AUTOR: EZEQUIEL FLORES CONTRERAS.
Así como en las últimas semanas han salido a flote los estragos provocados por el meteoro Manuel en las comunidades de La Montaña de Guerrero, en la última semana los habitantes de la Sierra Madre del Sur elevaron su voz para reclamar la atención del gobierno de Ángel Aguirre. Su situación es desesperante pues, dicen, un número aún no cuantificado de las parcelas donde sembraban amapola –el único cultivo que les redituaba dividendos– fue arrasado por el meteoro. Hoy, dicen, además de estar solos y sin recursos, se encuentran a expensas de la violencia criminal.
El meteoro no sólo arrasó con casas –lo que provocó que miles de personas buscaran cobijo y alimentación en lugares menos inhóspitos–, también afectó las vías de comunicación, así como cultivos de maíz y un número aún no cuantificado de parcelas dedicadas al cultivo de enervantes.
Para muchos campesinos, la extracción de opiáceos es el único medio de obtención de recursos para sobrevivir en esta región donde no existen medios de producción alternativos y los programas sociales son considerados como paliativos asistencialistas que no resuelven la pobreza y la marginación, comentan a Proceso productores locales.
En La Montaña, conformada por 19 municipios, muchos de ellos incluso se refieren a la amapola como La flor dadivosa o Maíz bola; a los paquetes de goma de opio les dicen niños y niñeras. En la región los personeros de los cárt eles suelen ir a las comunidades indígenas a comprar la droga, en algunos casos de manera paralela al convoy de seguridad que resguarda a los pagadores de los programas federales, dicen los entrevistados.
Por lo que atañe a La Sierra –integrada por una franja que incluye 14 municipios de las regiones Centro, Costa Grande y Tierra Caliente–, la compra de estupefacientes es cada vez más riesgosa por la confrontación entre los sicarios de las bandas que se disputan las zonas de producción y trasiego. Desde principios de agosto la violencia obligó a los pobladores a dejar sus tierras. Se habla de más de 2 mil desplazados.
En contraste, la riqueza forestal y mineral de La Montaña y La Sierra es usufructuada desde hace décadas por empresas que operan bajo un esquema de fomento y apoyo gubernamental. Pese a la deforestación, los conflictos sociales y los asesinatos, las autoridades no hacen nada por frenar esa situación.
Y aunque el precio de la goma de opio se ha devaluado, los productores prefieren sembrar enervantes para tener dinero porque el precio del maíz y el frijol está más depreciado y sólo sirve para el autoconsumo.
En el periodo de esplendor del narcotráfico en la entidad –en las décadas de los ochenta y los noventa– un kilo de goma de opio se pagaba en 60 mil pesos.
Hoy, los productores reciben en promedio 12 mil pesos por la misma cantidad: “De 10 a 12 pesos el gramo, dependiendo la consistencia de la goma. Si está firme, cuesta más. La mejor goma es la que se cosecha en tiempo de secas”, sostiene uno de los entrevistados.
Según él, la ganancia mayoritaria sigue siendo para los intermediarios –los representantes de los grupos criminales que controlan las plazas–, así como para autoridades gubernamentales y algunos mandos castrenses que, aseguran los productores, forman parte de una amplia red de lavado de dinero, trasiego y venta de droga que mantiene postrada a la entidad desde el sexenio pasado.
Los señalamientos contra el gobernador Ángel Aguirre Rivero acerca de la supuesta protección que brinda a su sobrino Víctor Aguirre Garzón, presunto líder del Cártel Independiente de Acapulco (Cida), han sido constantes.
Otro caso es el del presidente del Congreso estatal, el perredista Bernardo Ortega Jiménez, quien es hijo de Celso Ortega Rosas, La Ardilla, el presunto narcotraficante capturado el 22 de diciembre de 2008 por agentes federales. La Ardilla fue ejecutado en 2011 en el poblado de Tlanicuilulco, municipio de Quechultenango, donde se afincó el grupo que comandaba, Los Ardillos, según refirió en esa ocasión el general retirado Juan Heriberto Salinas Altes, quien estaba al frente de la Secretaría de Seguridad Pública.
Fragmento del reportaje que se publica en la edición 1928 de la revista Proceso, actualmente en circulación.
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