AUTOR: ARTURO RODRÍGUEZ GARCÍA.
El nuevo vocero presidencial fue uno de los responsables de implementar la estrategia de silenciamiento sobre la violencia en el país (con el objetivo manifiesto de modificar la percepción ciudadana), así como de perpetuar los mecanismos de opacidad y discrecionalidad en la asignación de contratos de publicidad en medios que Peña Nieto se había comprometido a revertir.
El anuncio fue formalizado hoy, durante una gira por Querétaro, en la que el mandatario se presentó ante los reporteros de la fuente presidencial, acompañado tanto del nuevo vocero como del coordinador General de Comunicación Social, David López.
En el breve mensaje de presentación, Peña Nieto expresó que la vocería complementará las funciones del área de Comunicación Social de la Presidencia.
La vocería dependerá de la Oficina de la Presidencia de la República, cuyo titular, Aurelio Nuño Meyer, hizo las veces de vocero, entre otros casos, durante la intervención quirúrgica a la que fue sometido el mandatario en julio pasado.
La vocería es una figura imitada del “portavoz de la Casa Blanca” estadunidense, que ha sido implementada de manera intermitente desde la administración de Ernesto Zedillo. Con Vicente Fox, en el último año de gobierno fungió como vocero Rubén Aguilar y, con Felipe Calderón, la figura fue asumida también en el último año por Alejandra Sota.
El vocero de la opacidad
Desde el inicio de la administración de Peña Nieto, el gobierno federal modificó la estrategia comunicacional sobre la violencia. La información sobre políticas y acciones en materia de seguridad, se vio limitada a los comunicados que Sánchez Hernández emitía y el silenciamiento fue tal, que inclusive los gobernadores de los estados recibieron la orden de cerrar la información sobre hechos de violencia.
Por otra parte, el papel de Sánchez Hernández en materia de transparencia y acceso a la información, en particular con el gasto publicitario del gobierno federal, fue propensa al ocultamiento.
Entre las tareas que el gobierno peñista se comprometió a desarrollar en los primeros meses de gobierno, estaba la de transparentar el gasto en publicidad oficial, crear un consejo ciudadano para la regulación de contratos publicitarios y generar una legislación en la materia.
Dichas tareas fueron comprometidas por el propio Peña Nieto, desde el lanzamiento de su “Manifiesto por una Presidencia Democrática”, emitido en mayo de 2012 al calor de las protestas del Movimiento #Yosoy132, y reiteradas durante el período de transición.
La aplicación de dichos compromisos era responsabilidad de Eduardo Sánchez, sin embargo, nunca se realizaron y, por el contrario, la opacidad en general, y particularmente en lo tocante a la publicidad oficial aumentó, mientras se siguió estimulando la discrecionalidad en la asignación de contratos, como se publicó en la revista Proceso en la edición 1917.
La única acción en dicha materia fue la publicación extemporánea de los Lineamiento Generales para la Contratación de Publicidad Oficial, que modificó los criterios de asignación a partir de una recomendación emitida por la Comisión Nacional de Derechos Humanos, derivada de una queja interpuesta por el director de Proceso, Rafael Rodríguez Castañeda.
Con eufemismos en la nueva redacción de los lineamientos, Sánchez Hernández pretendió dar por cumplida la recomendación, aunque en realidad las prácticas tradicionales de contratación se mantuvieron y, en los hechos, los contratos se mantuvieron ocultos, conforme a lo publicado por Proceso en el número 1918.
Eduardo Sánchez es abogado egresado de la Universidad Iberoamericana y se ha especializado en derecho de las telecomunicaciones. En los inicios de su trayectoria mantuvo una estrecha cercanía con la Cámara Nacional de Radio y Televisión (CIRT) y con el sector popular del PRI, partido del cual ha sido vocero y por el que resultó electo diputado federal en 2006.
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