AUTOR GEORGINA HOWARD.
En el tema de la seguridad, la mayoría de los estados del país han gastado mucho y mal. La Auditoría Superior de la Federación encontró que de 2009 a 2011 diversas entidades no entregaron buenas cuentas. Conoce a los reprobados.
De 2009 a 2011 la Auditoría Superior de la Federación encontró diversas irregularidades en 21 entidades, incluido el Distrito Federal, en el destino de recursos del Fondo de Aportaciones para Seguridad Pública (FASP).
Sin embargo, la Auditoría no ha cumplido a cabalidad con su papel pues detecta anomalías, las da a conocer y no las sanciona.
Un premio a la impunidad que no se castiga, aunque queda en los anales de la memoria histórica de muchos mexicanos.
Desde 2008 el empresario Alejandro Martí les dijo a los gobernantes, tras el secuestro y muerte de su hijo: “si no pueden renuncien”.
Han pasado cinco años y la impunidad sigue en México.
Se amparan
Como una medida de defensa, un grupo de activistas, investigadores y abogados, acompañados de la presidenta de la organización Causa en Común, María Elena Morera, interpusieron un amparo ante un juzgado de distrito en contra de la Auditoría Superior de la Federación.
La razón, omisión para presentar denuncias en contra de autoridades que malversaron recursos públicos en materia de seguridad.
Los integrantes solicitaron que se determinen los daños o perjuicios, se identifique a los responsables y se finque el monto de indemnizaciones y sanciones pecuniarias.
En pocas palabras, que se inicien denuncias ante el Ministerio Público por las diversas irregularidades en el ejercicio del FASP.
Lo más lamentable, denunciaron, es que en sus reportes la propia Auditoría calificó los informes sobre el gasto de recursos para la seguridad en negativos, con salvedades, y limpio.
Incluso, la ASF aceptó las consecuencias sociales originadas por las irregularidades cometidas, así como su impacto sobre la seguridad de los ciudadanos.
Hasta ahora no existe registro alguno de que la Auditoría Superior de la Federación haya dado parte al Ministerio Público.
Tampoco se ha ejercido presión para que se repare el daño a la sociedad, a pesar de que en su capítulo de Consecuencias Sociales, la propia Auditoría admite que en varios estados se propició un aumento en las tasas delictivas.
Es un hecho que las irregularidades han aumentado y para 2014 tampoco se observan mayores controles a la cantidad de recursos que se pretende otorgar, dijo Morera.
Unir esfuerzos
Respaldan el recurso de amparo: Alejandro Hope; Alejandro Martí; Amanda Berenstein; Ana Laura Magaloni; Claudio X. González, entre otros ciudadanos
Causa Común abrirá la posibilidad de que más ciudadanos puedan sumarse a una cadena de amparos para que haya transparencia y rendición de cuentas en el ejercicio del gasto gubernamental.
Respaldan el recurso de amparo: Alejandro Hope; Alejandro Martí; Amanda Berenstein; Ana Laura Magaloni; Claudio X. González; Ernesto López Portillo; Federico Reyes Heroles.
Giulliano Lopresti; Josefina Ricaño de Nava; Juan Francisco Torres Landa; Leo Zuckermann; Luis Manuel Pérez de Acha; Luis Rubio; Maite Azuela y María Amparo Casar.
Así como Pablo Girault; Roberto Trad; Rodolfo Rubio; Roy Campos; Sergio Aguayo; Verónica Baz y Xóchitl Escobedo Sandoval, entre otros.
Luis Pérez de Acha, abogado que se encargó de presentar el amparo, señaló que de frente a la aprobación del Presupuesto de Egresos para 2014, el gobierno propone destinar 7 mil 921 millones 641, 079 de pesos al FASP.
“Es apremiante hacer notar a las autoridades que los ciudadanos se encuentran inconformes con la manera en que se han gastado los recursos del Fondo”.
Es por ello que ante la omisión cometida por la ASF “recurrimos como ciudadanos ante los tribunales con el objeto de terminar con la impunidad de las autoridades y lograr que la Auditoría sancione a los responsables».
Pérez de Acha recalcó la importancia del amparo ya que «a través de este medio de defensa se pretende que un Juez encargado obligue a la Auditoría a ejercitar las facultades que legalmente le han sido confiadas».
El primer amparo se interpuso en el tercer juzgado de distrito en materia administrativa en el Distrito Federal, con el expediente número 1153/2013.
Los sucesivos se presentan como un medio de defensa legal que tienen los ciudadanos para que la autoridad disponga de medidas efectivas de control de los recursos destinados a la seguridad pública.
Hizo ver la importancia de que los ciudadanos conozcan este recurso para defenderse de las violaciones y omisiones que las diferentes autoridades del país cometen sobre sus derechos humanos.
Corrupción de todos colores
Aquí no importa el color o el grupo al que se pertenezca, la corrupción ha sido democrática, todos la han ejercido.
Hoy 21 entidades han sido señaladas por desviar recursos del FASP y no ha pasado nada.
A manera de ejemplo, en 2009 este organismo encontró que el gobierno del estado de Hidalgo “no cumplió con las disposiciones normativas en algunas operaciones”.
En pocas palabras, se declaraba el gasto por el pago de percepciones extraordinarias sin cubrir los requisitos, incluso pago a personal que no realizaba funciones de administración.
Pero nada sucedió, tan es así que el entonces gobernador de aquella entidad, Miguel Ángel Osorio Chong, es hoy secretario de Gobernación.
De acuerdo con los reportes de la ASF, en Aguascalientes, no se cumplieron los objetivos y líneas de acción de los ejes en materia de seguridad pública.
En Baja California, entidad gobernada por el PAN, no pudo demostrar en qué gastaron 145 millones 977 mil 300 pesos en el ejercicio de 2009.
Campeche registra un rezago en los objetivos y metas programáticas dirigidas a salvaguardar la seguridad de la población.
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