La Cámara de Diputados aprueba el reglamento que prohíbe las actividades de negociadores; limita de 250 a 20 el número de expertos acreditados en 'lobbing' y veta el tráfico de influencias.
También se prohíben acciones de ese tipo a sus cónyuges y parientes por consanguinidad o afinidad hasta el cuarto grado.
El dictamen aprobado especifica que serán sancionados en términos de las leyes de responsabilidades o de la legislación penal los legisladores o el personal de apoyo que acepten dádivas o pagos en efectivo o en especie de los cabilderos para influir en las decisiones de la Cámara de Diputados.
Con el decreto avalado, se adicionan los numerales 3 y 4 al Artículo 264, y los 2 y 3 al Artículo 265 del Reglamento de la Cámara de Diputados, que en su momento fue propuesto por la diputada de Movimiento Ciudadano, Merilyn Gómez Pozos.
El documento fue aprobado en lo general con 457 votos a favor y seis reservas, cuatro de las cuales fueron rechazadas, y dos se aprobaron con 437 votos a favor, 34 en contra y cero abstenciones.
Las reservas fueron presentadas por los legisladores del Partido Acción Nacional (PAN),Fernando Rodríguez Doval, quien adicionó un numeral cinco al Artículo 264, y de Movimiento Ciudadano, Juan Luis Martínez Martínez, quien planteó modificaciones al Artículo 265 numeral dos.
Uno de los artículos transitorios del documento dice que el decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
El texto señala que el número máximo de personas acreditadas para realizar actividades de cabildeo en la Cámara de Diputados será de 20 por cada comisión y dos por cada persona moral inscrita.
Asimismo, en caso de que exista un número más extenso de solicitudes respecto a alguna comisión o persona moral, la Mesa Directiva determinará el procedimiento a seguir.
Al posicionar el dictamen, el diputado Felipe Arturo Camarena García, señaló que con esas medidas se pretende contribuir a regular de manera adecuada la figura de cabildeo para que se inhiban prácticas de corrupción.
Afirmó que permitirá que quienes se desempeñen como legisladores realicen adecuadamente sus tareas en beneficio de la sociedad, fuera de prácticas corruptas y por encima de intereses de grupos en particular.
En diversas partes del mundo, argumentó, dicha actividad está relacionada directamente con el desempeño del Poder Legislativo y en ocasiones del Ejecutivo.
Basta mencionar como ejemplo el caso de Estados Unidos, donde se cree que una de las razones principales por las que el sistema de gobierno no funciona mejor, es porque en su interior hay mucha influencia de grupos especiales de interés y cabildeos.
Indicó que el cabildeo profesional consiste en la utilización sistemática de mecanismos de vinculación de grupos sociales con quienes toman las decisiones públicas, que pretende que sean acordes a sus intereses o necesidades, lo cual puede derivar en prácticas deleznables y actos de corrupción.
Camarena García dijo que con esa nueva reglamentación se intenta regular en forma adecuada esa figura para inhibir situaciones indeseables y permitir a quienes se desempeñan como legisladores realizar adecuadamente sus tareas, sobre todo, en beneficio de la sociedad mexicana.
Aclaró que el objetivo principal es contribuir al desarrollo honesto de las actividades de los diputados en respeto de la ley y de la ciudadanía.
“Es decir, se pondera garantizar a la sociedad que nuestras tareas estarán fuera de prácticas corruptas y por encima de los intereses de grupos en particular”, añadió el legislador del Partido Verde Ecologista de México.
Subrayó en que se insiste en la necesidad de regular claramente las actividades que permitan generar confianza de la ciudadanía en sus instituciones, pues constituye el principal pilar para sostener un Estado democrático de derecho, sin que ello signifique la negación a realizar esa actividad.
Por el contrario, una clara regulación y limitación de ésta permitirá su ejercicio en forma correcta, como lo requiere la nación, aseveró.
Señaló que también se acota el número de quienes pueden realizar esas actividades, pues una de las consecuencias que conlleva a la proliferación de cabildeo o grupos de interés es la disminución de responsabilidad pública y de rendición de cuentas, ya que esos grupos no rinden cuentas a nadie, están fuera del control de la población.
Al fijar la postura del Partido Revolucionario Institucional, el diputado Darío Zacarías Capuchino afirmó que para nadie es un secreto que el ejercicio de la función legislativa se ve sometido a presiones de diversa índole, que buscan proteger intereses, formular propuestas y ubicar temas específicos en la agenda pública.
“Que quede claro, el cabildeo se vuelve una forma de participación justificada de quienes tienen interés de generar una interlocución con el Poder Legislativo para expresar el sentir de quienes buscan ser escuchados por los representantes populares”, expuso.
Pugnamos por la transparencia en las decisiones de la Cámara de Diputados, ya que debemos garantizar que la aprobación de los asuntos tratados en esa instancia sea para el beneficio popular, estableció.
También “manifestamos nuestro acuerdo con la idea de que, a fin de evitar conflicto de intereses, los servidores públicos no puedan llevar a cabo actividades de cabildeo durante el ejercicio de sus funciones, tampoco sus cónyuges ni sus parientes por consanguinidad o afinidad hasta el cuarto grado”.
Por Movimiento Ciudadano, Ricardo Monreal Ávila, resaltó la importancia de regular la actividad del cabildeo en el ámbito legislativo para evitar actos de corrupción, tráfico de influencias e impunidad.
Aseveró que existen 549 grupos de cabilderos registrados en la Cámara de Diputados, y que sería irresponsable no someterlos a normas de conducta estricta y federal.
“Esta reforma fue propuesta por Movimiento Ciudadano, pero debo advertirles a los ciudadanos legisladores que fue cercenada, es una reforma mocha, light, insuficiente y descafeinada y se presentarán reservas”, indicó.
Al hablar a nombre de Acción Nacional, el legislador Rubén Camarillo expuso que “el buen juez por su casa empieza, si queremos los diputados y las diputadas exigir transparencia, rendición de cuentas y prácticas anticorrupción al Poder Ejecutivo, estamos obligados a ir a favor de las iniciativas que nos den la posibilidad de acreditar que los legisladores están en disposición de poner el ejemplo”.
Sin embargo, aclaró, los cabilderos son múltiples, es un fenómeno que no es nuevo, pero que en el pasado han generado situaciones que han avergonzado a la Cámara de los Diputados.
Indicó que es necesario que este órgano legislativo siga avanzando en los temas de transparencia y de rendición de cuentas.
“Es importantísimo que mandemos el mensaje correcto y debo de asegurarme que no haya la posibilidad de que un familiar mío indebidamente esté haciendo cabildeo, probablemente usando mi nombre para gestionar tal o cual apoyo, o tal o cual iniciativa”.
Lo que acabamos de aprobar deja claro que no habrá posibilidad de gestiones indebidas por partes relacionadas con los diputados y, por otro lado, también queda claro que habrá consecuencias y responsabilidades para que el representante popular que acepte dádivas de empresas o de particulares que quieran beneficiarse de la posición de algún diputado en alguna comisión, enfatizó.
En estos momentos se discute el paquete económico, habrá personas e intereses, grupos que se manifiesten a favor o en contra de tal o cual impuesto, vendrá también la discusión del presupuesto en donde habrá grupos, asociaciones o personas físicas que querrán gestionar legítimamente para conseguir tal o cual proyecto.
Pero lo que no debe de haber por ninguna circunstancia, subrayó, es que el legislador tenga un conflicto de interés.
Al hacer uso de la tribuna para fijar la postura del Partido de la Revolución Democrática, el legislador Marcos Rosendo Medina señaló que la reforma va en el afán de hacer más clara la actividad de cabildeo.
También se pretende con ella impedir que quienes sean servidores públicos o familiares, en tanto los diputados estén en función pública, puedan realizar dichas actividades dentro de la cámara.
Lo anterior, agregó, va en clara concordancia con el Artículo 109 constitucional, que señala la responsabilidad de los servidores públicos.
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