AUTOR: NOÉ ZAVALETA.
Al comparecer ante el pleno del Congreso local, como parte de la glosa del Tercer Informe de Gobierno de Javier Duarte, el funcionario dijo que “nos quedamos con el robo”.
En respuesta a la pregunta que le formuló la diputada priista Octavia Arteaga, Flores Espinoza endosó el asunto a la justicia federal.
Tendrá que ser la justicia federal la que se encargue de no dejar impune el crimen de Regina Martínez y de “otorgarle” justicia a su familia.
De acuerdo con el titular de la PGJE, la dependencia a su cargo sólo “acató” el resolutivo de la Séptima Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) que dejó en libertad a Jorge Antonio Hernández, El Silva –presunto asesino de la corresponsal de Proceso–, al considerar, que se violaron las garantías del indiciado en el proceso penal, y que nunca tuvo una orden de aprehensión, ni una debida defensa.
“El Tribunal resolvió que no había responsabilidad del famoso Silva en el caso, nosotros no estuvimos de acuerdo, apelamos, pero vivimos en un Estado de derecho y tuvimos que acatar, pese a que la Procuraduría (de Justicia) integró una investigación de varios meses”, justificó Flores Espinoza.
Regina Martínez fue asesinada la madrugada del 28 de abril del año pasado en el interior de su domicilio. Ese día, peritos de la Procuraduría de Justicia y Fuerzas Federales la encontraron en el baño de su casa, asfixiada y con huellas de tortura.
Seis meses después, la Fiscalía de Veracruz presentó a El Silva como uno de los presuntos autores materiales del homicidio de la periodista, junto con José Rodríguez Domínguez, El Jarocho, catalogados por la autoridad ministerial como dos malvivientes de un barrio bravo en Xalapa; en el caso de El Jarocho, Amadeo Flores apeló a que la dependencia que preside “lo sigue buscando”.
Explicó a diputados que elementos de su corporación estuvieron viviendo en Mérida y en el sur de Veracruz, para dar con su paradero, sin embargo, aclaró que hasta el momento no hay rastro de él.
“La investigación (sobre el crimen de Regina Martínez) sigue abierta. Checamos todas las líneas, la laboral, la de delincuencia organizada, la vecinal. Yo respeto todas las opiniones, no voy a salir a litigar en los medios, nos falta una persona por detener (en alusión a El Jarocho) y cuando la detengamos vamos a ver qué sale”, expresó Amadeo Flores, ante los cuestionamientos por separado de los diputados Octavia Ortega (PRI) y Fidel Robles (PT).
En agosto pasado, el Tribunal Superior de Justicia revocó la sentencia a El Silva, luego de considerar que los testimoniales para incriminarlo fueron de oídas, que hay demasiadas contradicciones, que se presume tortura al indiciado por parte de la autoridad ministerial y que hubo “medios de convicción” para concluir que el inculpado ni siquiera se encontró en casa de Regina Martínez Pérez el día que fue privada de la vida.
En esa misma ruta de deslinde ministerial, el fiscal de Veracruz, Amadeo Flores insistió en que el asesinato del ambientalista, Noé Vásquez en Amatlán de los Reyes y el del pastor religioso en Coatzacoalcos, Claudio Martínez fueron resueltos con la orden de aprehensión de los asesinos materiales, descartándose por completo un homicidio con autor intelectual.
Vásquez era un activista en contra de la construcción de las hidroeléctricas en Veracruz y Martínez un pastor, en cuyo móvil del crimen, la Fiscalía de Veracruz recurrió al robo: “Es lo que tenemos en la investigación, en el caso del pastor, la investigación sigue abierta, porque tenemos dudas”, explicó el funcionario estatal.
En su informe de resultados y estadísticas de la PGJE, Flores admitió que desde que inició el gobierno de Javier Duarte se han presentado 700 feminicidios, 5 mil homicidios dolosos y una cifra aún no resuelta de “desapariciones forzadas”.
Además, de que en el rubro de corrupción al interior de la dependencia, el órgano de control interno ha abierto 352 procedimientos administrativos de “responsabilidad” en contra de servidores públicos, pese a ese negro panorama que trazó Amadeo Flores, el comunicado que envió el departamento de Comunicación Social del gobierno de Javier Duarte tituló: En Veracruz, una procuración de justicia moderna, eficaz y profesional.
A mitad de la comparecencia, integrantes del Colectivo por la Paz Xalapa se manifestaron de forma silencia, para exigir que la Fiscalía de Veracruz intensifique los trabajos para dar con el paradero de personas desaparecidas.
Anaís Palacios, integrante del grupo de activistas, lamentó que sólo se den a conocer cifras positivas, cuando hay decenas de familias buscando a sus esposos, hijas, hermanos y de quienes hoy no se tienen rastros.
“Hay más de 388 personas que no han aparecido, esta es una manifestación de familiares, del Colectivo, creemos que el Estado no está haciendo su tarea de manera adecuada”, recriminó Palacios.
Los manifestantes portaron mantas en el recinto legislativo, así como cuadros y cartulinas con las fotografías de Anayeli Jiménez Hernández, Iván Mass González y de Rafael Espinoza Gutiérrez, entre otros desaparecidos en el actual sexenio de Duarte.
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