AUTOR: PARÍS MARTÍNEZ.
A pesar de las declaraciones de las autoridades, en el ex parque nacional del Nevado de Toluca se regularizará la operación de minas de extracción.
Según el documento, puesto a consulta pública por la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CNANP), estas minas “activas”, de las cuales se extrae material para construcción como arena y grava, son El Atorón, Loma Alta, La Loba, Las Lágrimas y Ejido Coate, además de la mina La Peñuela, que funciona de manera “temporal”.
De estos puntos de extracción, sólo la mina Las Lágrimas opera “bajo un programa autorizado de cierre de actividades y rehabilitación de terreno”, supervisado por la Secretaría de Medio Ambiente del Estado de México, mientras que el resto trabajaba, hasta ahora, sin ningún tipo autorización, por lo que, subraya el documento, “es urgente reordenar y regular esta actividad”, de tal forma que en el futuro la minería pueda llevarse a cabo “de manera ambientalmente segura y con beneficios para los pobladores” del Nevado de Toluca.
Daños ambientales
Tal como reconoce la CNANP –adscrita a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, del gobierno federal–, estas minas activas, así como otras seis que operaron en el pasado dentro de esta área boscosa, surcada por 61 arroyos, han acarreado al Nevado de Toluca “un fuerte impacto ambiental, pues la apertura de bancos de materiales y de caminos de acceso destruye la morfología de los terrenos”, además de que “en muchos casos ha provocado la erosión y destrucción del suelo fértil, así como la desviación o destrucción, parcial o total, de cauces hidrológicos”.
Las minas activas en esta zona protegida, abunda el organismo federal –ubicadas dos de ellas en el municipio de Zinacantepec, dos más en Temascaltepec y la última en Coatepec– han generado distintas afectaciones ambientales, empezando por la intensificación de procesos erosivos en el suelo excavado, que pierde la capacidad para absorber agua, seguido de “emisiones sólidas a la atmósfera durante la voladura y arranque del material, así como durante los procesos de carga y transporte”.
Además, debido a esta actividad, “existen modificaciones al relieve, impactos visuales negativos” y pérdida de estabilidad de las laderas, causada por las excavaciones y por la sobrecarga del terreno.
El programa de manejo en consulta destaca también que estas minas abiertas en medio del bosque “han promovido la apertura de vías de acceso: carreteras pavimentadas, terracerías, veredas y brechas”, con la consiguiente remoción de masa forestal.
Y durante los meses de lluvia, se abunda, los suelos ya erosionados en el Nevado de Toluca provocan “escurrimientos torrenciales”, que tienen un efecto triple: arrastran consigo los residuos de las minas, contaminando los ríos; en segunda instancia, debilitan las laderas de dichos cuerpos de agua, causando que se desvíen y desborden; y, por último, los torrentes y desbordamientos dañan a poblaciones y áreas de producción ubicadas “aguas abajo”, en los municipios de Tenango del Valle, Calimaya y Rayón.
Asimismo, además de las cinco minas activas, dentro del área protegida del Nevado de Toluca existe “un número indeterminado de bancos ilegales de extracción de tepojal” –piedra volcánica similar a la pómez, también usada en la industria de la construcción–, y que se trata de “aprovechamientos itinerantes, temporales, sin supervisión, regulación ni autorización alguna”, que operan principalmente en las laderas sur, sureste y este del ex parque nacional.
Cabe recordar que, a principios de octubre, durante un recorrido de prensa por la zona, Luis Miguel Mandujano, subdirector de Flora y Fauna del Nevado de Toluca, aseguró que en el exparque nacional funcionaba sólo una mina, mientras que el secretario de Medio Ambiente del Estado de México, Cruz Roa Sánchez, informó que “todas las minas están en proceso administrativo, para su clausura total”, afirmaciones que no quedaron reflejadas en el proyecto de Programa de Manejo del Nevado de Toluca, presentado un mes después por la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, el cual subraya que, en vez de disminuir, la minería “es una actividad que ha ido creciendo dentro de la poligonal del área natural protegida”.
La única alternativa
A pesar de que las reglas de administración propuestas para esta zona natural, bajo su nuevo esquema de conservación, prohíben expresamente “abrir bancos de material y extraer materiales para construcción, como arena, grava o tepojal”, este documento señala también que, en materia de actividad minera, los “resultados esperados” son la creación de un “programa de trabajo conjunto con los sectores involucrados en la extracción de materiales, para la aplicación de medidas de mitigación y compensación a mediano plazo” –de tres a cuatro años–, a través de las cuales se alcance “el ordenamiento, reconversión y disminución de las actividades extractivas”.
Aunque el plan de manejo del Nevado de Toluca no contempla en ninguno de sus puntos la clausura de las minas activas, sí prevé ofrecer talleres de capacitación para “el desarrollo de actividades productivas alternativas” a los propietarios de predios donde se extrae material para construcción, con el objetivo de desestimular dicha actividad. Sin embargo, estos talleres sólo se concretarán en el “largo plazo”, es decir, después de transcurridos cinco años (o más), contados a partir de la aprobación de este plan de manejo.
Además, destaca el hecho de que, según el plan de manejo, las “actividades productivas alternativas” que en el largo plazo se ofrecerá a los dueños de predios donde se excava se reducen a una sola opción: el “turismo, uso público y recreación al aire libre”, así como aquellas acciones “que generen productos o servicios para el turismo, conjuntamente con las poblaciones locales y/o grupos locales interesados“.
Asimismo, este proyecto de administración de los recursos del Nevado de Toluca, diseñado por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, del gobierno federal, se propone crear un programa de “compensación” que beneficie a los propietarios de terrenos que suspendan la extracción de materiales y opten por las “actividades productivas alternativas”, aunque esta medida también está planeada para el largo plazo, es decir, luego de que transcurran cinco años o más, contados a partir de la aprobación del Programa de Manejo.
Así, en los hechos, la única acción concreta relacionada con la recuperación de las zonas afectadas por la minería en el Nevado de Toluca, programada en el corto plazo –de uno a dos años–, es la gestión de recursos para la rehabilitación de suelos, fondos que, cuando estén disponibles (en un plazo no marcado por el plan de manejo), no serán aplicados en el rescate del terreno de ninguna de las minas activas, sino únicamente en “sitios abandonados”.
Epílogo: Candados abiertos
El pasado 1 de octubre, el presidente Enrique Peña Nieto publicó el decreto mediante el cual se modificó el estatus legal conferido al Nevado de Toluca en 1936, por el entonces jefe del Ejecutivo, el general Lázaro Cárdenas. La decisión de Peña, señala el decreto, se basó en los resultados de un estudio justificativo que, entre otros objetivos, se marcaba el de desarrollar el “turismo intensivo” e “infraestructura privada” dentro de esta zona natural.
Dicho estudio justificativo que sustentó el decreto de Peña, de hecho, identifica potenciales “núcleos turísticos” o “sitios para el turismo intensivo”, donde es “factible” la construcción de “cabañas”.
No obstante, luego de la polémica suscitada por este decreto –contra el cual se han pronunciado al menos 29 mil 940 ciudadanos a través de la web de gestión civil www.change.org–, las autoridades federales y estatales no volvieron a usar el concepto “turismo intensivo” y, ahora, en el proyecto de Programa de Manejo del Nevado de Toluca se estableció que “no podrán construirse desarrollos turísticos, ni pistas de ski”, y “no se permitirá en ningún caso la edificación de fraccionamientos, casas campestres, cabañas, bungalos residenciales, hoteles, posadas, fincas de descanso ni campos de golf”.
El programa a consulta propone, en cambio, que se desarrolle el “turismo de bajo impacto ambiental”, mismo que define como “caminatas en senderos, campismo y observación de flora y fauna silvestre”, y el cual podrá coordinarse no sólo por los pobladores de la zona, sino también por “grupos locales interesados”.
Según el nuevo plan de las autoridades, este turismo de bajo impacto podrá desarrollarse en las mil 856 hectáreas del cráter del Nevado de Toluca, y en las 309 hectáreas de las faldas del volcán que se catalogaron como de “uso público”.
Además, dentro de los asentamientos humanos que surgieron en las últimas siete décadas dentro del área natural protegida podrá desarrollarse no sólo el “turismo de bajo impacto”, sino también el “turismo” a secas, cuyos límites no vienen especificados en el programa de manejo.
Y es que, como explicó a principios de octubre Luis Fueyo McDonald, titular de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, el plan es regularizar los asentamientos humanos ya establecidos en el Nevado de Toluca, para que, en adelante, pueda desarrollarse “todo lo que en un centro de población se admite: ¿Un comercio? Sí. ¿Una casa-habitación? Sí. ¿O que alguien habilite un hotel? Sí”.
La extensión de esta área suceptible al “turismo” sin limitaciones expresas, ocupada por asentamientos humanos, no está definida claramente, ya que las autoridades federales han proporcionado datos contradictorios al respecto: en el estudio justificativo que sustentó el decreto de Peña Nieto se señala, primero, que los asentamientos ocupan 702 hectáreas, y luego ese mismo documento afirma que se extienden a lo largo de 2 mil 800 hectáreas. Y, para abonar a la confusión, el proyecto de plan de manejo presentado la semana pasada afirma que el suelo ocupado por asentamientos humanos dentro del Nevado de Toluca abarca, únicamente, 25 hectáreas.
Cabe destacar que, para detallar la información contenida en el proyecto de Programa de Manejo del Nevado de Toluca, en torno a las minas activas dentro del Nevado de Toluca, así como a las actividades turísticas que ahí se fomentarán, Animal Político solicitó una entrevista a la Semarnat y a la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, sin obtener respuesta favorable hasta el cierre de esta edición.
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