AUTOR: GEORGINA HOWARD.
Los legisladores avalaron un dictamen que suavizó las medidas de presión y persecución a los contribuyentes por parte de la autoridad hacendaria.
Los legisladores rechazaron la propuesta del Ejecutivo de incluir una cláusula antielusión.
Esta opción otorgaba al SAT la autoridad para concluir -de acuerdo a su juicio- si una operación realizada por la empresa era de carácter de negocios o no, y con ello fijar las responsabilidades fiscales del contribuyente.
“No es pertinente la modificación que se propone, pues la autoridad cuenta con los elementos jurídicos para analizar, no solo la forma, sino el fondo de los actos y operaciones a las que los contribuyentes atribuyen efectos fiscales”, dijo el presidente de la Comisión de Hacienda, José Isabel Trejo, durante la presentación de la iniciativa ante el Pleno.
Los cambios, además contemplan la posibilidad de que la autoridad fiscal pueda publicar en su página de Internet el nombre, denominación o razón social y la Clave del Registro Federal de Contribuyentes (RFC) de aquellas personas con las que existe un riesgo de celebrar actos mercantiles o de comercio porque no cumplen con sus obligaciones fiscales.
Legisladores aclararon que con esta medida no se están violentando los derechos fundamentales de los contribuyentes en tanto que el secreto fiscal no se encuentra diseñado como un derecho fundamental, sino que constituye una concesión que puede revocarse cuando se actúa fuera de la esfera del derecho.
Lo que sí se mantiene es el dictamen fiscal opcional para aquellas empresas que registren ingresos por arriba de 100 millones de pesos.
Y se establece además que los contadores que no realicen bien su trabajo serán sancionados. Esto si se comprueba que existe diferencia de más de 10 por ciento entre lo que tenía que pagar el contribuyente y lo que pagó.
En cuanto a la responsabilidad solidaria –la cual catalogaba a las personas que dieran asesoría como responsables de las decisiones de los contribuyentes y que los implicaba en algún delito- ahora se deslindan responsabilidades ante la autoridad fiscal.
Solo se castigará a aquellos que hayan realizado una mala acción, sin inmiscuir a todos los integrantes del Consejo de Administración de una empresa.
Una base más amplia
Para ampliar la base de contribuyentes y meter a la formalidad a los informales, en nuevo Código Fiscal establece que todas las cuentas bancarias van a tener un RFC en función de la base de datos de la CURP.
Todo aquel que abra una cuenta con un monto límite de 180 mil pesos, tendrán que justificar de dónde vienen sus recursos.
En el dictamen se aprobaron medidas contra contribuyentes defraudadores, como la de ampliar los supuestos en los que la autoridad fiscal esté facultada para dejar sin efectos los certificados de sellos o firmas digitales, porque se lesionan los intereses del fisco federal.
Se establece también un procedimiento dirigido a sancionar y neutralizar el tráfico de comprobantes fiscales, a fin de atacar el fenómeno de defraudación tributaria.
Se incorporan medidas en contra de quienes utilizan comprobantes fiscales digitales para amparar operaciones inexistentes.
Ley Aduanera
Los diputados también aprobaron la Ley Aduanera que acaba con el monopolio de los agentes y representantes aduaneros al crear la figura del ‘representante legal’ de las empresas.
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