Luego de que el gobierno federal se negó a cerrar el caso y antes de que concluya el peritaje de la Procuraduría General de la República (PGR), que determinaría la viabilidad de rescatar los cadáveres que aún permanecen insepultos en la mina siniestrada, la empresa de Grupo México presentó un amparo para evitar que esa medida se lleve a cabo, con lo que la justicia para los deudos continúa en el limbo.
De “hacerse el rescate, se crea un elevado riesgo de causación de daños a personas, comunidades aledañas, así como a la flora y la fauna de la región”, precisa el amparo presentado por la minera.
Por su parte, la organización Familia Pasta de Conchos señaló que en dicho documento la empresa manifiesta que no está obligada a realizar los trabajos de excavación y que tampoco son responsables de los costos y eventuales indemnizaciones por daños.
En junio pasado, el titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), Alfonso Navarrete Prida, señaló que el inicio del rescate podría empezar en semanas, ya que sólo se esperaba el peritaje de la PGR para determinar el procedimiento mediante el cual se realizarían las maniobras en Pasta de Conchos.
No obstante, Industrial Minera México se adelantó al presentar ante tribunales el recurso de amparo para evitar que los cuerpos sean rescatados.
Según los deudos, la presentación de dicho recurso sólo evidencia que la apertura de la mina va a demostrar la culpabilidad legal de los directivos de la empresa en el homicidio industrial y aportará las pruebas para sustentarlo.
El pasado 18 de febrero, en vísperas del séptimo aniversario de la explosión en la mina Pasta de Conchos, de San Juan de Sabinas, Coahuila, el obispo Raúl Vera López dijo que estaba más convencido que nunca de que dicho incidente fue un “crimen oculto”.
En el marco de la conmemoración por la tragedia, el religioso manifestó que las autoridades poco han hecho para aclarar cuáles fueron las causas que provocaron la explosión, y señaló que según instituciones científicas nacionales, al clausurar la mina las autoridades dejaron trabajadores con vida, quienes posteriormente murieron por la falta de oxígeno y apoyo para su rescate.
“El Foro Consultivo de Ciencia y Tecnología descubrió, a través de focos infrarrojos, que la infraestructura del interior de la mina estaba íntegra, con lo que se fortaleció la gran posibilidad de que había sobrevivientes”, expresó.
No obstante, agregó que a los cinco días de la explosión de la mina la STPS, entonces encabezada por el actual senador panista Javier Lozano, ya no quiso seguir, “pero anteriormente expertos comenzaron a barrenar la mina para justificar que no siguiera la excavación y el rescate de los trabajadores que pudieran estar vivos”. Eso, subrayó, “es un crimen oculto”.
El pastor diocesano sostuvo que la justicia no ha sido resarcida, y una vez más, apuntó, “me uno a la demanda de la Familia Pasta de Conchos en cuanto al análisis y el conocimiento de lo que ahí pasa”.
Restaurar la justicia y reparar el daño, añadió, significa garantizar la no repetición del hecho.
En esa ocasión el obispo de Saltillo dijo que era “una mentira” que el caso estuviera solucionado, como lo mencionó “el fallido delegado federal de la Secretaría del Trabajo (Francisco Fuentes Reyna)”.
Y no se ha solucionado, dijo, porque no se ha querido llegar al lugar donde se encuentran los restos de los fallecidos, sean osamentas, ropa y, sobre todo, cascos y las pulseras de acero.
Lo que han hecho las autoridades, agregó, es cubrir “una actitud criminal del Grupo México”, porque al interior de la mina están las causas que provocaron la explosión.
Remató:
“Los ingenieros de la mina suspendieron el rescate y colocaron unas mantas, y dos ingenieros ingresaron al interior de la mina, pero uno de ellos salió vomitando. ¿Qué quiere decir esto?, que ahí cerca había algo no muy aceptable para que el ingeniero saliera vomitándose. No sabemos si era olor o una presencia de cuerpos en estado de descomposición, pero lo cierto es que no quisieron que se terminara el rescate de los cuerpos de los mineros nunca”.
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