AUTOR: JUAN CARLOS ORTEGA PRADO.
El sinaloense estaba preso desde hacía 28 años. El principal delito por el que seguía en la cárcel era el asesinato de Enrique Kiki Camarena, agente de la Oficina Antidrogas de EU (la DEA) ejecutado el 9 de febrero de 1985. Caro aún debía purgar 12 años de cárcel. El sistema judicial mexicano lo liberó, y el mismo sistema lo volvió a declarar prófugo.
El primer tropiezo
El 7 de agosto pasado el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Tercer Circuito ordenó la libertad de Caro Quintero, fundador del cártel de Guadalajara. Salió la madrugada del día 9.
Los jueces Félix Dávalos, Rosa Isabel Moreno Ruiz y Lucio Lira Martínez no lo declararon inocente: Igual que en el caso de Florence Cassez, fue un tecnicismo el que le abrió las rejas. Los jueces asentaron que Estados Unidos no había acreditado a Camarena como agente de la DEA en México. Por lo tanto, no debía haber sido juzgado por un tribunal federal, sino por uno del fuero común. Y para fuera.
El procurador general de la República, Jesús Murillo Karam, no dio muestras de enterarse de la resolución inmediatamente. El 9 de agosto salió rasgándose las vestiduras. No era posible, clamó. El juez no debía haber ordenado la anulación del juicio, sino simplemente remitir el caso a un tribunal calificado, dijo. Anunció también que se inconformaría ante la decisión.
El caso se convertía así en uno de los mayores varapalos (en su modalidad de autogol) a la administración federal de Enrique Peña Nieto.
El mexiquense había llegado a la Presidencia gracias a dos postulados centrales. El primero era que el PRI sabía gobernar. El segundo, que modificaría la desastrosa guerra contra el narco de su antecesor, Felipe Calderón.
La liberación de Caro Quintero refutaba ambas premisas. El capo era el narco más importante detenido por el priismo, y ahora era el propio priismo el que lo dejaba libre. El sistema judicial no había sido saneado y el procurador no se había enterado a tiempo…
Segundo trompicón
No sólo Murillo se enojó. Estados Unidos estaba furioso. Lo había pedido en extradición y México no la había concedido. Había varias razones: La ley mexicana especifica que no deben extraditarse presos que, en el país de destino, puedan afrontar la cadena perpetua o la pena de muerte. Otra razón es que —a contentillo— el gobierno puede ordenar que un reo cumpla su pena en México antes de enviarlo a otro país. La tercera razón era la nebulosa situación jurídica que Camarena tenía en México.
Sin embargo, el 15 de agosto (una semana después de la liberación), la Procuraduría anunció que había recibido una nueva petición de Estados Unidos.
“Al día de hoy, se cuenta con una orden de detención provisional con fines de extradición en contra de Rafael Caro Quintero, por diversos delitos por los que se le acusa ante una Corte Federal de Distrito en California”, detalló la dependencia. La misma dependencia que no había estado al tanto de todo el proceso, y que había tenido oportunidad de extraditarlo durante 28 años.
Tercera caída
De nuevo, el golpe vino de la Unión Americana. Phil Jordan, exdirector del Centro de Inteligencia de El Paso (EPIC); Héctor Berrellez, exagente de la DEA, y Tosh Plumlee, un expiloto que trabajó para la Agencia Central de Inteligencia (CIA), denunciaron que el gobierno estadunidense fue el que había ordenado la ejecución de Kiki Camarena, y no Caro Quintero. (Proceso 1930 y 1931).
Estados Unidos presuntamente secuestró, torturó y ejecutó a Camarena porque había descubierto que Washington se asoció con el narcotraficante y usaba las ganancias del trasiego de drogas para financiar las actividades de la contrarrevolución nicaragüense.
Los tres agentes que hacían la revelación habían estado relacionados con la indagatoria del caso.
“Durante esta investigación descubrimos que algunos efectivos de una agencia de inteligencia de Estados Unidos, infiltrados en la DFS (Dirección Federal de Seguridad), participaron en el secuestro de Camarena. Dos testigos identificaron a Félix Ismael Rodríguez. Ellos eran de la DFS y nos dijeron que incluso él (Rodríguez) se había identificado como ‘inteligencia norteamericana’”, señaló Berrellez.
La revelación tundía directamente a los gobiernos mexicano y estadunidense. Éste, por el tamaño del presunto crimen perpetrado contra uno de los suyos. Aquél, por la ignorancia no ya de los supuestos hechos, sino de la hipótesis.
El Departamento de Estado de EU respondió anunciando que ofrecía una recompensa de hasta 5 millones de dólares por información que conduzca al arresto de Caro Quintero.
Cuarto traspié
El miércoles 6 vino la puntilla. La Suprema Corte de Justicia de la Nación revocó el fallo judicial que le había dado la libertad a Caro Quintero.
La decisión fue respaldada por cuatro de los cinco magistrados de la Primera Sala del Supremo tribunal. “No fue adecuada la sentencia del Tribunal Colegiado, ya que, acorde a los tratados internacionales de los cuales México es parte, se podía advertir que Enrique Camarena Salazar, en su carácter de agente de la DEA, era una persona internacionalmente protegida”.
Pero el detalle: en marzo pasado, la Corte había rechazado analizar el amparo solicitado por Caro Quintero por considerar que no era un asunto de trascendencia o relevancia, por lo que decidió regresar el expediente al Primer Tribunal Colegiado de Jalisco. Esa instancia, finalmente, fue la que decidió amparar al narcotraficante.
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