El organismo internacional subrayó que se trata de un problema diferenciado de otros fenómenos migratorios que requiere una atención particular.
“La CIDH aprecia que se haya aprobado la Ley General de Víctimas, pero sin perjuicio de eso, sería muy importante avanzar hacia políticas públicas más específicas en la materia y hacia una ley federal sobre la cuestión del desplazamiento forzado interno”, señaló Felipe González, relator sobre los Derechos de los Migrantes.
La situación de los desplazados forzados internos en México, acaparó la atención de la audiencia de la CIDH en Washington, en la que estuvieron presentes varias ONG y de representantes del gobierno de Enrique Peña Nieto.
Según diversas organizaciones de derechos humanos, la cifra de desplazados internos por motivos de violencia y conflicto armado ronda las 160 mil personas pero hicieron énfasis en que hacen falta estadísticas específicas del número de desplazados forzosos en México.
Por ello, Rodrigo Escobar, relator de la CIDH para México recalcó la necesidad de “visibilizar” esta problemática y de elaborar leyes y estrategias concretas para atenderla.
“No podemos confundir desplazamiento forzado interno con lo que son políticas del Estado mexicano para la atención de refugiados y tampoco podemos incorporarlo dentro de una perspectiva de seguridad ciudadana y de políticas públicas generales contra la violencia (…) porque es un problema plenamente determinado”, explicó Escobar.
Se trata, abundó, de personas que tienen forzosamente que abandonar su tierra y trasladarse a otros lugares para preservar su vida, integridad personal y la vida de su familia.
Una prioridad dentro de una necesaria “política integral para la atención de la población desplazada” es –dijo—la existencia de un registro para poder identificar con más claridad el número y composición de esa población.
También hizo énfasis en contar con “alertas tempranas” para prevenir desplazamientos masivos de población y una “instancia coordinadora” de las políticas de atención a esa población.
Además, sostuvo, es necesario elaborar una ley específica sobre el desplazamiento forzado para que se “visibilice” el tema y una “instancia coordinadora” de programas especiales para garantizar vivienda, trabajo, atención sanitaria y educativa en sus lugares de destino, sin dejar de lado programas de “retorno, en lo posible”.
Al tomar la palabra por parte del gobierno mexicano, Patricia Chemor, directora general del Consejo Nacional de la Población (Conapo), afirmó que ya se está trabajando en el diagnóstico para averiguar la dimensión real del problema.
En tanto que el subsecretario de Prevención del Delito y Participación Ciudadana de la Secretaría de Gobernación (Segob), Roberto Campa, prometió que los argumentos de las organizaciones no gubernamentales y de la CIDH formarán parte de la revisión de políticas estatales.
“En lo fundamental estamos de acuerdo, tenemos un problema de violencia que ha generado estos cambios (…) la mayor parte de los planteamientos forman parte de nuestros programas o van a enriquecerlos” aseguró.
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