Entre ellos, destaca el nombre del extesorero de Tabasco, José Manuel Saiz Pineda, actualmente preso por el saqueo a las arcas estatales durante la administración de Andrés Granier Melo, así como los exsecretarios de Asentamientos y Obras Públicas y de la Contraloría, y el expresidente municipal de Centro (Tabasco).
En la lista, aparecen implicados también cinco altos mandos de la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi), encabezados por el exdirector general, Ariel Cano Cuevas, y seis del Instituto de Vivienda de Tabasco (Invitab).
Según la SFP, el 14 de diciembre de 2007 la Conavi y el Invitab suscribieron un convenio de colaboración para la adquisición de suelo, urbanización y construcción de 2 mil 500 viviendas en un predio de 51.35 hectáreas, con el propósito de resarcir los daños ocasionados a damnificados de las inundaciones registradas en el estado de Tabasco en agosto octubre de ese año.
Para tal efecto, consigna el comunicado, se acordó que la Conavi aportaría 350 millones de pesos y el gobierno de Tabasco 38.5 millones. A 10 días de concretarse el acuerdo, la Conavi realizó la transferencia del dinero a la Secretaría de Finanzas estatal, la cual, a su vez, canalizó recursos al Invitab hasta agosto de 2008.
Refiere la querella que el Invitab, con la autorización de su Consejo de Administración, adquirió cinco terrenos con una superficie superior a las 169 hectáreas por un monto de 239.4 millones de pesos, situación que se apartó de los términos pactados en el acuerdo original.
Posteriormente, el propio Invitab solicitó al Comité de Obras Pública autorizar la adjudicación directa de la construcción a una inmobiliaria y efectuar el pago con cuatro de los cinco predios adquiridos; dicho organismo se declaró incompetente y sugirió recurrir al Consejo de Administración del Invitab, organismo que finalmente autorizó la adjudicación y la forma de pago.
De esta forma, añade el comunicado, el organismo de vivienda estatal y la empresa constructora firmaron el acuerdo correspondiente mediante el cual la inmobiliaria se comprometía finalmente a construir solamente mil 338 viviendas.
En 2011, al no acatarse el convenio original, los funcionarios involucrados –federales y estatales–, signaron un nuevo documento de transacción, para convalidar las diversas irregularidades en su desempeño, peses a que en enero del mismo año la Conavi solicitó al Invitab la devolución de los recursos federales y sus cargas financieras.
Con base en tales hechos, la SFP decidió consignar penalmente el caso para el deslinde de responsabilidades correspondiente. En los hechos están involucrados cinco exfuncionarios de la Conavi; cuatro del gobierno estatal de Tabasco; seis del Invitab, y el exalcalde del ayuntamiento de Centro.
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