AUTOR: JUAN CARLOS PROAL.
El incremento al impuesto en nuestras bebidas afectará empleos, los ingresos de los tenderos y a las familias mexicanas, argumentan quienes han respaldado el homicidio de sindicalistas, han despojado de agua potable a millones de personas y utilizan agentes cancerígenos en sus venenosos productos.
Con su interminable perversión e inconmensurable poder, boicotearon la campaña de la Alianza por la Salud Alimentaria, coartando la libertad de información, derecho indispensable del consumidor. Esta asociación denunció que Televisa, Televisión Azteca y Milenio Televisión se negaron a reproducir propaganda contra el daño que provoca la industria refresquera:
“Las televisoras Televisa, TV Azteca y Milenio TV, por más de un mes, se han negado a pautar un anuncio que expone los riesgos del refresco y los beneficios que puede traer para la población un impuesto a estas bebidas y el destino de lo recaudado a la introducción de bebederos de agua en todas las escuelas y espacios públicos, mientras, transmiten una publicidad intensa de refrescos y bebidas azucaradas que dañan la salud y los buenos hábitos de alimentación”.
El líquido de la muerte de las refresqueras no tiene redención, más en un país desinformado, enfermo terminal de obesidad y diabetes. México, de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, ocupa el segundo lugar de sobrepeso en todo el mundo y los primeros en obesidad infantil. En un solo sexenio la diabetes se disparó de 6.4 a 13 millones de personas, de las cuales el 85 por ciento no cuenta con acceso a tratamiento, según un estudio del Instituto Nacional de Salud Pública.
Las refresqueras responden con vergonzoso cinismo. Las calorías contenidas en nuestras bebidas, pretextan, se pueden utilizar para “ser más felices”. La Procuraduría Federal del Consumidor obligó a Coca Cola a suspender su campaña “Una Coca-Cola = 149 calorías para usar en actividades felices”, por no comprobar que sus consumidores podrían quemar las calorías de su producto con pasear a su perro, bailar o sonreír, como presumía la trasnacional.
La principal alerta es que las mórbidas refresqueras penetraron hasta lo más íntimo de la sociedad mexicana. El refresco acompaña la más precaria comida de una familia; está presente en entierros, bodas, graduaciones, quince años, ferias… “Cuando una cultura integra refrescos a lo más sagrado, que es su relación con los ancestros, entonces estos forman parte de su identidad” reflexiona el antropólogo Joaquín Praxedis Quesada en el texto “México lanza golpe a la obesidad al estilo Bloomberg”.
Las depredadoras refresqueras y trasnacionales de los alimentos expandieron sus adictivos venenos a muchas más industrias. En México, Danone, Coca Cola y Pepsi acaparan el 82 por ciento de las ventas de agua embotellada, mercado valuado en alrededor de diez mil millones de dólares.
Y no son los únicos que engrosan sus arcas comercializando drogas alimenticias letales. Bimbo, por ejemplo, ganó un promedio de 173 mil 139 millones de pesos el año anterior con sus venenosos panquecitos. Su popular producto Mantecadas es un coctel de muerte equivalente a ocho y media cucharadas de azúcar, diez de grasa, alto sodio y colorantes que inducen hiperactividad en los niños, de acuerdo con un análisis de El Poder del Consumidor.
Basta entrar a una tienda Oxxo -por cierto, propiedad de Femsa, el mayor embotellador de Coca Cola en el mundo y enemigo número uno de los tenderos populares- para advertir que los anaqueles están repletos de productos nocivos hasta el quirófano. Y no sólo se trata de chatarra perjudicial para nuestra salud, sino de empresas gigantes que pagan cabilderos, engañan a un pueblo desinformado, inciden en las políticas públicas de la sociedad y, sobre todo, son actores protagónicos de una silenciosa masacre colectiva.
En la tercera edición de su informe “Y tú… ¿sabes lo que comes?”, difundido en septiembre de 2012, Greenpeace presentó un enorme listado de empresas y productos que se negaron a demostrar que están limpios de los nocivos alimentos transgénicos. Están incluidos Kellogg’s, Nestle, Pepsi, Bimbo, Hershey´s, Lala, Herdez y muchísimos más.
Lo más tenebroso es que la mayoría de estas firmas generalmente invierte millones de dólares en limpiar su imagen. Lo mismo patrocinan actividades culturales que competencias deportivas, e incluso se dan el lujo de financiar campañas sobre ética y civismo. Jamás veremos en sus anuncios un ápice de veracidad: El Tigre Toño ya habría muerto hace años por diabetes y Ronald McDonald no habría llegado a los cincuenta años, aniquilado por un paro cardíaco.
Son crueles estrategas del engaño. Maestros en manipular a un pueblo que tiene una precaria escolaridad promedio de 8.2 años y sólo lee 2.9 libros al año. Una nación presa de una televisión pública tóxica y vomitiva, ametralladora de hipnóticas falacias.
No tienen reparo en engañar a nadie, incluidos los menores de edad. En julio pasado la Profeco impuso una multa a McDonald’s de 684 mil pesos por mentir a los niños con el contenido de su producto “Cajita Feliz”.
Las trasnacionales de las bebidas y la chatarra penetraron y con profundidad. Ahí están presentes en la campaña del gobierno federal “Cruzada contra el Hambre” y libres para apoderarse de las escuelas públicas gracias a la privatizadora reforma educativa.
El incremento al impuesto a las bebidas azucaras y la chatarra aprobado la semana pasada por el Poder Legislativo está lejos de ser el principio del fin de esta industria de muerte; por el contrario, la sociedad debe comenzar a fortalecer las iniciativas para acabar con este temeroso poder.
La juez federal Gladys Kessler ofreció un ejemplo certero de cómo mermar a las compañías que merman nuestra salud. El año pasado obligó a las tabacaleras estadunidenses a admitir “la verdad sobre sus mortales y adictivos productos en una serie de anuncios”. En tanto, la Comisión Federal de Comercio de Estados Unidos multó a Reebok con 18 millones de dólares y a Skechers con 31 millones de dólares por vender zapatillas para adelgazar sin presentar evidencias de sus resultados.
En Japón, China y algunos países de la Unión Europea, las compañías dedicadas a los alimentos están obligadas a etiquetar sus productos en caso de utilizar transgénicos.
El derecho a una alimentación sana está contenido en el artículo 25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, así como en el título primero de la Constitución mexicana. Es obligación del Estado poner un alto a esta vorágine de alimentos basura.
El reinado de los refrescos y la chatarra atenta contra nuestra salud, el campo, la educación, la libertad, el derecho a la información, el desarrollo económico y la democracia del país. Por nuestra propia sobrevivencia, es tiempo de desterrar a Coca Cola y similares de los hogares mexicanos. La felicidad que nos quieren imponer no es otra cosa que la mentira que ofrece la peor de las drogas: una lenta y dolorosísima muerte (que, por cierto, no será individual).
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