AUTOR: ANABEL HERNÁNDEZ.
Me encuentro en medio de dos fuegos. Entre quienes me amenazan de muerte desde hace casi tres años en represalia por mi trabajo de periodista y funcionarios del Mecanismo de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas de la Secretaría de Gobernación.
Soy periodista de investigación y, como el resto de decenas de periodistas asesinados, desaparecidos o amenazados, no sé quiénes son peores enemigos: los que amedrentan en represalia por el trabajo periodístico o los que, teniendo la obligación legal de proteger a los defensores de derechos humanos y periodistas, nos convierten en blanco fácil para que los otros nos maten.
Llevo nueve días sin dormir porque el “mecanismo”, de manera negligente, no hizo de manera oportuna el papeleo burocrático para mantener a los escoltas que el gobierno del Distrito Federal (GDF) me asignó desde diciembre de 2010, cuando fui prevenida por un informante de que presuntamente Genaro García Luna, entonces secretario de Seguridad Pública federal, y Luis Cárdenas Palomino, en aquel tiempo coordinador de Inteligencia para la Prevención del Delito de la Policía Federal (PF), estaban orquestando un plan para matarme por revelar su enriquecimiento, antecedentes criminales y su presunta implicación con el crimen organizado. El informante me advirtió que el plan era disfrazar mi muerte como producto de un accidente automovilístico, un asalto o un secuestro fallido.
Esta es mi historia. Me permito contarla porque es sólo un botón de muestra de la negligencia criminal de las autoridades que por ley están obligadas a proteger a los periodistas. Si alguien busca las razones de que se siga asesinando y amenazando impunemente a defensores de derechos humanos y periodistas, estas son algunas…
Fragmento del texto que se publica en la edición 1926 de la revista proceso, actualmente en circulación.
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