A la CNDH, el asunto de “El Caballito”

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: JUDITH AMADOR TELLO.

MÉXICO, D.F. Por considerar que la adjudicación del contrato para la restauración y rehabilitación de la escultura ecuestre de Carlos IV conocida como El Caballito, además de implicar posibles delitos transgredió los derechos culturales consagrados en el artículo 4º de la Constitución Política, los investigadores Carlos Lara y José Manuel Hermosillo presentaron una queja ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).

El documento, cuya copia fue entregada a Proceso, se basa en el dictamen dado a conocer por el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) en el cual se habla de un daño irreversible en 50% de la superficie de la obra realizada por Manuel Tolsá, así como de la falta de autorización por parte de ese instituto al Fideicomiso del Centro Histórico de la Ciudad de México para la intervención del monumento.

Lamentan los investigadores que el gobierno del Distrito Federal no haya hecho pública la investigación sobre estos hechos, por lo cual “nos vimos en la necesidad de pedir la intervención de la Comisión…”. Lo último dado a conocer a los medios por la Contraloría General del Distrito Federal es que hay entre tres y cuatro funcionarios investigados, pero se negó a proporcionar los nombres y dijo que será hasta la próxima semana cuando se den a conocer los resultados de la indagatoria.

Cabe recordar que existen además sendas denuncias ante la Procuraduría General de la República (PGR), hecha por el INAH, el pasado 11 de octubre, y la que presentó la Secretaría de Gobierno de la ciudad ante la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF), el 9 del mismo mes.

Lara y Hermosillo consideran que en el caso de El Caballito (Proceso 1926, 1927 y 1928) “se está limitando en más de un sentido el derecho de acceso a los bienes y servicios culturales que presta el Estado. Más particularmente (estamos) ante un caso en el que se transgreden los derechos humanos, en agravio de todas las personas a participar en la vida cultural, al acceso a los beneficios de la cultura y al patrimonio común, señalados en los artículos 4º, penúltimo párrafo, y 21, párrafo noveno, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”.

Recuerda que la CNDH atendió ya un caso de violación a los derechos culturales y emitió una recomendación al INAH por el asunto de abandono de vestigios arqueológicos en el sitio El Terremoto (Proceso 1897). Y agrega que su queja deriva de considerar que en el contrato para la intervención se cometieron transgresiones que ocasionaron daño al patrimonio cultural mexicano, y ello limita el acceso a los beneficios de la cultura:

“…consideramos que han existido en nuestro perjuicio violaciones a nuestros derechos culturales (derechos humanos fundamentales).”