AUTOR: ISAÍN MANDUJANO/ JESUSA CERVANTES.
Este indulto se dará gracias a que la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión aprobó este martes 29 las reformas al Código Penal Federal (CPF), en particular la adición el artículo 97 Bis.
Esta noche, en su cuenta de Twitter, Peña Nieto señaló que este miércoles 30 publicará en el Diario Oficial de la Federación (DOF) las reformas al CPF en materia de indulto.
“Este mismo jueves, la reforma entrará en vigor e indultaré a Alberto Patishtán Gómez”, agregó Peña Nieto en un segundo tuit.
Hace unas semanas, el profesor indígena bilingüe había señalado que él no pediría el indulto al presidente de México, por dignidad: no tenía por que pedir perdón por un delito que no había cometido.
“No voy a pedir perdón, no voy a pedir el indulto. ¿Para qué? Si yo no he matado a nadie. Pero si el indulto presidencial llega de forma unilateral yo claro que lo acepto, pero de pedirlo, jamás”, sentenció Patishtán.
Aprueban diputados indulto presidencial
Con 442 votos, la Cámara de Diputados aprobó las reformas al Código Penal Federal que facultan al presidente de la República a conceder el indulto cuando existan indicios de violaciones graves a los derechos humanos de la persona sentenciada.
La medida favorecerá al maestro indígena Alberto Patishtán, sentenciado de manera injusta a 60 años de prisión, y cuya liberación han demandado organizaciones nacionales e internacionales.
La minuta, que por la mañana ya había sido aprobada en comisiones, contempla una adición al artículo 97 Bis del Código Penal Federal, donde se otorga la facultad al Ejecutivo federal para que otorgue el indulto previo dictamen del órgano ejecutor de la sanción, en el que se demuestre que la persona sentenciada no representa un peligro para la tranquilidad y seguridad pública, y cuando existan indicios consistentes de violaciones graves a los derechos humanos de la persona sentenciada.
Establece, asimismo, que el Ejecutivo deberá cerciorarse de que la persona sentenciada haya agotado previamente todos los recursos legales nacionales.
La reforma permitirá dar cabal cumplimiento a los derechos humanos contenidos en diversos instrumentos internacionales suscritos por el Estado mexicano, así como a lo establecido en el artículo 1 de la Constitución, que en ningún momento vulnera el principio de división de poderes.
En el documento se hace referencia al maestro Alberto Pathistán, pero no es el único caso. Destacan de igual manera el de las mujeres otomíes Jacinta Francisco, Alberta Alcántara y Teresa González, en el estado de Querétaro, y el de Francisco Sántis, en Chiapas.
La modificación al Código Penal Federal crea las condiciones necesarias para que las personas que se encuentren en casos similares puedan alcanzar su libertad cuando existan indicios de violaciones graves a sus derechos humanos, siempre y cuando se hayan agotado previamente todos los recursos legales nacionales.
Hoy, en la sesión de la Cámara de Diputados, legisladores como Fernando Bribiesca Sahagún salieran en favor de la citada reforma penal.
“El caso ha llamado la atención internacional por sus inconsistencias e incongruencias. ¿Cómo es posible probar que a una sola persona, el profesor Alberto Patishtán Gómez, se le haya considerado como el autor intelectual y material en el homicidio de siete policías estatales fuertemente armados y con entrenamiento táctico?”, cuestionó Bibriesca Sahagún.
Dijo que existen cientos de casos como los de ese profesor, que se reproducen diariamente en nuestro país, y ello debe llevar, a los legisladores, a repensar en un sistema de procuración y administración de justicia pronto, expedito y realmente justo.
“Se debe revisar la legislación sustantiva y adjetiva para evitar este tipo de casos. La población tiene que contar con la certeza de que las leyes son imparciales, generales y abstractas, y que la actuación de las autoridades estará siempre apegada a derecho”, dijo Bribiesca Sahagún.
A favor del dictamen y para fijar posición por el partido Movimiento Ciudadano, la diputada Zuleyma Huidobro González manifestó que la justicia en nuestro país “adolece de asimetrías económicas”, ya que “se vende y compra al mejor postor”.
La mayoría de los reclusos en las cárceles, añadió, pertenece a los estratos de más bajos recursos en el México.
Consideró que esta nueva variante de la justicia, aprobada en la Cámara de Diputados, nace de la “imperante necesidad de mecanismos que permitan cumplir con la garantía y protección a los derechos constitucionalmente reconocidos a todos los ciudadanos en igualdad de condiciones”.
En su oportunidad, el legislador por el PVEM, Mario Francisco Guillén Guillén, comentó que “las leyes aplican para todos y jamás vamos a legislar para un individuo en particular”.
No obstante, al referirse al caso del maestro chiapaneco, sentenciado a 60 años de prisión, lanzó: “Nunca más una persona encarcelada injustamente o sin el debido proceso; nunca más un caso como el de Alberto Patishtán. Desde esta máxima tribuna elevamos nuestra voz para su liberación”.
El representante del PRD, Carlos de Jesús Alejandro, destacó que en los últimos años la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) ha documentado más de 8 mil casos de presos indígenas a los cuales se les ha violentado su derecho a un debido proceso por ser monolingües y no contar con intérpretes en sus lenguas respectivas.
Las condiciones de exclusión social hacia los pueblos originarios como en Chiapas, Guerrero y Oaxaca no han terminado, son lugares “donde la cárcel parece ser el refugio seguro para indígenas por delitos menores o por delitos que no cometieron”, añadió.
Con la votación a favor de este dictamen, dijo, se ayudará tanto a Patishtán como a los indígenas que han caído en injusticias similares.
El panista Juan Jesús Aquino Calvo coincidió en que el dictamen resulta “pertinente en un momento en el que somos testigos de diversos casos en los que parece que la justicia no llega para todos”.
Agregó que la adición del 97 Bis al Código Penal Federal reforzará los derechos de ciudadanos mexicanos, que“son violados sistemáticamente sin que haya una autoridad superior que pueda impartir justicia ante casos que no pudieran ser claros ni contundentes, y que en muchos momentos han sido socialmente recriminados”.
El PRI, en voz del diputado Simón Valanci Buzali, expresó que de acuerdo con una encuesta del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), 93% de los presos en México nunca vio una orden de aprehensión; 50% no fue informado de los motivos de su detención, sino hasta llegar a la agencia del Ministerio Público, y 10% incluso en el mismo reclusorio.
“El 72% no fue informado de su derecho a no declarar, y en 70% de los casos ni siquiera se les dijo que podían realizar una llamada telefónica”, dijo.
El priista agregó que el raking del World Justice Proyect presentado en julio pasado en La Haya sitúa a México en el puesto 90, entre 97 países, respecto de la correcta aplicación de la justicia penal.
Ante ello, precisó, el Revolucionario Institucional “se pronuncia a favor del presente dictamen, aun cuando reconocemos que estaría pendiente de analizarse una adición posterior que permita a las víctimas ejercer su derecho de audiencia de forma previa al otorgamiento de esta causal de extinción de la acción penal”.
Ricardo Monreal Ávila, de Movimiento Ciudadano, aclaró que en el fondo de este tema está el “déficit de justicia, órganos de procuración y administración de justicia, que se han ausentado de su función”.
Es un “caso paradigmático de irresponsabilidad jurídica” y de “perversión y desvío de los principios que sostienen la justicia”, apuntó.
Subrayó:
“Hoy estamos frente a ministerios públicos, jueces y magistrados que fueron incapaces de revertir una injusticia, confirmaron su miopía y su actitud parcial, y demostraron que la justicia no existe y que se encuentra al servicio del dinero, del poder, de los poderosos, del mejor postor”.
Finalmente, su compañero de partido, Luis Martínez Martínez, aseguró que hay jueces que actúan por consigna, emitiendo resoluciones sin consideraciones constitucionales y alejadas del derecho, lo cual es una constante.
“Liberación no sustituye el reclamo de justicia”: AI
Por su parte, Amnistía Internacional dijo que “la liberación no sustituye el reclamo de justicia y reparación al que el profesor tiene derecho. Es momento de reformar el sistema de justicia para garantizar procesos prontos y justos a todas las personas sin distinción”.
La organización recordó que desde el año 2000, Alberto Patishtán, fue acusado de participar en una emboscada en la que siete policías fueron asesinados. Tras un injusto proceso fue condenado a 60 años de prisión. Durante su juicio no se tuvieron en cuenta las irregularidades del proceso y las contradicciones en las declaraciones del testigo que aseguró identificar a Alberto. Tampoco se valoraron los testimonios que indicaban que el profesor Patishtán estaba en otro lugar.
“En México, el sistema de justicia falla a la hora garantizar un juicio justo e igualitario, especialmente cuando las personas acusadas son indígenas”, dijo Amnistía.
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