AUTOR: JAVIER SICILIA.
El trabajo es duro. La sociedad estadunidense no sabe mirar a los otros, mucho menos reconoce que gran parte de sus políticas afectan de manera brutal no sólo la vida de su nación, sino también la de sus vecinos. México también ha perdido en este caso la capacidad de ver tal hecho.
Ambas naciones parecen ignorar que la violencia que padecemos y que sólo se atribuye a una equívoca política de seguridad y a la corrupción de los aparatos judiciales de México, tiene sus otras facetas en la prohibición de las drogas y en la libertad del comercio de armas en Estados Unidos.
Los dos países, por lo mismo, parecen ignorar que un cambio en la estrategia de seguridad, una política anticorrupción y la implementación real de la Ley General de Víctimas en México no podrán detener la violencia si tales medidas no se acompañan de una política bilateral de regulación de las drogas, de control de las armas en Estados Unidos y de políticas reales contra el lavado de dinero.
La evidencia es tan obvia que negarse a enfrentarla parece más el accionar de una lógica perversa que el fruto podrido de la imbecilidad.
Si, por un lado, la droga dejara de verse como un problema de seguridad nacional que se enfrenta con violencia y políticas prohibicionistas, y se viera como un asunto de salud pública y de libertades que se controla por la legalidad del mercado y las férreas leyes del Estado, los cárteles no tendrían que estar construyendo ejércitos de sicarios para defenderse. El hecho es que la prohibición de las drogas ha ocasionado en los últimos siete años en México más de 80 mil muertos.
Si, por otro lado, se aplicaran suficientes mecanismos para el control de la venta de armas, los sicarios, que, frente a la estrategia prohibicionista, han diversificado el crimen –secuestro, trata, extorsión, etcétera–, verían reducida en mucho su capacidad para hacerlo.
Las armas, a diferencia de las drogas, son un verdadero asunto de seguridad nacional. No sólo son contundentes y expansivas, son también un poder que somete. Mediante ellas no sólo se asesina, también se secuestra, se extorsiona, se intimida, se destruye.
Un estudio de marzo de 2013 realizado por el Instituto Transfronterizo de la Universidad de San Diego ha estimado que 253 mil armas de fuego se compraron durante el periodo 2010-2012. Muchas de ellas –rifles AK y AR con compartimientos desmontables– son las que utilizan con mayor frecuencia las organizaciones de tráfico de drogas para cometer delitos.
Si a la regulación de las drogas y al control de las armas se agregara una dura política contra el lavado de dinero, ¿dónde quedaría el negocio del crimen y dónde su fuente de financiamiento?
Cuando el 5 de mayo de 2011 el MPJD salió de la ciudad de Cuernavaca para recorrer el país y develar el dolor de la víctimas, mostró no sólo la necesidad de crear una ley que protegiera a las víctimas, sino también la necesidad de atacar la corrupción del Estado y de los partidos, y de cambiar la estrategia de seguridad nacional. Cuando en el verano de 2012 recorrió Estados Unidos para revelar a los estadunidenses su corresponsabilidad en nuestro dolor, mostró la necesidad de regular las drogas, controlar las armas y atacar el lavado de dinero, como un complemento necesario para erradicar la violencia.
Hoy hemos vuelto al país del norte para decir que tales políticas deben articularse de manera conjunta, pues son las únicas que pueden destruir las facetas del cristal opaco y aterrador de la violencia. Sin ellas, como una prioridad de la agenda binacional, no habrá alternativa real de paz ni de justicia para México; tampoco para Estados Unidos. ¿Podrán ambos países estar a la altura de esa exigencia? En todo caso, la responsabilidad no quedará de nuestro lado. Frente a las aterradoras perspectivas que la guerra contra las drogas ha abierto, sólo la paz y la justicia son el camino.
Ese camino pasa por un cambio en la política de seguridad, por una política anticorrupción en México y por la implementación real de la Ley General de Víctimas, pero también, y de manera conjunta, por la regulación de las drogas, el control de las armas y el combate al lavado de dinero en los dos países. No es una súplica, sino una orden la que en ese sentido debe subir de los pueblos de México y de Estados Unidos hacia sus gobiernos, la orden de elegir con toda claridad entre la razón y el infierno.
Además opino que hay que respetar los Acuerdos de San Andrés, liberar a todos los zapatistas presos, derruir el Costco-CM del Casino de la Selva, esclarecer los crímenes de las asesinadas de Juárez, sacar a la Minera San Xavier del Cerro de San Pedro, liberar a los presos de Atenco, hacerle juicio político a Ulises Ruiz, cambiar la estrategia de seguridad y resarcir a las víctimas de la guerra de Calderón.
La evidencia es tan obvia que negarse a enfrentarla parece más el accionar de una lógica perversa que el fruto podrido de la imbecilidad.
Si, por un lado, la droga dejara de verse como un problema de seguridad nacional que se enfrenta con violencia y políticas prohibicionistas, y se viera como un asunto de salud pública y de libertades que se controla por la legalidad del mercado y las férreas leyes del Estado, los cárteles no tendrían que estar construyendo ejércitos de sicarios para defenderse. El hecho es que la prohibición de las drogas ha ocasionado en los últimos siete años en México más de 80 mil muertos.
Si, por otro lado, se aplicaran suficientes mecanismos para el control de la venta de armas, los sicarios, que, frente a la estrategia prohibicionista, han diversificado el crimen –secuestro, trata, extorsión, etcétera–, verían reducida en mucho su capacidad para hacerlo.
Las armas, a diferencia de las drogas, son un verdadero asunto de seguridad nacional. No sólo son contundentes y expansivas, son también un poder que somete. Mediante ellas no sólo se asesina, también se secuestra, se extorsiona, se intimida, se destruye.
Un estudio de marzo de 2013 realizado por el Instituto Transfronterizo de la Universidad de San Diego ha estimado que 253 mil armas de fuego se compraron durante el periodo 2010-2012. Muchas de ellas –rifles AK y AR con compartimientos desmontables– son las que utilizan con mayor frecuencia las organizaciones de tráfico de drogas para cometer delitos.
Si a la regulación de las drogas y al control de las armas se agregara una dura política contra el lavado de dinero, ¿dónde quedaría el negocio del crimen y dónde su fuente de financiamiento?
Cuando el 5 de mayo de 2011 el MPJD salió de la ciudad de Cuernavaca para recorrer el país y develar el dolor de la víctimas, mostró no sólo la necesidad de crear una ley que protegiera a las víctimas, sino también la necesidad de atacar la corrupción del Estado y de los partidos, y de cambiar la estrategia de seguridad nacional. Cuando en el verano de 2012 recorrió Estados Unidos para revelar a los estadunidenses su corresponsabilidad en nuestro dolor, mostró la necesidad de regular las drogas, controlar las armas y atacar el lavado de dinero, como un complemento necesario para erradicar la violencia.
Hoy hemos vuelto al país del norte para decir que tales políticas deben articularse de manera conjunta, pues son las únicas que pueden destruir las facetas del cristal opaco y aterrador de la violencia. Sin ellas, como una prioridad de la agenda binacional, no habrá alternativa real de paz ni de justicia para México; tampoco para Estados Unidos. ¿Podrán ambos países estar a la altura de esa exigencia? En todo caso, la responsabilidad no quedará de nuestro lado. Frente a las aterradoras perspectivas que la guerra contra las drogas ha abierto, sólo la paz y la justicia son el camino.
Ese camino pasa por un cambio en la política de seguridad, por una política anticorrupción en México y por la implementación real de la Ley General de Víctimas, pero también, y de manera conjunta, por la regulación de las drogas, el control de las armas y el combate al lavado de dinero en los dos países. No es una súplica, sino una orden la que en ese sentido debe subir de los pueblos de México y de Estados Unidos hacia sus gobiernos, la orden de elegir con toda claridad entre la razón y el infierno.
Además opino que hay que respetar los Acuerdos de San Andrés, liberar a todos los zapatistas presos, derruir el Costco-CM del Casino de la Selva, esclarecer los crímenes de las asesinadas de Juárez, sacar a la Minera San Xavier del Cerro de San Pedro, liberar a los presos de Atenco, hacerle juicio político a Ulises Ruiz, cambiar la estrategia de seguridad y resarcir a las víctimas de la guerra de Calderón.
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