AUTOR: JENARO VILLAMIL.
El proyecto divulgado planteaba como objetivo principal centralizar los procesos de seguridad, información, adquisiciones, obra pública, recursos humanos, materiales y financieros, así como datos de los ciudadanos mexicanos ante instituciones como el Sistema de Administración Tributaria (SAT).
El ambicioso plan de la “nube digital” confirmaba el enorme poder que había adquirido al interior de la administración federal la exejecutiva de Google y de Televisa Alejandra Lagunes Soto Ruiz.
Experta en mercadotecnia política y comunicación en redes sociales, Alejandra Lagunes trabajó como gerente de ventas de Google México en 2005 antes de convertirse en gerente de ventas de Televisa Interactive Media (2008-2009).
En Televisa jugó un papel fundamental precisamente como enlace de negocios con Google, considerado el nuevo y peligroso Big Brother global.
Lagunes trabajó para el Grupo Atlacomulco desde esas fechas.
Fungió como estratega de redes sociales del candidato a gobernador del PRI, Eruviel Avila, en la campaña de 2011 y, en 2012, se sumó al “cuarto de guerra” del equipo del entonces candidato presidencial Enrique Peña Nieto.
Ya en el gobierno, nadie duda del poder creciente que ha adquirido Lagunes no sólo por sus indudables capacidades para la mercadotecnia política, también por ser el contacto clave con una red de empresas de Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) que van tras apropiarse del enorme y jugoso mercado de la digitalización del gobierno federal, y del Big Data que surgirá de este proceso.
El proyecto revelado por Proceso no fue negado en su momento. A lo señalado y al gran negocio que éste planteaba, le siguió el silencio. Típico del peñismo. Sin embargo, en la Secretaría de Gobernación (Segob), donde se negociaban los detalles y montos de este plan (100 millones de dólares anuales), se pospuso por unos meses la operación del Big Data.
El lunes 25, en otro de los actos de la Presidencia de la República caracterizados por lo aparatoso y lo poco claro de los montos y plazos de lo anunciado, Enrique Peña Nieto dio a conocer que su gobierno ya articulaba la Estrategia Digital Nacional, que estará a cargo precisamente de Alejandra Lagunes, quien se convierte así en una especie de “supersecretaria” con poder “transversal entre todas las dependencias y entidades del gobierno de la República para promover la adopción y el desarrollo de tecnologías, la innovación, la apertura y la transparencia en todo el aparato gubernamental”.
Según el discurso presidencial, la Estrategia Digital Nacional persigue cuatro objetivos:
–Un gobierno digital que se concretará en la Ventanilla Unica Nacional, una especie de gran sitio en Internet para unificar en un solo portal “cerca de 7 mil trámites del gobierno de la Repúbica”. De acuerdo con Peña Nieto, se podrá acceder desde las calificaciones en las escuelas hasta solicitar actas de nacimiento y pasaporte “desde cualquier lugar, hora o dispositivo electrónico”.
Jamás se aclara en ese discurso cómo se protegerán los datos sensibles, privados y absolutamente confidenciales que representan, por ejemplo, el historial clínico de un individuo, su situación civil y su pasaporte. Imaginemos el enorme yacimiento de datos personales que se pondrán a disposición de quién sabe quién hasta ahora.
–Se establecerá una Política Nacional de Datos Abiertos para compartir información pública generada por el gobierno, aunque tampoco está claro si lo “público” será definido de manera unilateral por la administración federal.
–Economía digital para potenciar actividades como el comercio electrónico, la innovación en las pequeñas y medianas empresas, la banca móvil y otros.
–Educación de calidad. En este esquema entraría la distribución de computadoras a estudiantes de quinto y sexto año de primaria a través de la fase piloto del Programa MiCompu.Mx. ¿Cómo se va a licitar este programa, qué empresas y bajo qué criterios entrarán a este enorme negocio con la SEP? ¿Beneficiarán también a corporativos como Mainbit, que en Procesodocumentamos cómo ha resultado una de las grandes beneficiarias de los negocios informáticos de la administración federal?
Estas preguntas, por supuesto, no se han respondido.
–Salud universal y efectiva. Peña Nieto precisó que el próximo año comenzará la puesta en marcha del Certificado Electrónico de Nacimiento y la Cartilla de Salud Electrónica como principio del Expediente Clínico Electrónico. ¿Qué medidas se tomarán para garantizar el buen uso y el respeto a la privacidad de este expediente clínico electrónico?
–Por supuesto, Seguridad ciudadana, llamada así como estrategia para avanzar en “la localización geográfica de datos y estadísticas delictivas, en instrumentos de denuncia ciudadana y de recepción de alertas, a través de telefonía celular o aplicaciones móviles”.
No se sabe cuál es la evaluación y los alcances de la experiencia previa en el manejo de datos y el enorme costo que implicó Plataforma México, el enorme sitio concentrador de información que impulsó Genaro García Luna en el sexenio pasado.
Esos fueron los cinco objetivos generales anunciados por el primer mandatario.
A su vez, Alejandra Lagunes habló de metas y de generalidades. Nada específico para saber cómo aterrizarán “aspectos de gobernanza en Internet, seguridad, soberanía de datos, privacidad y protección de datos personales”.
El objetivo, según Lagunes, es hacer que México pase del quinto al primer lugar en América Latina en materia de digitalización.
La misma funcionaria federal advirtió que ya se avanzó con el SAT Móvil y con el Plan México Conectado que, al finalizar 2013, tendrá una base de 16% del total de edificios públicos conectados con 40 mil espacios.
Ni Peña Nieto ni Lagunes aclararon qué empresas, bajo qué criterios se licitará y cómo se garantizará la soberanía y la privacidad en este proyecto tan rimbombante. Por lo pronto, en Google ya comenzaron a hacer cuentas alegres del enorme negocio de la Big Data que significará México.
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