Con 457 votos a favor se aprobó que los legisladores o servidores públicos de la Cámara de Diputados no lleven a cabo actividades de cabildeo durante el ejercicio de sus funciones, así como tampoco sus cónyuges y parientes por consanguinidad o afinidad hasta el cuarto grado.
Además se fijó en 20 cabilderos por cada comisión y dos por cada persona moral o inscrita como número máximo de personas acreditadas para realizar dichas actividades. En caso de que exista un número mayor de solicitudes respecto a alguna comisión o persona moral, la Mesa Directiva acordará lo conducente.
El dictamen adiciona al reglamento los numerales 3 y 4 del artículo 264 y, 2 y 3 del 265 en donde se establece que las diputadas y diputados o el personal de apoyo no podrán aceptar dádivas o pagos en efectivo o en especie por parte de persona alguna que realice cabildeo o participe de cualquier otro modo para influir ilícitamente en las decisiones de la Cámara de Diputados.
El documento que se envió al Ejecutivo precisa que toda infracción a esta norma será castigada en términos de las leyes de responsabilidades o la legislación penal, según corresponda.
Al argumentar el dictamen, el diputado Felipe Arturo Camarena García (PVEM) dijo que el objeto primordial de las reformas es contribuir a un honesto desarrollo de las actividades legislativas. “El dictamen pondera garantizar a la sociedad que nuestras tareas estarán fuera de prácticas corruptas y por encima de intereses de grupos en particular”.
Camarena García asentó que las adiciones delimitan desarrollar el cabildeo, siendo justo que quienes se encuentran en el ejercicio de un encargo o puesto del servicio público se abstengan de dicha práctica.
En su turno, el diputado Fernando Bribiesca Sahagún (Panal), expresó que es imprescindible dar certidumbre al cabildeo, por lo que es sancionable que en la ejecución de funciones se acepten dádivas u obsequios de cualquier tipo o pago que pueda influir en la toma de decisiones.
Por Movimiento Ciudadano, la diputada Merilyn Gómez Pozos, proponente de las reformas, explicó que si bien es cierto que la actividad de los cabilderos tiene ventajas como otorgar una mejor información a los legisladores, acceso al conocimiento especializado y fortalecimiento de las vías de comunicación lamentablemente su regulación es insuficiente.
El diputado Marcos Rosendo Medina Filigrana (PRD) coincidió en que el dictamen tiene el afán de hacer más clara la actividad de cabildeo e impedir que quienes sean servidores públicos o familiares, puedan realizar el cabildeo al interior de la Cámara.
Por el PAN, el diputado Rubén Camarillo Ortega mencionó que los cabilderos ocasionaron situaciones donde diputados aceptaron viajes patrocinados por empresas, por lo que es necesario que la Cámara avance en los temas de transparencia y rendición de cuentas, sobre todo, ahora que se discute el paquete económico.
El diputado Darío Zacarías Capuchino (PRI) agregó que a fin de evitar conflictos de intereses, los servidores públicos no deben llevar a cabo actividades de cabildeo durante el ejercicio de sus funciones, tal como lo establece el dictamen. Por ello, “el correcto desempeño de las funciones encomendadas debe ser una constante por parte de los funcionarios a quienes se les delegó una importante responsabilidad”.
Posteriormente, el Pleno aprobó, por 437 votos a favor, la reserva del diputado Fernando Rodríguez Doval (PAN) al artículo 264 para adicionar el numeral 5, a fin de establecer que las disposiciones del numeral 4, del mismo artículo, se apliquen a aquellos individuos que siendo ajenos a la Cámara representen a una persona física, organismo privado o social y que no obtenga un beneficio material o económico en función de dichas actividades, a fin de evitar la simulación.
También avaló la reserva del diputado Juan Luis Martínez Martínez, de Movimiento Ciudadano, por la que se reforma el artículo 265, numeral 2, para que los diputados o el personal de apoyo no podrán aceptar dádivas o pagos en efectivo o en especie o cualquier otro tipo de beneficio de cualquier naturaleza.
Se rechazaron las reservas que presentaron los diputados de Movimiento Ciudadano, Ricardo Monreal Ávila, Ricardo Mejía Berdeja y Francisco Alfonso Durazo Montaño a los artículos 265, numeral 3 y 264 numeral 4.
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