El FNLS hizo responsable al presidente Enrique Peña Nieto y al gobernador guerrerense, Ángel Aguirre Rivero por el asesinato de Mesino Mesino y exigió el pronto esclarecimiento de los hechos y castigo a los responsables materiales e intelectuales del crimen.
"En el Estado de Guerrero como en el resto del país se está implementando la ejecución extrajudicial para eliminar las voces de protesta incómodas para el Estado, en este sentido se lleva a cabo una política de la persecución, hostigamiento y en algunos casos el asesinato como es el caso de la compañera Rocío Mesino comprometida con las causas populares".
El FNLS que agrupa a diversas resistencias campesinas a lo largo de México, acusó que desde la imposición oligárquica de Enrique Peña Nieto a la presidencia de la república, “se ha orquestado una política de represión y criminalización en contra del movimiento popular, para imponer de manera violenta las reformas neoliberales que necesitan en el país”
"También recurren a la práctica de la desaparición forzada, la ejecución extrajudicial de luchadores sociales, la utilización de grupos paramilitares, guardias blancas y grupos de choque, como medidas fascistas y estrategias de terror en el pueblo organizado y no organizado".
Denunció que esta política de Estado priva en todo el país y se aplica de manera sistemática contra luchadores sociales, opositores al régimen, activistas sociales y contra todo sector que se organiza de manera independiente, para desarticular, dividir y desorganizar los movimientos organizados.
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