La Asociación Mexicana de Internet asegura que acotar el uso de la red violaría el derecho a la información, pues las restricciones del acuerdo tendrían un efecto catastrófico para México.
El organismo advirtió que de aprobarse, se violaría el derecho a la información y a la privacidad de los usuarios de la red, sin que se garanticen de forma real los derechos de los autores.
La Amipci alertó a la Secretaría de Economía y otras entidades federales que participan en la negociación, respecto a que el Estado no puede delegar en los proveedores de servicios de Internet su obligación de perseguir y castigar a quienes cometan cualquier tipo de delito en la red, porque es una facultad absoluta del gobierno federal.
Ayer, el diario La Jornada dio a conocer el capítulo sobre propiedad intelectual del TPP, que le fue confiado por Wikileaks, por lo cual, asociaciones y especialistas exigieron que se hagan públicas las negociaciones que se llevan a cabo en el acuerdo, que se realicen consultas y foros en los que puedan participar autores, usuarios, organizaciones de consumidores, académicos, consultores y los proveedores de servicios de Internet.
El director general de la Amipci, Julio César Vega, informó que este organismo sí ha sido convocado por la Secretaría de Economía para tratar las negociaciones sobre propiedad intelectual en el TPP, y en esos encuentros ‘‘la Amipci ha sido muy clara en que el Estado mexicano no puede delegar su obligación de perseguir y castigar los delitos cibernéticos en los PSI’’.
Señaló que debe haber equilibrio en la defensa de los derechos de propiedad intelectual y no se deben transgredir derechos humanos como el de la información; alertó además que Internet se debe mantener como una herramienta de acceso libre a la educación, cultura, como herramienta de desarrollo económico y para fomentar la creatividad en la generación de contenidos.
La Amipci, aseguró, está en contra de cualquier tipo de delito que se cometa en la red y está de acuerdo en que se persiga y se castigue a quien lo cometa, y no a los proveedores de servicios de Internet, los PSI, porque está fuera de su naturaleza. ‘‘No deben actuar como persecutores y al final los costos que eso les representaría repercutirían en los usuarios finales’’, lo que iría en contra de uno de los principios de la reforma constitucional que busca mejores servicios y precios para los usuarios de los servicios de telecomunicaciones.
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