AUTOR: GLORIA LETICIA DÍAZ.
A la condena general se sumó el repudio por las agresiones sufridas por cinco integrantes del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) —Víctor Carlos Banda, Quetzalcoatl Fontanot, Araceli Olivos, Simón Hernández y Xosé Roberto Figueroa—, quienes fueron golpeados por granaderos a pesar de que se identificaron plenamente y justificaron su labor de defensa.
En conferencia de prensa, el director del Centro Prodh, José Rosario Marroquín; el director de la Liga Mexicana de Defensa de Derechos Humanos (Limedh), el representante de México y Centro América de la organización Artículo 19, Darío Ramírez; la secretaria técnica de la Red de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos Para Todas y Todos, Agnieszka Raczynska, así como Carlos Banda, exigieron que tanto los agresores de los defensores como los mandos superiores sean sancionados por su actuación.
Con vendoletes en la ceja derecha Carlos Banda narró que mientras documentaba las detenciones arbitrarias de dos personas, fue encapsulado y golpeado, en tanto que Fontanot fue maltratado cuando buscaba rescatarlo de los granaderos. Las agresiones ocurrieron a pesar de que portaban chalecos y gafetes que los acreditaban como defensores.
Los otros activistas del Centro Prodh fueron maltratados por policías en otro momento. Simón Hernández fue golpeado cuando defendió a la periodista Nayeli Roldán de Efekto TV, cuando granaderos le arrebataron su equipo de trabajo.
Por las agresiones registradas, el Centro Prodh presentó una queja ante la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal y una denuncia formal ante la Procuraduría General del Distrito Federal.
El primer reporte del Centro Prodh documenta “la actuación ilegal de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal” entre ellos los “diversos intentos por seccionar y encapsular a manifestantes, el uso de gas lacrimógeno de dos tipos (uno blanco y uno rosa) y polvo de extintor contra manifestantes, detenciones arbitrarias por personas vestidas de civil, actuando en grupos de cuatro o cinco personas con equipos de radiocomunicación, algunos encapuchados y con toletes y coordinación operativa con granaderos a quienes se dirigían y entregaban a manifestantes detenidos en forma arbitraria”.
De acuerdo con lo observado por los monitores de esta organización, el patrón de comportamiento de las personas vestidas de civil y granadero fue agredir “de forma selectiva a toda persona que estuviera documentando las detenciones”, fueran defensores o periodistas.
Dario Ramírez dijo que de los 22 casos de agresiones a periodistas que registró Artículo 19.90% fueron atribuidas a los cuerpos policiacos, y el resto a civiles que actuaban embozados y que fueron exhibidos en los medios de comunicación golpeando a policías.
Adrián Ramírez dijo tener evidencias de que “personal militar transportó a personas vestidas de civil que azuzaban a los jóvenes para generar violencia y después fueron los responsables de someter a golpes y vejaciones, a pesar de que estaban desarmados y sin posibilidad de escabullirse”.
Los defensores criticaron la actuación policiaca, al considerarla incapaz de aplicar protocolos de contención de masas, por uso indiscriminado de la fuerza y por no detener a todos los que provocaron la violencia sino a quienes documentaban los abusos.
Darío Ramírez se solidarizó también con los policías agredidos por las personas embozadas, y destacó que “la violencia no es parte del derecho a la protesta”, por lo que exigió que se investigue y se identifique a los agresores.
La secretaria técnica de la Red TDT retó al jefe de gobierno del DF, Miguel Ángel Mancera, a que castigue a los responsables de los agravios a los defensores, así como hacer una revisión de su política de contención de masas y de uso de la fuerza. “Exigimos una declaración fuerte en contra de hechos denunciado, una disculpa pública y un reconocimiento a los defensores de la ciudad”.
Amnistía Internacional, en tanto, lamentó la violencia y las agresiones a periodistas y defensores, y pidió a los gobiernos federal y de la Ciudad de México “explicar públicamente las circunstancia que llevaron a la comisión de estos abusos y a dar a conocer las medidas que serán tomadas para evitar que una situación semejante pueda repetirse”.
A través de su director ejecutivo, Perseo Quiroz, AI reconoció que “varios policías fueron objeto de violencia severa por parte de un grupo de manifestantes y las autoridades tienen el deber de mantener el orden público y evitar la violencia. Sin embargo, el operativo policial de nuevo ha resultado en violaciones de derechos humanos y el incumplimiento de estándares internacionales”.
Reporteros sin Fronteras (RSF) reprobó que en la cobertura de las movilizaciones conmemorativas del 2 de octubre de 1968 más de 15 periodistas hayan sido agredidos, y admitió que la cifra podría ser mayor.
En un comunicado, la organización pidió a la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos contra la Libertad de Expresión (FEADLE) que “se abran investigaciones independientes para que se esclarezcan estas agresiones y se sancione a los responsables”.
RSF recordó que ya había advertido que “las agresiones a los profesionales de la información durante las manifestaciones se repetirían mientras los responsables no sean sancionados”.
Además alertó en que la “trivialización de la violencia contra los periodistas perjudica la cobertura de este tipo de eventos” y que sin los periodistas “el mensaje de las manifestaciones no sería escuchado por la población”.
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