La Procuraduría afirma que la ex líder sindical mantiene los juicios por delitos de lavado de dinero y delincuencia organizada, por lo que se mantiene en prisión.
La Procuraduría General de la República (PGR) informó que la determinación del Cuarto Tribunal Unitario en Materia Penal no implica que se ordene la libertad de Elba Esther Gordillo Morales, y no tiene por efecto la resolución en concreto de dejarla en libertad, por lo que continuará recluida.
La subprocuradora Jurídica y de Asuntos Internacionales de la PGR, Mariana Benítez Tiburcio, recordó que hay un juicio que está transcurriendo en el que a Gordillo Morales se le acusa de lavado de dinero, recursos de procedencia ilícita y delincuencia organizada, delitos graves de los que no alcanza fianza.
Luego de participar en una reunión de trabajo en el estado de Chihuahua, la funcionaria federal explicó que la reposición de procedimiento que dictó el Tribunal Unitario es por el delito de defraudación fiscal, más no por los de delincuencia organizada.
“El día de ayer notificaron a la PGR de una resolución, una sentencia de apelación dictada por el Cuarto Tribunal Unitario en Materia Penal, en donde lo único que sucede y ocurre es que se le ordena al juez de la causa reponer el procedimiento, porque no se pronunció y no recibió unas pruebas que ofreció la defensa”, señaló.
Explicó que son básicamente pruebas periciales contables que ofreció la defensa, las cuales se entregaron tres horas después de que se llevó a cabo la audiencia preparatoria y “la verdad el juez ahí consideró, según su criterio, que tenía muy poco tiempo para dictar el auto de formal prisión”.
Benítez Tiburcio reiteró que “no se le recibió, eso es lo que está ordenado y no se está pronunciando de fondo sobre la acusación de la PGR, tampoco es de mayor alcance, por lo que la señora sigue presa y no tiene por efecto en dejarla en libertad”.
El auto de formal prisión contra Elba Esther Gordillo, por el delito de defraudación fiscal fue revocado por el Cuarto Tribunal Unitario en Materia Penal del Primer Circuito, por violaciones al debido proceso en su categoría de defensa, al no admitírsele en su momento el desahogo de las pruebas ofrecidas en su favor.
Con la resolución de este tribunal de alzada, el juez de origen tendrá que pronunciarse sobre la admisión o rechazo de las pruebas ofrecidas por la defensa de la ex dirigente del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE).
Posteriormente deberá emitir un nuevo auto que puede ser de formal prisión o de libertad, por lo que respecta exclusivamente a este delito de defraudación fiscal, insistió.
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