En un breve comunicado, la institución académica reprobó “el acoso” del profesor Teodoro Castro Ruiz contra la alumna de bachillerato Vanesa Rodríguez, de 16 años de edad, y aseguró que se actuó en consecuencia.
Añadió:
“El maestro fue despedido y se acompañó a la alumna a la presentación de la denuncia penal respectiva, además de que se ha participado en el desahogo de los requerimientos ministeriales”.
La UNAM reiteró que dentro del plazo que marca la ley y que vence el próximo 20 de noviembre, dará a conocer la respuesta a la recomendación 45/2013 formulada por la CNDH, “misma que se hará del conocimiento público en correspondencia con la actitud asumida por las autoridades de la Comisión”.
Por la noche, la CNDH deploró que la autoridad universitaria “exprese argumentos contrarios a la realidad”.
En un boletín, el ombudsman nacional señaló que “en el caso que nos ocupa, la menor, víctima de abuso sexual, fue abandonada a su suerte por parte de la oficina del Abogado General de la UNAM, a la que correspondía atender el caso”.
Incluso, el organismo que encabeza Raúl Plascencia Villanueva trae a colación las declaraciones que hizo la víctima en una estación de radio, donde acusa que la UNAM no la apoyó.
Y lo transcribe así: “Quien nos brindó un abogado fue uno de mis compañeros, él fue el abogado que nos estuvo acompañando, diciéndonos qué hacer, con quién ir”, por lo que sostiene que las autoridades universitarias sólo la acompañaron “en el momento del hecho y ya”.
Endureciendo el tono, la CNDH deploró que “se pretenda encubrir un hecho tan grave y minimizarlo, así como que no se hayan tomado medidas a la fecha para evitar la repetición de dicho tipo de abusos”.
Ayer, luego de que la UNAM anunció el despido del catedrático acosador, el organismo de derechos humanos aseguró que la víctima quedó en estado de indefensión, y con ello “se le niega la posibilidad de justicia y de acceder a una atención integral de esa casa de estudios para sentar un precedente, y que el agravio no quedara en la impunidad”.
La CNDH señaló que si bien la directora del plantel inició un “procedimiento de investigación administrativa s/n” en contra de Castro Ruiz, en el que se le informó de la rescisión de su contrato, no remitió constancia alguna para dar vista de los hechos a la Contraloría de la UNAM, con el fin de que se investigara la responsabilidad del señalado.
La sanción del maestro, insistió, se restringió al ámbito laboral y de esa manera los agravios quedaron en la impunidad, limitándose con ello el acceso a la justicia de la menor de edad.
“Esta situación conlleva responsabilidad de los servidores públicos que omitieron presentar una queja ante la referida Contraloría”, sostuvo.
A más de seis meses de que se suscitaron los hechos, arremetió, “esta Comisión Nacional no ha observado que la autoridad haya implementado medidas para evitar la repetición de hechos como los que dieron origen a esta recomendación”.
El ombudsman refirió que del análisis exhaustivo del caso se advirtió que la UNAM “omitió deslindar responsabilidad administrativa” a efecto de inhabilitar al profesor denunciado “para evitar que continuara impartiendo clases, e impedir que se repitieran casos como el que nos ocupa”.
La única determinación que se tomó, subrayó, fue rescindir laboralmente el contrato con el docente.
En respuesta, la UNAM consideró “falaces, sesgados y de mala fe” los argumentos de la CNDH como sobre el caso de una alumna víctima de abuso.
La máxima casa de estudios insistió en que “se actuó en consecuencia” luego de conocerse el acoso de un profesor de bachillerato a una menor. “El maestro fue despedido y se acompañó a la alumna a la presentación de la denuncia penal respectiva”, aclaró.
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