En cumplimiento a una resolución del Instituto de Acceso a la Información y Protección de Datos (Ifai), la dependencia entregó los acuerdo de extradición de José Antonio Acosta Hernández, integrante del Cártel de Juárez; Benjamín Arellano Félix, del Cártel de Tijuana, y Juan Carlos de la Cruz Reyna y Osiel Cárdenas Guillén, del Cártel del Golfo, quienes fueron extraditados a Estados Unidos para ser procesados por diversos delitos.
En su solicitud inicial un particular solicitó los acuerdos y pidió que se incluyera la parte considerativa, los nombres de los extraditados, de las víctimas del delito, de los cómplices, así como de los fiscales y jueces a cargo del caso.
La SRE proporcionó las versiones públicas de los acuerdos de los cuatro capos mencionados, pero omitió la parte considerativa de cada acuerdo, con el argumento de que se trataba de información reservada.
Inconforme, el solicitante presentó un recurso de revisión ante el Ifai, en el que reiteró su interés de conocer la parte considerativa de los acuerdos y argumentó que las cuatro personas ya habían sido sentenciadas en Estados Unidos.
En alegatos, la SRE reiteró la reserva de la información, debido a que su difusión, aseguró, revelaría el expediente completo que el país requirente (Estados Unidos) tiene para procesar a dichas personas y sus posibles cómplices, así como los datos personales de víctimas y terceros involucrados en el proceso penal.
El caso fue turnado a la comisionada María Elena Pérez-Jaén, quien en una audiencia con autoridades de la SRE tuvo acceso a la información reservada y advirtió que la parte considerativa de los acuerdos contiene los documentos y pruebas que el Estado requirente debe presentar para acreditar la probable responsabilidad de la persona solicitada en extradición.
De esas pruebas y documentos se desprenden los nombres de testigos y de las personas relacionadas con los hechos, así como de las autoridades norteamericanas que intervinieron en la investigación.
Tras la audiencia, la Cancillería proporcionó nuevas versiones públicas de los acuerdos de extradición con la parte considerativa de la resolución pero sin la transcripción y el análisis de la información proporcionada por Estados Unidos para justificar la solicitud de extradición.
Sobre esta nueva versión Pérez-Jaén determinó confirmar la reserva de la información invocada por la SRE, en razón de que su difusión “podría causar un daño presente, probable y específico al desarrollo de las relaciones internacionales de México con otros Estados, en el caso concreto, con los Estados Unidos”.
Daño presente porque se pondrían en riesgo procesos penales e investigaciones en curso, no de los extraditados, sino de las personas de las organizaciones delictivas a las que pertenecían los extraditados.
Daño probable porque, argumentó Pérez Jaén, “se menoscabarían las relaciones diplomáticas entre México y Estados Unidos”, debido a que las pruebas y la investigación fueron proporcionadas, única y exclusivamente, como soporte a su solicitud de extradición.
Además, señaló, se alertaría a otras personas involucradas en la comisión de los delitos por los que fueron acusados los extraditados.
Finalmente la comisionada expuso que causaría daño específico debido a que los testigos y las víctimas pueden no comparecer y dejar sin materia el proceso penal acusatorio.
Asimismo, sostuvo, se pondría en riesgo la integridad física de las personas que declararon e identificaron plenamente a los capos reclamados, así como de los fiscales a cargo de las investigaciones y los jueces que llevan los procesos.
Por ello la comisionada del Ifai, propuso confirmar la versión pública de los acuerdos de extradición propuestos por la SRE, mismos que puso a disposición del requirente.
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