AUTOR: GLORIA LETICIA DÍAZ.
Por la mañana, por mayoría de votos de la Primera Sala de la SCJN, se había decretado la libertad absoluta para Israel, señalado como coautor de la matanza de 15 jóvenes en Villas de Salvárcar, en Juárez, Chihuahua.
El joven contó con la defensa del Centro de Derechos Humanos Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), Red Mesa de Mujeres y Centro Juárez de Apoyo a Migrantes y fue amparado por los ministros, debido a que su confesión autoincriminatoria fue obtenida por militares y no por autoridades civiles.
La tarde del miércoles 6, un convoy de cuatro camionetas de la Fiscalía de Chihuahua, entre ellas una de resguardo para reos, se presentó a las afueras del domicilio donde desde hace un año Israel se encontraba arraigado en Ciudad Juárez.
Ocho efectivos pretendían ingresar al domicilio para llevarse a Arzate. “Dijeron que me llevaban a una audiencia para lo de mi libertad, que lo ordenaba el juez, lo cual era ilegal, pero no me habían notificado ni nada, no llevaban papeles.
“Ya estaban Andrés (Díaz Fernández) del Centro Prodh, y les dije que no me iban a sacar si no me daban una orden del juez. Estaba contento y me agüité porque pensé, ‘¿ahora con qué marranada van a salir?’”, cuenta en entrevista.
La discusión concluyó cuando llegó el juez de garantía Lorenzo Villar al domicilio de Arzate para notificarle la decisión de la Corte.
Arzate fue detenido el 3 de febrero de 2010 por militares destacamentados en Juárez y, durante los tres días que estuvo en su poder, fue torturado: lo ataron de pies y manos, sufrió intentos de asfixia con bolsas de plástico, fue sumergido en agua y le aplicaron choques eléctricos en el cuerpo. Todo para que se asumiera corresponsable de la matanza de Villas de Salvárcar.
En contraste a lo que padeció hace ya casi cuatro años, cuando fue detenido por personal castrense, ahora la presencia de personal de la Fiscalía no le atemorizó por contar en esta ocasión con un buen equipo de defensa.
“Cuando estaba en el Cereso (de Ciudad Juárez), llegaban de la Fiscalía y me decían que había una diligencia, me sacaban sin papeles y me conducían a la guarnición militar, ahí otra vez me torturaban con los ojos vendados. Una vez me pidieron que los llevara a mi casa y me negué rotundamente, y me golpearon en la camioneta, y luego me golpearon porque querían que firmara un papel para que aceptara reconocer a cuatro personas, que las acusara de haber participado en lo de Villas de Salvárcar, a esas personas ni las vi porque tenía los ojos vendados, oí nomás como que eran de Estados Unidos, y después no supe de ellas”, narra.
Liberado tras no demostrarse su participación en la matanza de 15 jóvenes, Arzate recuerda que el primer año de su retención en el penal de Juárez conoció muchos casos como el suyo: jóvenes arrestado por militares, llevados a instalaciones militares para ser torturados y confesaran delitos que no cometieron, y después, ya en prisión, excarcelados para ser llevados nuevamente ante personal castrense para ser torturados.
De 28 años, alto y corpulento, Israel sostiene que no se esperaba ser liberado, porque “cuando estás en el Cereso te acostumbras a pensar lo peor y, si pasa, ya ni modo, ya te lo esperabas, pero si pasa algo bueno, bienvenido”.
Después de permanecer casi cuatro años retenido ilegalmente, primero en el Cereso, luego arraigado en la Academia de Policía de Juárez y por último en su domicilio, Israel no sabe a qué se va dedicar.
“Perdí cuatro años con mi hijo, mi esposa y yo nos separamos, creo que le era difícil estar con alguien que no puede hacer nada, y luego los medios de Ciudad Juárez criminalizan, dicen que soy lo peor, no sé si pueda conseguir trabajo, no sé si pueda regresar, es algo que tengo que platicar con mi mamá”, comenta.
Fue su madre Guadalupe Meléndez, dice, quien le ha inyectado coraje para salir adelante. “Desde el Cereso me hice fuerte porque vi cómo luchaba por mi libertad, y la única amenaza que tuve fue por lo que ella hacía por mí. Fue el 17 de marzo (de 2010) cuando querían que culpara a gente que ni conocía. Me dijeron los soldados que le dijera a mi mamá que le bajara, que ya estaba haciendo mucho pedo, que le podía ocurrir algo; luego fueron a mi casa, como para intimidar”.
Libre después de un largo proceso, y apoyado por organizaciones nacionales e internacionales de derechos humanos, entre ellos varias oficinas de Naciones Unidas, Organización Mundial contra la Tortura, Amnistía Internacional y Human Rights Watch, Arzate Meléndez está consciente de que su caso dividió a la sociedad de Ciudad Juárez.
“Los que creyeron en mi inocencia, ¡muchas gracias!, y a los que no, igual, ahí está la Suprema Corte que se los recalcó y se los dijo; que no se enojen conmigo, yo también estoy luchando por mi vida, ya la Corte demostró mi inocencia, ellos con quien tienen que enojarse es con la Fiscalía, que les ha estado mintiendo, con el gobierno que les ha estado diciendo mentiras”, plantea.
Israel Arzate señala que personalmente no busca la reparación de los daños que sufrió por su encarcelamiento ilegal. Y de sus torturadores, dice que no guarda rencores. “Ellos lo van a llevar en su conciencia, se abrió una averiguación pero, que se sepa, no se ha avanzado nada”.
Previo a la entrevista con Apro, en rueda de prensa, Guadalupe Meléndez, madre de Israel, y el director del Centro Prodh, José Rosario Marroquín, se sumaron a la indignación de los familiares de las víctimas de la masacre por la impunidad en la que está sumergido el caso.
“Tengo una gran emoción por tener a mi hijo a mi lado, la justicia para Israel es también para las víctimas de los hechos terribles de Villas de Salvárcar; y a las familias de las víctimas les digo que me sumo a su exigencia de justicia”, expresó Meléndez, quien recordó que, en 2010, ella y Luz María Dávila participaron en movilizaciones al estar convencidas de que Israel era un chivo expiatorio.
“Después me llamó para decirme que de la Fiscalía le prohibieron que me hablara, y así quedó”, compartió Guadalupe Meléndez
José Rosario Marroquín mostró su preocupación por el ambiente de criminalización lanzado contra organizaciones sociales por el gobierno de Chihuahua, así como “esa actitud de denostar a quienes realizamos el trabajo de defensa, cuando ese es un derecho, más aún en contextos como el de Ciudad Juárez, donde todos, tanto víctimas como inculpados, fueron víctimas de una política de seguridad que no dio protección a los ciudadanos y, al contrario, creó una fábrica de culpables”.
Los abogados Simón Hernández, del Centro Prodh, y Santiago González Reyes, insistieron en que la Fiscalía no presentó pruebas fehacientes de la responsabilidad de Israel en la masacre, que la acusación se fundamentó en la declaración rendida bajo tortura ante militares y en un testimonio que se fabricó años después, el de una testigo protegida que recibió un balazo en la cabeza y con incapacidades físicas y mentales para poder declarar.
Ambos desestimaron que la Fiscalía reabra un proceso contra Arzate para vincularlo al caso, porque durante casi cuatro años no pudieron aportar mayores elementos que involucren al joven en la matanza de Villas de Salvárcar.
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