Con una votación de 38 a favor, 6 en contra y 1 abstención, la Asamblea Legislativa aprobó que se apliquen sanciones de seis a ocho años de prisión, a todos aquellos que durante una manifestación agredan o provoquen lesiones que pongan en riesgo la vida de los uniformados.
Según los cambios al Código Penal para el Distrito Federal, las penas contempladas para actos ilícitos como robo y daños a la propiedad, aumentarán a la mitad cuando los cometan manifestantes que participen en algún mitin, manifestación, plantón, marcha o actos públicos.
Actualmente, el Código Penal señala que se impondrán de ocho a 20 años de prisión a quien “prive de la vida a otro”, por lo que el manifestante que asesine a un policía que vigile una concentración pública recibirá hasta 30 años de cárcel.
También están vigentes las sanciones de hasta ocho años de prisión a quien provoque lesiones que pongan en riesgo la vida de alguien, por lo que el participante en alguna concentración pública que agreda a un elemento policial podría recibir hasta 12 años de cárcel.
Además, el Código Penal impone de tres meses a un año de prisión o de 30 días a 90 días de multa a quien “se apodere de una cosa ajena sin consentimiento del dueño o legítimo poseedor”, y con esta reforma la sanción será de hasta 18 meses de cárcel a quien cometa ese acto ilícito al amparo de cualquier concentración.
Al hablar a favor de estas medidas, el diputado del PRD, Arturo Santana Alfaro, afirmó que no se pretende criminalizar la protesta social, sino castigar los actos violentos en las concentraciones públicas y sancionar a quienes se dicen manifestantes y sólo generan disturbios.
A su vez, el también diputado perredista, Antonio Padierna Luna, sostuvo que la intención de esas reformas es que “ningún provocador se infiltre en los movimientos sociales, lo que no significa limitar el derecho a la libertad de expresión y de manifestación”.
“No queremos que se saqueen tiendas ni que se destruyan hoteles ni lugares históricos, tampoco que se abuse del ejercicio de los derechos fundamentales, ni violentos que generan violencia y se esconden y buscan la protección en los derechos humanos”.
En tanto, el también diputado del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Alejandro Ojeda, rechazó el dictamen, al señalar que se pretende criminalizar la protesta social, y que los delitos que se quieren maquillar ya están tipificados.
Finalmente, el pleno avaló en lo general dictamen con 37 votos a favor, uno en contra y una abstención, y en lo particular modificó un precepto del proyecto para eliminar las palabras “mítines y marchas”, y quedar la definición de concentración pública, lo que fue avalado en lo particular.
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