A la luz, los secretos de las matanzas de Tamaulipas

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: MARCELA TURATI.

Con base en la Ley de Libertad de Información de Estados Unidos, la organización National Security Archive logró desclasificar documentos diplomáticos que revelan la colusión de funcionarios federales, estatales y municipales –entre ellos los exgobernadores Manuel Cavazos, Tomás Yarrington y Eugenio Hernández– con las organizaciones criminales que operan en Tamaulipas. Proceso ofrece una síntesis de la manera en que Los Zetas cometieron sus tropelías contra cientos de indocumentados centroamericanos entre 2010 y 2012.

MÉXICO, D.F. Salieron en autobuses de pasajeros rumbo a la frontera soñando en su nueva vida pero regresaron a bordo de un tráiler con caja refrigerante que los depositó en una morgue. La mayoría de los 196 cadáveres hallados en abril de 2011 en las fosas en San Fernando, Tamaulipas, eran de migrantes pobres asesinados a golpes; su vida no valió siquiera una bala. Al gobierno de Tamaulipas le preocupaba que la mala publicidad espantara el turismo y las inversiones. Alguien ordenó sacar del estado los cuerpos para tapar el escándalo.

La información está contenida en la serie de cables desclasificados que funcionarios estadunidenses enviaron de México a Washington entre 2010 y 2012. En esos reportes queda claro que el gobierno mexicano estaba al tanto de los crímenes que cometían Los Zetas en San Fernando desde antes de la masacre de los 72 migrantes de agosto de 2010 y del hallazgo, al año siguiente, de las fosas comunes.

Los informes, obtenidos por la organización National Security Archive (NSA) con base en la Ley de Libertad de Información de Estados Unidos (FOIA, por sus siglas en inglés), revelan la colusión de funcionarios municipales, estatales y federales mexicanos con los criminales (la sospecha incluye a los exgobernadores Manuel Cavazos Lerma, Tomás Yarrington Ruvalcaba y Eugenio Hernández Flores); la presencia de kaibiles en la zona y la petición de ayuda a Washington por parte de la cancillería mexicana para salvar la popularidad de Felipe Calderón, desplomada por aplicar una estrategia de combate contra las drogas (cofinanciada por Estados Unidos) que los mexicanos, y los propios funcionarios estadunidenses, consideraban como generadora de violencia.

Los reportes diplomáticos –confeccionados por distintas dependencias a partir de informantes, funcionarios mexicanos, análisis y notas de prensa– muestran que los cárteles controlaban parte de Tamaulipas, el sufrimiento de la población, el sometimiento de la prensa y la pantomima de un gobierno que simulaba llevar las riendas.

(Fragmento del reportaje que se publica en Proceso 1931, ya en circulación)