AUTOR: JESÚS CANTÚ.
La sucesión de errores es larga y sigue creciendo. En octubre de 2003, los legisladores del PRI y del PAN determinaron dejar fuera del proceso de designación de componentes del Consejo General del IFE a todas las fuerzas de izquierda, principalmente al PRD, cuyo posible candidato a la Presidencia de la República (dos años después fue postulado Andrés Manuel López Obrador) encabezaba las encuestas de preferencia electoral; en ese mismo acto, optaron por designar para tal encargo a personas claramente identificadas con el PRI y el PAN, pero sobre todo dispuestas a seguir sus instrucciones.
Una vez que los miembros de dicho consejo tomaron posesión, empezaron a cavar su propia tumba y, particularmente, lo hicieron durante el proceso electoral del 2006, cuando toleraron todo tipo de violaciones a la ley a favor del candidato panista, finalmente triunfador oficial de dicha contienda. La mala conducción del Consejo General condujo a la reforma constitucional de 2007 y a la electoral de 2008, una de cuyas consecuencias principales fue la remoción anticipada de cinco de los ocho consejeros electorales y del consejero presidente, es decir, las dos terceras partes de sus integrantes.
Para colmo de los males, la reforma correspondiente desatendió algunos de los aspectos clave –lo que causó el conflicto electoral y postelectoral en 2006–, particularmente el procedimiento de designación de los miembros del Consejo General y el recuento total de votos en el caso de elecciones sumamente cerradas. Y metió al IFE en terrenos minados, como lo referente a la publicidad electoral y a su trato con las televisoras, que llevaron a que éstas exacerbaran sus críticas y presiones contra el órgano electoral.
A partir de octubre de 2010, los diputados continuaron con su labor de depredación…
Fragmento del análisis que se publica en la edición 1931 de la revista Proceso, actualmente en circulación.
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