AUTOR: DANIELA REA.
Gabriela Hernández Arreola, participante de las marchas del 10 de junio, 1 de septiembre y del del 2 de octubre, está acusada de delitos no graves, sin embargo no ha podido gozar del derecho de libertad bajo fianza.
Luna, como es conocida, tiene 47 años y es madre de dos jóvenes. El último año se ha hecho notoria por su participación en las marchas y protestas, contra la reforma laboral, en apoyo a la CNTE, contra el gobierno de Enrique Peña Nieto.
Hoy está acusada de ultrajes y obstaculizar el ejercicio legítimo de la autoridad, ambos delitos no graves, sin embargo no ha podido gozar del derecho de libertad bajo fianza como el resto de los detenidos en el contexto de las marchas, ya que le fue negado por la titular del Juzgado 19 de delitos no graves, Marcela Arrieta.
“La autoridad no ha dado argumentos para demostrar esa ‘peligrosidad social’, que le impida la libertad bajo fianza”, dijo Miguel Méndez, de la Liga de Abogados 1DmX.
Esta figura, recordó el abogado, sólo se ha utilizado con fines políticos y represivos. Actualmente, además de Luna, es considerado con “peligrosidad social” Mario González, detenido el 2 de octubre y preso en el reclusorio oriente, donde lleva más de 30 días en huelga de hambre.
“Y si nos vamos más para atrás, el último antecedente fue contra detenidos de la huelga de la UNAM en el 2000”, dijo Méndez.
Luna fue detenida en la marcha del 10 de junio con otros integrantes del Frente Oriente, pero luego de unas horas fue liberada bajo reservas de ley. La mujer acudió a las marchas posteriores del 1 de septiembre y 2 de octubre sin mayor problema y estuvo registrando con una cámara los enfrentamientos.
Por su participación en las protestas fue boletinada por el Gobierno capitalino como “anarquista” e integrante del grupo “Frente Oriente”, en un documento llamado Análisis de Grupos Anarquistas publicado por el diario Reforma el 11 de octubre. Sin embargo, Luna siempre se reivindicó como solidaria, pero no integrante de esos grupos.
El 29 de octubre fue detenida de manera definitiva, afuera del juzgado de delitos no graves, cuando acompañaba a la audiencia de los otros procesados.El abogado Miguel Méndez, que presenció la detención, dijo que una decena de policías judiciales llegaron y se la llevaron en un auto particular sin mostrar la orden de aprehensión.
Esta detención no respondió al “bajo reservas de ley” del 10 de junio, sino a una nueva denuncia en su contra.
Ésta fue presentada el 2 de octubre por dos policías preventivos quienes declararon que ese día a las 10 de la noche un grupo de manifestantes llegó a las instalaciones de la Fiscalía Central de Investigación y comenzó a agredirlos con groserías. Según su acusación en la AP ACI/T1/00338/13-10 entre ellos se encontraba una mujer de 47 años y 1.60 de estatura quien los insultó y a dos metros de distancia empezó a aventar botellas de refrescos vacías y piedras, sin causar lesiones.
El 15 de octubre se negó la orden de aprehensión contra Luna por falta de pruebas y luego de pedir una revisión, se giró el 28 de octubre, un día antes de ser detenida.
“Mi hermana ha sido criminalizada por su convocatoria, por ser solidaria con los otros detenidos y manifestantes. Detrás de la detención lo que hay es un temor del gobierno capitalino por la unión de distintos colectivos y lo que busca es dar un castigo ejemplar a los más visibles”, comentó Laura Hernández, hermana de la detenida que ha dejado su trabajo como fisioterapeuta para dedicarse a la defensa.
La última estrategia legal de la familia de Luna para lograr su libertad bajo fianza fue enviar una solicitud a la jueza 19 el pasado 13 de noviembre donde acusa la criminalización por parte de los medios de comunicación y las autoridades policiales.
“Esto no puede ser un criterio para juzgarme y menos para señalarme como ‘altamente peligrosa’ señalamiento del cual no han aportado pruebas más que mi asistencia a marchas legales y pacíficas”, dijo a su favor.
En el documento señala que si su “peligrosidad” se debe a no haber dado su domicilio durante la detención, se debió al miedo de que su familia fuera acosada, como ya había antes cuando patrullas merodearon su casa y gente “extraña” tomo fotografías de sus familiares.
Sin embargo, la petición le fue negada, por lo cual la defensa de la Liga de Abogados 1DMx buscará su liberación con un amparo que será interpuesto el martes 19 de noviembre.
“El auto de formal prisión tiene muchas inconsistencias. Por ejemplo, los policías no la acusaron a ella directamente, sólo dijeron: ‘una mujer de tales características’; además se trata de un delito no grave y como no fue detenida en flagrancia, la autoridad debió llamarla a comparecer ante el MP que estaba integrando la averiguación previa antes de detenerla y eso no ocurrió… tenemos argumentos para pedir su liberación”, explicó Miguel Méndez.
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