AUTOR: DENISE DRESSER.
Hace casi tres años, el documental Presunto culpable evidenció a un sistema judicial podrido. Expuso a jueces incompetentes. A policías abusivos. A testigos mentirosos. A funcionarios del Ministerio Público que acusan al azar porque “es su chamba”.
La película plasmó todo lo que no funciona con la justicia en el país. Alertó, sacudió, evidenció y marcó el mapa de ruta de lo que tendría que hacerse para que no hubiera un inocente más en la cárcel. Para que Toño Zúñiga fuera la excepción y no la regla. Para que ni un sólo mexicano fuera aprehendido arbitrariamente, juzgado discrecionalmente, encarcelado injustamente.
La sacudida fue tan grande que avizoramos un parteaguas. Supusimos cambios de gran envergadura. Ciframos nuestras esperanzas en la capacidad de las autoridades para aceptar la crítica, reformarse a sí mismas, actuar de otra manera.
La sacudida fue tan grande que avizoramos un parteaguas. Supusimos cambios de gran envergadura. Ciframos nuestras esperanzas en la capacidad de las autoridades para aceptar la crítica, reformarse a sí mismas, actuar de otra manera.
Pero todo lo que ha ocurrido en los últimos 984 días desde que la película fue censurada por la juez Blanca Lobo demuestra lo contrario. En vez de entender el mensaje, los tribunales han optado por matar al mensajero. En vez de empujar reformas indispensables -como los juicios orales en el Distrito Federal- han preferido congelarlas. En vez de permitir la grabación de las audiencias han cerrado el acceso público a ellas cada vez más. En vez de transformarse, los jueces han decidido atrincherarse. Acorazarse. Desentenderse.
Con resultados a la vista, allí. La realidad de un sistema que manufactura Toños Zúniga de manera cotidiana. La realidad de un sistema judicial y policial al que le falta un largo trayecto por recorrer para ser confiable, profesional, transparente. Según una encuesta comparativa entre el Estado de México y el DF, hecha recientemente por Roberto Hernández y Layda Negrete -en colaboración con el CIDE y la UNAM-, hoy hay más inocentes en la cárcel que antes del estreno de Presunto culpable. En ambas entidades se continúa torturando a pesar del estreno de los juicios orales en territorio mexiquense. 50 por ciento de las personas que pasan por un Ministerio Público son obligadas a desvestirse durante el interrogatorio. 71 por ciento de las personas interrogadas son maltratadas. 40 por ciento son privadas de agua o alimento. A las mujeres aprehendidas les dicen insultos como “chinga tu madre pendeja” o “si no confiesas te doy una cogida” o “para que te haces pendeja si sí cometiste el delito”.
Y en lugar de lidiar con estas estadísticas calamitosas, el Poder Judicial elige darle entrada a demandas frívolas a una película, que de llegar el caso al sistema interamericano de Derechos Humanos llevará a que México sea condenado como lo fue Chile cuando intentó censurar La última tentación de Cristo. Elige perpetuar mitos como que los productores no tenían permiso para filmar o que el testigo era menor de edad o que no dio su consentimiento para ser grabado, cuando sabía que las cámaras estaban allí y el juicio era público. Elige pasar la papa caliente de tribunal en tribunal, argumentando que hay demasiada “carga de trabajo” o que, como lo declaró la Suprema Corte de Justicia, el asunto es “irrelevante e intrascendente”. Elige evadir, escabullirse, patear el problema para adelante en lugar de resolverlo hoy.
Y hoy Roberto Hernández, director del documental, acaba de recibir una amenaza de muerte vía telefónica en la cual se le dice que “si no le baja se lo va a llevar la chingada a él y a sus pinches hijas”. Y hoy el IFAI -en un timing curioso- exige transparencia en la recaudación del cine y elige empezar su cruzada pidiendo cuentas a Presunto culpable. Y hoy Miguel Mancera sigue sin impulsar la instrumentación de los juicios orales en el DF. Y hoy la policía sigue arrestando de manera poco profesional, los testigos oculares siguen señalando presuntos responsables de manera arbitraria, los jueces siguen condenando sin presentarse siquiera al juicio, las cárceles siguen llenándose de personas que -como Toño Zúniga- acabaron allí porque así es México. Un lugar donde los que denuncian terminan amenazados, los que exigen terminan demandados, los que son capaces de imaginar un país mejor acaban aplastados por sus inercias.
No se trata aquí sólo de un documental o lo que ocurra con un par de personas o del resultado de demandas desorbitadas por 3 mil millones de pesos. Se trata de la defensa de la libertad de expresión. Se trata de la defensa del ejercicio periodístico crítico. Se trata de seguir presionando a un sistema judicial que opta por la opacidad en lugar de la transparencia. Se trata de temas que nos atañen a todos. A cualquier mexicano que haya enfrentado a un policía corrupto, a un agente del Ministerio Público inepto, a un testigo mentiroso, a un juez capaz de condenar a alguien en cuyo juicio no estuvo presente. Porque eso es lo que pasa todos los días en las calles y en las cárceles del país. En sus tribunales y en sus ministerios públicos. Una historia de horror que Presunto culpable tuvo la valentía y la decencia y la honorabilidad de contar. Una historia que tristemente todavía sigue en pantalla.
Con resultados a la vista, allí. La realidad de un sistema que manufactura Toños Zúniga de manera cotidiana. La realidad de un sistema judicial y policial al que le falta un largo trayecto por recorrer para ser confiable, profesional, transparente. Según una encuesta comparativa entre el Estado de México y el DF, hecha recientemente por Roberto Hernández y Layda Negrete -en colaboración con el CIDE y la UNAM-, hoy hay más inocentes en la cárcel que antes del estreno de Presunto culpable. En ambas entidades se continúa torturando a pesar del estreno de los juicios orales en territorio mexiquense. 50 por ciento de las personas que pasan por un Ministerio Público son obligadas a desvestirse durante el interrogatorio. 71 por ciento de las personas interrogadas son maltratadas. 40 por ciento son privadas de agua o alimento. A las mujeres aprehendidas les dicen insultos como “chinga tu madre pendeja” o “si no confiesas te doy una cogida” o “para que te haces pendeja si sí cometiste el delito”.
Y en lugar de lidiar con estas estadísticas calamitosas, el Poder Judicial elige darle entrada a demandas frívolas a una película, que de llegar el caso al sistema interamericano de Derechos Humanos llevará a que México sea condenado como lo fue Chile cuando intentó censurar La última tentación de Cristo. Elige perpetuar mitos como que los productores no tenían permiso para filmar o que el testigo era menor de edad o que no dio su consentimiento para ser grabado, cuando sabía que las cámaras estaban allí y el juicio era público. Elige pasar la papa caliente de tribunal en tribunal, argumentando que hay demasiada “carga de trabajo” o que, como lo declaró la Suprema Corte de Justicia, el asunto es “irrelevante e intrascendente”. Elige evadir, escabullirse, patear el problema para adelante en lugar de resolverlo hoy.
Y hoy Roberto Hernández, director del documental, acaba de recibir una amenaza de muerte vía telefónica en la cual se le dice que “si no le baja se lo va a llevar la chingada a él y a sus pinches hijas”. Y hoy el IFAI -en un timing curioso- exige transparencia en la recaudación del cine y elige empezar su cruzada pidiendo cuentas a Presunto culpable. Y hoy Miguel Mancera sigue sin impulsar la instrumentación de los juicios orales en el DF. Y hoy la policía sigue arrestando de manera poco profesional, los testigos oculares siguen señalando presuntos responsables de manera arbitraria, los jueces siguen condenando sin presentarse siquiera al juicio, las cárceles siguen llenándose de personas que -como Toño Zúniga- acabaron allí porque así es México. Un lugar donde los que denuncian terminan amenazados, los que exigen terminan demandados, los que son capaces de imaginar un país mejor acaban aplastados por sus inercias.
No se trata aquí sólo de un documental o lo que ocurra con un par de personas o del resultado de demandas desorbitadas por 3 mil millones de pesos. Se trata de la defensa de la libertad de expresión. Se trata de la defensa del ejercicio periodístico crítico. Se trata de seguir presionando a un sistema judicial que opta por la opacidad en lugar de la transparencia. Se trata de temas que nos atañen a todos. A cualquier mexicano que haya enfrentado a un policía corrupto, a un agente del Ministerio Público inepto, a un testigo mentiroso, a un juez capaz de condenar a alguien en cuyo juicio no estuvo presente. Porque eso es lo que pasa todos los días en las calles y en las cárceles del país. En sus tribunales y en sus ministerios públicos. Una historia de horror que Presunto culpable tuvo la valentía y la decencia y la honorabilidad de contar. Una historia que tristemente todavía sigue en pantalla.
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