Falta de comida, instalaciones infames, poco personal (o poco capacitado), aislamiento hasta por 90 días, discriminación, humillaciones, maltrato, tortura e incluso una violación…
Ese es el panorama que encontró la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), tras analizar 41 clínicas de salud mental que dependen del gobierno federal (8) o de los gobiernos estatales (33).
El total de sanatorios estudiados representa casi la totalidad de los que hay en el país. Y todos tienen fallas, en uno u otro rubro.
El maltrato y los ataques contra la dignidad son frecuentes.
“En el hospital de Salud Mental, en la ciudad de Chihuahua, se aplican medidas de aislamiento hasta por cuatro días como parte del tratamiento; incluso se tuvo conocimiento que un paciente permaneció más de 90 días en esas condiciones”, dice el Informe Especial de la CNDH sobre los Hospitales Psiquiátricos, difundido hoy.
Leer el documento es un viaje de iniquidad a iniquidad: “En el hospital de Sonora se niega atención psiquiátrica a las personas que además de su padecimiento mental viven con VIH/Sida”; “En el hospital de Oaxaca las raciones de comida que se proporcionan a los pacientes son insuficientes, debido al desabasto de insumos”; “En el hospital de Zacatecas no se proporciona vestido ni calzado a los pacientes”; “En la “Unidad Morelos” del IMSS, en el Distrito Federal, existen cucarachas en la cocina”; “se restringe a los pacientes el acceso al material de lectura (…), no tienen acceso a la radio ni a la televisión”…
Estas situaciones dificultan vidas de suyo difíciles. Para darse una idea, todos esas injusticias ocurren entre una población de 3 mil 143 pacientes, sumando la de todos los centros.
Pero no son las únicas iniquidades. Uno de los casos más graves se dio en septiembre de 2011. En esa fecha, según personal del Hospital Psiquiátrico Villa Ocaranza (Tolcayuca, Hidalgo), “una paciente fue víctima del delito de violación equiparada agravada por parte de un servidor público adscrito a esa institución”. La CNDH explica que el proceso aún está en curso.
La vulnerabilidad, de hecho, es la clave en este tipo de iniquidades, según se desprende del estudio. Esto significa que los menoscabos a las garantías individuales son doblemente graves: no sólo por la indefensión al estar hospitalizado, sino también por la fragilidad mental de los pacientes.
Un problema que ilustra este fenómeno es el de los “ingresos involuntarios”.
“En el Instituto de Psiquiatría de Baja California no existe registro de las notificaciones a la autoridad ministerial sobre los ingresos involuntarios. (En total, 22 hospitales están en esta situación). En el hospital Dr. Adolfo M. Nieto, en el Estado de México, así como en Michoacán, Oaxaca y Tabasco, los expedientes clínicos de los pacientes hospitalizados por ingreso involuntarios no contienen información en la que conste si, una vez que la condición mental del paciente lo permite, se hace de su conocimiento el tipo de internamiento con el fin de que otorgue el consentimiento para que su estancia se voluntaria. (…) En Tabasco, los expedientes no cuentan con el consentimiento informado del familiar”
En Baja California, Baja California Sur, Chiapas, Durango, Distrito Federal, Jalisco, Sonora, Tamaulipas, Veracruz y Zacatecas, el documento del consentimiento no contiene los datos sobre el tratamiento, la duración, los riesgos y las secuelas.
De hecho, un hospital del DF y otro de Sonora obligan a firmar un documento en el que se eximen de toda responsabilidad.
Un problema relacionado es el de los pacientes que por su condición podrían estar con sus familias o en instituciones de asilo, pero por distintas razones permanecen en los sanatorios públicos.
“(En cinco hospitales), que no son instituciones de carácter asilar, existen pacientes crónicos con grave deterioro mental que permanecen hospitalizados porque no cuentan con familiares ni instituciones que se hagan cargo de ellos. Cabe mencionar que en el hospital Dr. Samuel Ramírez Moreno, ubicado en el Distrito Federal, se observó que existen 155 pacientes que se encuentran en esa situación”…
La CNDH, que preside el doctor Raúl Plascencia Villanueva, detalla que el tratamiento se complica por una carencia generalizada: 35 de los 41 centros estudiados sufren carencia de personal. Les faltan “psiquiatras, paidopsiquiatras, internistas, neurólogos, geriatras, odontólogos, anestesiólogos, médicos generales, psicólogos, terapistas, trabajadores sociales y enfermeros”.
De este tamaño
Los conflictos detectados por la CNDH se pueden retratar en números: en tres hospitales se detectaron tortura y maltrato; cinco no tienen lugares para las visitas familiares; 13 tienen instalaciones inadecuadas; seis no permiten que los internos se comuniquen con el exterior; 11 tienen carencia de personal de seguridad; cuatro no clasifican a los pacientes y 28 no tienen reglamentos internos, por ejemplo.
También llama la atención la cantidad de normas vulneradas: 17 leyes, acuerdos, jurisprudencias, normas, pactos y convenciones vulneradas. Y la cifra no influye leyes estatales.
De este modo, la CNDH emite quince “propuestas” a los centros y a las autoridades. Destaca, por ejemplo, el hecho de que el DF, por sí, no opera ningún centro; por eso, la CNDH llama a esa entidad, además de a Morelos, Nayarit, Guerrero, Querétaro, Quintana Roo y Tlaxcala a operar sus propios sistemas de atención psiquiátrica.
Exige también frenar inmediatamente el abuso y delinear mejores políticas públicas, amén de contratar a más personal y capacitarlo. Llama a una evaluación constante de las necesidades de cada hospital y a regularizar el fenómeno de los ingresos involuntarios.
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