AUTOR: JENARO VILLAMIL.
La decisión de contratar por outsourcing servicios informáticos y dotación de equipos para las dependencias federales a partir del sexenio de Vicente Fox y hasta el actual benefició enormemente a la empresa Mainbit, que acaparó contratos pese a numerosas denuncias por incumplimientos y prácticas irregulares en las licitaciones. Pero su dueño, José Antonio Sánchez, se prepara a fin de devorar el pastel mayor: los planes de concentrar los datos y el control de los sistemas federales desde la Secretaría de Gobernación. Lo respaldan sus aliados de la familia Maccise, dueña del Grupo Mac (Genomma Lab y Grupo Capital), vinculada con Enrique Peña Nieto y Arturo Montiel desde que éste gobernaba el Estado de México.
La orden de renovar el contrato con Mainbit, propiedad de José Antonio Sánchez, vino directamente de Los Pinos y fue operada por Alejandra Lagunes, coordinadora de la Estrategia Nacional Digital del gobierno federal.
Detrás de esta decisión estuvo el cabildeo que a favor de Sánchez realizó el empresario mexiquense Luis Maccise, dueño de las estaciones de radio que conforman Grupo Capital, accionista y directivo de Genomma Lab, aspirante a la licitación de la tercera cadena de televisión digital y, sobre todo, compadre del exgobernador Arturo Montiel y de su sobrino, el presidente Enrique Peña Nieto.
La decisión para favorecer a Mainbit –empresa que acapara 65% de los contratos outsourcing de todo el gobierno federal, incluyendo el Servicio de Administración Tributaria (SAT), la Secretaría de Educación Pública (SEP) y parte del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS)– generó la renuncia simultánea de tres mandos de tecnología e informática de la CNS, incluyendo a León David Pérez Hernández, quien hasta hace unas semanas era jefe de la Plataforma México, la base de datos federal en materia delictiva creada por Genaro García Luna, quien fue titular de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), confiaron a Proceso fuentes de la dependencia.
El gran negocio para Mainbit provino de la firma de un contrato por mil 302 millones de pesos con la hoy extinta SSP para crear el CAT de la dependencia encargada de combatir el crimen organizado y controlar a las policías federales y estatales…
Fragmento del reportaje que se publica en la edición 1929 de la revista Proceso, actualmente en circulación.
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