como uno de los 11 “anarquistas” que destacan “por su grado de violencia o participación constante en las manifestaciones que terminan en actos vandálicos”, no pude más que preguntarme ¿Por qué Julio? Aún no encuentro la respuesta, pero en la búsqueda he llegado a otras reflexiones.
En primer lugar, vale señalar que lo publicado sobre Julio es completamente falso. Ya él se ha encargado de desmentir y fijar su posición mediante la “Carta de un joven médico” en el blog de la Agencia de Comunicación Autónoma SubVersiones, periódico independiente y crítico que en las últimas marchas ha sufrido la detención y la agresión física contra varios de sus reporteros.
En segundo lugar, lo sucedido con Pisanty es un caso paradigmático de lo que ha venido aconteciendo en el último año en la Ciudad de México: es la muestra de la campaña de criminalización y desprestigio contra las juventudes, sobre todo contra aquellas que se organizan y protestan, contra aquellas que deciden no guardar silencio y manifestarse contra la grave situación que aqueja al país. Es también ejemplo del renovado autoritarismo y terrorismo de Estado; de la persecución y estigmatización desde los medios de comunicación comerciales contra aquellas personas que piensan diferente; es prueba de la falta de ética por parte de periodistas que, sin corroborar la información que publican, se ponen del lado del Estado en un intento por minimizar las voces críticas.
En tercer lugar, el caso de Julio está inserto en un contexto en el que la represión y criminalización de las ideologías –en particular del anarquismo-, periodistas, defensores de Derechos Humanos y activistas sociales es sistemática y recurrente. No sólo se violenta el legítimo derecho a la protesta, sino que se arremete contra la verdad, contra el derecho a informar y también contra la libertad de expresión; elementos que nos hacen recordar las dictaduras militares, los totalitarismos y los fascismos más salvajes del siglo pasado.
Sin embargo, al igual que Julio, somos muchas las personas y organizaciones sociales en todo el país que seguimos dando la batalla contra la clase política que pretende eliminar la crítica mediante la fabricación de un “enemigo interno”. Antes fueron los “comunistas”, los “terroristas”, los “narcos”. Hoy son los “anarquistas”, los “encapuchados”, los “maestros”… siempre los de abajo, los inconformes, los necios que no nos conformamos con el mundo tal y como está. Pero hoy tenemos memoria y sabemos los nombres y reconocemos los rostros de nuestros adversarios. Sabemos contra quién es esta batalla. Y ellos saben que lo sabemos. Por eso tienen miedo… y el tamaño de su miedo es exactamente igual al tamaño de nuestra dignidad.
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