AUTOR: GLORIA LETICIA DÍAZ.
Acompañadas de representantes de Amnistía Internacional (AI) y del Centro de Derechos Humanos Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), las indígenas, quienes junto con Jacinta Francisco Marcial fueron acusadas de secuestrar a policías federales en 2006 y puestas en libertad por un fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), resaltaron las dificultades que han tenido para reintegrarse a la vida cotidiana después de estar encarceladas, así como los daños económicos y morales sufridos por sus familias por el juicio injusto.
Alberta Alcántara recordó que mientras fue injustamente procesada, ella y su familia sufrieron daños económicos y morales, y que ya en prisión, advirtió que “hay mucha gente indígena inocente”.
Teresa González señaló que siendo madre de familia tuvo que “empezar de cero” su vida al salir de la cárcel. “Cuando mi hija me pregunta, me siento con la impotencia de contestarle, fue un daño que nos causaron feo.
Nos castigaron sin investigar, todos se preguntaban cómo era posible que tres mujeres hicieran eso (secuestrar a policías federales) cuando ellos están entrenados, nadie creía que hubiera pasado eso”, destacó.
El litigio por la reparación del daño, recordó el director del Centro Prodh, José Rosario Marroquín Ferrera, se inició a finales del año pasado, luego de que la Procuraduría General de la República (PGR) se negara a reparar los daños causados a las indígenas por los más de tres años que estuvieron encarceladas.
Marroquín Ferrera explicó que a partir de esa negativa se inició un proceso conforme a la Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial, y el caso será analizado este miércoles por 11 magistrados del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa (TFJFA).
Tras un recuento de los hechos que llevaron a las tres mujeres a la prisión –el caso de Jacinta será revisado posteriormente–, el director del Centro Prodh destacó que el proceso iniciado contra las indígenas “es una prueba más de que las violaciones a derechos humanos en el sistema de justicia contra los sectores más vulnerables como los indígenas persisten, la discriminación y las fallas al debido proceso, no contar con traductor, no respetar la presunción de inocencia, ni siquiera cuando la SCJN las declaró libres es preocupante”.
El activista recordó que después de que las indígenas fueron liberadas, funcionarios de la PGR insistían en que “no habían demostrado su inocencia”.
Daniel Zapico, representante de AI en México, recordó que las tres mujeres, Alberta, Teresa y Jacinta fueron declaradas presas de conciencia por su organización, debido a las fallas evidentes en su juicio, y de que se trató de un caso “emblemático que muestra el funcionamiento de justicia en México, de la fabricación de culpables, un sistema que cuando trata de indígenas condena no realiza investigaciones, es un sistema en el que ser indígena es garantía de encarcelamiento”.
Zapico destacó que pese a que ante organizaciones internacionales México se presenta como un defensor de derechos humanos y que tiene un sistema que puede resarcir daños causados por esas violaciones, lo cierto es que “no hay un mecanismo al que las víctimas de abusos puedan recurrir para exigir reparaciones de daños, que tiene que ver con más allá de tema económico, sino que es un resarcimiento moral, tiene que haber un reconocimiento del Estado del daño causado y garantías de no repetición”.
El litigio por la reparación del daño, recordó el director del Centro Prodh, José Rosario Marroquín Ferrera, se inició a finales del año pasado, luego de que la Procuraduría General de la República (PGR) se negara a reparar los daños causados a las indígenas por los más de tres años que estuvieron encarceladas.
Marroquín Ferrera explicó que a partir de esa negativa se inició un proceso conforme a la Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial, y el caso será analizado este miércoles por 11 magistrados del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa (TFJFA).
Tras un recuento de los hechos que llevaron a las tres mujeres a la prisión –el caso de Jacinta será revisado posteriormente–, el director del Centro Prodh destacó que el proceso iniciado contra las indígenas “es una prueba más de que las violaciones a derechos humanos en el sistema de justicia contra los sectores más vulnerables como los indígenas persisten, la discriminación y las fallas al debido proceso, no contar con traductor, no respetar la presunción de inocencia, ni siquiera cuando la SCJN las declaró libres es preocupante”.
El activista recordó que después de que las indígenas fueron liberadas, funcionarios de la PGR insistían en que “no habían demostrado su inocencia”.
Daniel Zapico, representante de AI en México, recordó que las tres mujeres, Alberta, Teresa y Jacinta fueron declaradas presas de conciencia por su organización, debido a las fallas evidentes en su juicio, y de que se trató de un caso “emblemático que muestra el funcionamiento de justicia en México, de la fabricación de culpables, un sistema que cuando trata de indígenas condena no realiza investigaciones, es un sistema en el que ser indígena es garantía de encarcelamiento”.
Zapico destacó que pese a que ante organizaciones internacionales México se presenta como un defensor de derechos humanos y que tiene un sistema que puede resarcir daños causados por esas violaciones, lo cierto es que “no hay un mecanismo al que las víctimas de abusos puedan recurrir para exigir reparaciones de daños, que tiene que ver con más allá de tema económico, sino que es un resarcimiento moral, tiene que haber un reconocimiento del Estado del daño causado y garantías de no repetición”.
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