AUTOR: GLORIA LETICIA DÍAZ.
Representados por el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan (CDHM-T), habitantes de la comunidad de San Miguel El Progreso, en el municipio de Malinaltepec, apelaron a la protección de la justicia federal al considerar que las concesiones mineras a favor de la empresa Hochschild Mining para extraer oro y plata “contravienen la Constitución y los tratados internacionales que el Estado mexicano ha ratificado”.
La preocupación por la falta de consulta se deriva de la información que los campesinos han obtenido de que, en las regiones de la Montaña y Costa Chica de Guerrero, hay 42 yacimientos mineros, y que el gobierno federal ha otorgado 30 concesiones por 50 años para la realización de actividades de exploración y explotación minera.
A Hochschild Minin, empresa de origen peruano que opera con capital inglés, se le concesionaron más de 59 mil hectáreas en la Montaña. Esto afecta a diez núcleos agrarios, entre ellos San Miguel El Progreso, en dos concesiones mineras, identificadas como proyecto general como Corazón de las Tinieblas.
En conferencia de prensa, el abogado de la organización, Santiago Aguirre Espinosa, explicó que el 15 de julio pasado la comunidad interpuso una demanda de amparo en el Juzgado Primero de Distrito del estado de Guerrero, con el número de expediente 1131/2013. En este recurso se alega que al otorgar concesiones mineras, la Secretaría de Economía federal “contraviene el derecho colectivo a la propiedad territorial indígena, el derecho a la consulta, las garantías de legalidad y seguridad jurídica, así como el derecho a la protección de tierras comunales”.
Abel Barrera Hernández, director del CDHM-T, narró que desde 2010 integrantes de la Policía Comunitaria advirtieron de la presencia de un ingeniero que realizaba trabajos de investigación de suelos, así como de sobrevuelos de helicópteros con equipo especializado para rastrear la riqueza del subsuelo en la región de la Montaña.
A partir de ese momento, agregó, los indígenas de los núcleos agrarios afectados solicitaron información y alterarse de las concesiones otorgadas sin su consentimiento, se organizaron en el Consejo de Autoridades Agrarias en Defensa del Territorio, organismo ciudadano que llevó a cabo asambleas para conocer la opinión de la gente y presentar los resultados ante el Registro Nacional Agrario (RAN) para darles validez jurídica.
“De 2010 a la fecha se presentaron ante el RAN 19 actas de asambleas comunitarias, pero únicamente se dio validez a tres, correspondientes a San Miguel El Progreso, el ejido de Zitlatepec y Zapottilán Tablas, a pesar de que todas las asambleas tenían el mismo formato”, apuntó Barrera Hernández.
La inscripción de la asamblea de San Miguel en el RAN, permitió tramitar el amparo, de que se espera la sentencia antes de finalizar el año.
“Fueron demandadas 17 autoridades, entre ellas la Secretaría de Economía, la Dirección General de Regulación Minera, la Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores y el presidente de la República por haber aprobado, promulgado y publicado Ley Minera”, acotó Aguirre Espinosa.
Tras mencionar que el caso fue remitido al juzgado tercero auxiliar con sede en Acapulco y que mientras esté el procedimiento la empresa está impedida para realizar cualquier actividad de exploración o explotación, el abogado señaló que hasta ahora las explicaciones que el gobierno federal ha dado al juez son que las comunidades agrarias “no tienen derecho a reclamar porque no han sido afectados sus territorios, que los minerales son propiedad de la nación y que para otorgar concesiones no es necesario llevar a cabo una consulta”.
Los funcionarios federales aseguraron que los indígenas sólo son propietarios de la superficie y no del subsuelo, “que podrán participar en una consulta cuando las empresas concesionarias sometan a consideración de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) el manifiesto de impacto ambiental, es decir el gobierno reivindica que la riqueza del subsuelo es propiedad de la nación para entregarla a empresas extranjeras, anteponiendo los derechos patrimoniales de éstas sobre los derechos de los pueblos indígenas”.
El abogado comentó que es muy probable que el caso llegué hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación, donde “se tendrá que definir con claridad cómo deben realizarse las consultas a los pueblos originarios en apego a los tratados internacionales firmados por México, como el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), estamos actuando ahora que todavía no hay trabajos en forma de exploración, porque no queremos que nos digan lo que se argumentó en el caso de la Minera San Javier, que las autoridades judiciales ya no podían hacer nada ante hechos consumados”.
A la conferencia de prensa asistieron autoridades indígenas, el comisario municipal de San Miguel El Progreso, Valerio Mauro Solano; el presidente de Bienes Comunales, Agapito Cantú Manuel; el presidente del Comité de Control y Vigilancia, Alfredo Santiago Amado; y el comandante de la Policía del Pueblo, Anastacio Basurto Contreras.
Comisionados por su pueblo para informar sobre lo ocurrido, las autoridades comunitarias reprobaron que no se les haya consultado para otorgar las concesiones mineras, y expresaron el temor por los efectos que conllevaría la explotación de minerales.
Destacaron que por la experiencia de comunidades como la de Carrizalillo en Zunpango, donde la empresa Gold Cor explota minerales, hay contaminación de los suelos, del aire y del agua, así como daños a la salud. Además, resaltaron la importancia que tiene para las culturas indígenas los cerros que se verían destruidos.
Los indígenas coincidieron en que los daños que causarían las mineras no sólo dañarían a las comunidades donde están las concesiones sino a pueblos de los litorales incluidos Acapulco.
No hay comentarios:
Publicar un comentario