Chihuahua– Los historiales de los tres candidatos que aspiran a la Secretaría de Seguridad Pública de Ciudad Juárez son revisados en detalle por autoridades de los Estados Unidos, incluyendo la DEA y el FBI.
Fuentes de la Fiscalía General del Estado revelaron ayer que debido a la relación de trabajo que existe con las agencias federales y autoridades de Estados Unidos, se ha puesto un interés especial en que las personas que ocuparán el cargo de director de la Policía no tengan antecedentes.
La terna propuesta por el alcalde Enrique Serrano y confirmada por el pleno del Cabildo juarense, la integran los militares David Neri Guzmán, Enrique Pineda y Delgado y el ex agente César Omar Muñoz Morales.
Este último funge como jefe interino desde la toma de posesión de Serrano el pasado 10 de octubre.
Sus antecedentes indican que los dos primeros han ocupado cargos dentro de la milicia y la Policía Federal, pero han enfrentado quejas por abuso de autoridad, privación de la libertad y hasta violencia doméstica, de acuerdo con datos periodísticos.
Mientras que Muñoz Morales fue detenido por militares en una investigación que realizaron como parte de la Operación Chihuahua y después de que rindieron su declaración ministerial, integrada en la averiguación previa PGR/CHIH/ CDJUA/0074/2008, fue dejado en libertad al comprobarse que no tenía relación alguna con presuntos narcotraficantes.
Otros 10 municipios decidieron que fuera el Congreso local, vía el envío de ternas para su análisis, la instancia que nombrara a sus jefes de seguridad.
Trascendió que el análisis de los antecedentes, que también revisan las agencias federales estadounidenses, se debe a que en las administraciones municipales que concluyeron en octubre, había seis jefes de policías que tenían antecedentes en el vecino país.
Ayer, el diputado César Jáuregui Moreno (PAN), dijo que la elección del jefe policiaco en Juárez se ha dilatado porque los legisladores solicitaron que se integrara al expediente una carta de no antecedentes penales ni policiales en México y en Estados Unidos.
Aseguró que ninguno tiene antecedentes de esa índole y que el siguiente paso es escucharlos en audiencias, para que cada diputado tenga más elementos para votar y elegir a los directores de seguridad en Juárez y Chihuahua.
Dichas audiencias y la elección serán a partir del lunes de la semana próxima.
La Junta de Coordinación Parlamentaria presentaría el dictamen durante la sesión del jueves, es lo más seguro, indicó Jauregui, coordinador de la fracción parlamentaria del Partido Acción Nacional (PAN).
La fecha de la votación fue confirmada por el presidente del Congreso del Estado, Antonio Andreu Rodríguez, quien dijo que elegirán además a los directores de la Policía Municipal de Chihuahua, Nuevo Casas Grandes, Aquiles Serdán, Ahumada, Jiménez, Janos, Camargo, Aldama, Gómez Farías y Madera.
Dijo que sólo en el caso de Juárez y Chihuahua realizarán audiencias para conocer a los aspirantes más a fondo, por la complejidad de los municipios cuya seguridad tomarán en sus manos.
La finalidad de las audiencias es que cada coordinador de grupo parlamentario pueda increpar a los aspirantes en materia de seguridad, para definir su voto el 21 de jueves.
Esta es la primera ocasión que los ayuntamientos tienen la opción de enviar ternas al Congreso del Estado, para que éste elija a sus directores de seguridad, y aunque no es obligatorio, tiene como objeto que los alcaldes se quiten presiones de grupos delictivos u otros.
Hasta ahora sólo han enviado sus ternas once de los 67 alcaldes chihuahuenses.
De acuerdo con el currículum profesional de Enrique Pineda y Delgado, éste nació en México, Distrito Federal, el 24 de enero de 1938.
Ingresó a la carrera de las armas egresado del Heroico Colegio Militar y cuenta con estudios en el Centro de Aplicación y Perfeccionamiento para Oficiales de las Armas y la Escuela Superior de Guerra.
Los archivos periodísticos refieren que cuenta con tres denuncias ante la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH) por abuso de autoridad, lesiones y privación ilegal de la libertad, pero sólo una recomendación en su contra, bajo el numeral 8/1992, con fecha del 3 de febrero de ese año, por presuntas violaciones a las garantías individuales en perjuicio de Roberto Corral Lara.
Corral Lara fue detenido por elementos a su cargo sin orden de aprehensión y lo incomunicaron, además de torturarlo para que confesara ser responsable del crimen de una mujer.
El teniente Héctor David Neri Guzmán, de 61 años, con formación militar y varios cargos en la Policía Federal, tuvo algunas quejas en el desempeño de su trabajo como comisario general en Xalapa, Veracruz, que fueron llevadas ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, por actos de incomunicación y detenciones ilegales.
El periódico “El Gráfico”, de Tamaulipas, dio cuenta de abusos cometidos en su desempeño como inspector de la PF, en la ciudad de Matamoros, durante el año 2012.
Por su parte el titular interino de la corporación César Omar Muñoz Morales, fue detenido junto con un grupo de agentes de la desaparecida Policía Judicial del Estado (PJE) en abril del 2008, por personal del Ejército Mexicano, quienes los investigaban por actos de corrupción y ligas con un grupo delictivo, pero al día siguiente lo dejaron en libertad por falta de elementos.
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