Además, ordenó que todas las dependencias de cualquier Poder de la Unión –excepto la Suprema Corte de Justicia de la Nación– también deben clarificar sus cuentas.
Por votación mayoritaria (88 votos a favor y seis en contra), la Cámara alta también aceptó darle más autonomía y atribuciones al Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (IFAI).
Entre los nuevos sujetos obligados se encuentran los fideicomisos y fondos públicos, así como cualquier persona física o moral que reciba o ejerza recursos públicos.
Los panistas Roberto Gil y Javier Corral explicaron desde la tribuna que el Senado introdujo cambios a la minuta enviada por los diputados, para que todos los listados puedan recurrir ante la Suprema Corte para aducir conflictos competenciales. A la fecha, sólo el Banco de México tenía esta posibilidad, lo que había generado descontento.
Tanto los priistas Enrique Burgos y Cristina Díaz como el panista Raúl Gracia y el perredista Alejandro Encinas celebraron la aprobación de esta reforma.
Díaz, presidenta de la Comisión de Gobernación, afirmó: “La transformación del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos es un organismo público, autónomo y que constituye una importante decisión del Estado mexicano, para generar mayores estándares de vigilancia en la transparencia y rendición de cuentas de los poderes públicos, el ejercicio del derecho de acceso a la información pública y la protección de los datos personales”.
La reforma prevé la renovación del IFAI. Todos sus integrantes actuales serán cambiados, pero podrán volver a competir por una plaza. En total, el nuevo consejo tendrá nueve miembros.
Debido a que el Senado modificó la minuta, la reforma deberá regresar a Cámara de Diputados, acompañada de una solicitud senatorial para que la colegisladora apruebe que se remita ya a los congresos de los estados para su discusión, en la parte que ha sido aprobada por ambas cámaras, es decir, aunque falte por analizar el artículo 105, que fue el que se hicieron modificaciones.
La senadora priista Arely Gómez explicó que el eje central de esta iniciativa es el dar autonomía a los órganos garantes en su más amplia expresión. Paralelamente, se plantea establecer la autonomía constitucional de los organismos garantes en los estados, dotándolos de personalidad jurídica y patrimonio propios, autonomía técnica, de gestión y para decidir sobre el ejercicio de su presupuesto y organización interna.
“Pero el texto propuesto va más allá y se señala que también son sujetos obligados los órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, así como de cualquier persona física, moral o sindicatos que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad en el ámbito federal”.
Para que estas modificaciones sean avaladas se requiere el visto bueno de los diputados y de la mayoría de los Congresos locales.
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