AUTOR: GLORIA LETICIA DÍAZ.
El baluarte con el que Gómez Gallardo asumió la presidencia del organismo público –la transparencia– fue puesto en duda por los anteriores aspirantes al cargo y organizaciones civiles que los respaldaron.
Hasta el cierre de esta edición los tribunales federales analizaban dos solicitudes de amparo, y la oficina de transparencia de la ALDF había recibido al menos tres solicitudes de información de excandidatos que exigían conocer los criterios de selección, además de la evaluación de cada uno de los 29 participantes en el proceso para relevar a Luis González Placencia.
El anterior defensor renunció a que su ratificación –dictaminada dos meses antes por la Comisión de Derechos Humanos de la ALDF– fuera sometida a votación en el pleno, sabedor de que no contaba con los 44 sufragios mínimos para permanecer otros cuatro años al frente del organismo, pese a contar con el respaldo de unas 400 firmas de organizaciones civiles y de académicos.
En su primera semana como ombudsperson –como se le ha bautizado–, Gómez Gallardo ha sido cuestionada tanto por el procedimiento mediante el que llegó como por el primer nombramiento que hizo: designó a Sergio Jesús González Muñoz como tercer visitador; él es compadre del secretario de Gobierno capitalino, Héctor Serrano (Proceso 1932).
Sobre este caso, Gómez ha reiterado que la tercera visitaduría estaba acéfala con “casi 800 quejas de rezago”, y que fue seleccionado por contar con un perfil acorde con “la conciliación y en el acercamiento con autoridades”, según explicó en conferencia de prensa el miércoles 13.
Experta en litigios sobre libertad de expresión, la presidenta de la CDHDF ha defendido la legitimidad de su nombramiento al señalar que fue producto de una “convocatoria abierta”, que su postulación obtuvo 57 votos de los legisladores locales y que contó con el respaldo de organizaciones civiles que validaron su perfil y el de siete aspirantes más.
Además reconoció el derecho de excandidatos y ciudadanos de acudir a las instancias judiciales y administrativas, y descartó sumarse a la solicitud de abrir los 29 expedientes y evaluaciones de los participantes. “Yo sería muy respetuosa de cómo maneja el proceso la propia asamblea en cuanto a su propio lineamiento que tiene en materia de transparencia”.
La judicialización del proceso se inició con la renuncia de González Placencia; este hecho motivó que organizaciones civiles representadas por la Oficina de Defensoría de los Derechos de la Infancia (ODI) interpusieran amparos. De estas solicitudes, dos se encuentran en revisión por parte de tribunales colegiados, informó la representante legal de la organización, Margarita Griesbach Guízar.
En ambos procedimientos el ente público cuestionado es la ALDF y, en particular, su Comisión de Derechos Humanos. La denuncia central es el desdén de diputados hacia las opiniones de la sociedad civil, primero al no ratificar a González Placencia y después a la hora de definir la convocatoria.
En el amparo contra la renuncia del exdefensor, la ODI solicitaba que el juez ordenara la “reinstalación de Luis González Placencia y la interrupción de cualquier proceso presente o futuro respecto de la selección de un nuevo ómbudsman hasta en tanto la ALDF no tome una decisión fundada y motivada en donde justifique cuál fue la valoración de la voz de la sociedad civil”.
Presentado el 4 de octubre, el amparo se encuentra en revisión, “y lo interesante es que el colegiado no concede la suspensión del acto reclamado, porque considera que en caso de que se determine que la ALDF violó los derechos de las organizaciones, el proceso de selección del ómbudsman se puede retrotraer, es decir, se tendría que reponer”, explica la abogada.
El segundo recurso admitido fue interpuesto por un académico representado por la ODI. “El amparo fue en contra de la convocatoria, primero porque no excluyó a los académicos de la consulta, sólo se limitó a organizaciones, y porque no cumplió con los estándares internacionales fijados por organizaciones de derechos humanos, como la Corte Interamericana, que definen que un proceso de participación ciudadana debe ser informado, acordado y efectivo. La convocatoria para elegir al ómbudsman del DF careció de esos lineamientos, que son casi de sentido común. Cómo voy a participar si no sé qué valor o consideración se le va a dar a mi opinión”.
Una vez designada Perla Gómez, la exaspirante Alejandra Nuño Ruiz Velasco hizo una solicitud de información a la ALDF: pidió todos los currículos de los candidatos, cartas de postulación, programas de trabajo, cartas de apoyo o veto y versión estenográfica de las 29 entrevistas, “aclarando los diputados que estuvieron presentes en cada una de ellas”.
Nuño Ruiz Velasco, directora ejecutiva de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH), fue directora del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil) y fungió como cuarta visitadora de la CDHDF durante el segundo periodo de gestión de Emilio Álvarez Icaza.
Ruiz exigió a la ALDF todos los “documentos, actas y videos relacionados con la discusión de la metodología para calificar la puntuación de cada candidato”, así como conocer por qué “la metodología y el puntaje establecido el sábado 2 de noviembre de 2013 por la Comisión de Derechos Humanos de la Asamblea Legislativa no fueron incluidos en la convocatoria difundida el mes de octubre del año en curso”.
Con copia para el titular de la Comisión de Gobierno, Manuel Granados, y la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos legislativa, Dinorah Pizano, la defensora solicitó asimismo las 29 calificaciones de los aspirantes clasificadas por rubros.
En entrevista, Alejandra Nuño refiere que dicha solicitud tiene que ver con una “exigencia de congruencia. Si bien llegamos a un proceso muy complicado por la preocupación que causó la renuncia de Luis González Placencia, lo cierto es que los candidatos nos ajustamos a los plazos que fijaron los diputados, y también es un asunto de congruencia: En las entrevistas los diputados insistieron en el tema de la transparencia y rendición de cuentas, y eso es lo que exigimos”.
Otros candidatos que han solicitado información a la ALDF son José Antonio Guevara y José Luis Caballero.
El viernes 8, otro de los contendientes, Manuel Fuentes Muñiz, promovió un amparo en el Juzgado Décimo Administrativo contra la ALDF, y en particular contra la Comisión de Derechos Humanos del órgano legislativo.
Fuentes Muñiz, quien es consejero de la CDHDF, responsabilizó a los legisladores de incurrir en diversas omisiones: no preservaron su autonomía; no garantizaron la “transparencia en el proceso para determinar con qué criterios se evaluó”, como lo dispone el artículo 102 constitucional, y no estableció los mecanismos que observen “los derechos de audiencia, seguridad y certidumbre jurídica”, ni “de un recurso sencillo, rápido y efectivo” que garantice los derechos de quienes aspiren al cargo de ómbudsman local.
Una de las quejas de Fuentes Muñiz es que se enteró del nombramiento del titular de la CDHDF por los medios de comunicación, “sin que se me haya notificado legalmente el dictamen correspondiente ni el procedimiento que fue seguido ni se me informó qué criterios se tomaron en cuenta para la elección de presidente, o de qué manera se evaluó la participación de la ciudadanía”, según se lee en el amparo de 24 fojas registrado bajo el número 019729/2013.
En entrevista, Fuentes Muñiz aclara que con su recurso no pretende desbancar a Perla Gómez. “El origen del amparo está en la preocupación de intervención del gobierno, y lo que planteo a la ALDF es que explique cómo resguardó la autonomía del proceso”.
Según el consejero de la CDHDF, entre la segunda y la tercera semana de octubre diputados locales le confiaron que estaban siendo presionados para apoyar a Perla Gómez por contar con la simpatía del jefe de Gobierno, e incluso “a los priistas se les dijo que como el PRD había apoyado la reforma hacendaria de (Enrique) Peña Nieto, tenían que responder votando a favor de ella. También se les dijo que había una carta del rector de la UNAM, José Narro, a su favor, pero no se dio a conocer”.
El jueves 14, el bufete jurídico Tierra y Libertad solicitó un amparo en el que amplió la lista de autoridades presuntamente transgresoras: además de la ALDF y a su Comisión de Derechos Humanos se incluye al jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera, y al secretario de Gobierno, Héctor Serrano.
La organización, constituida en 1990, asentó que no se ha dado a conocer “la experiencia en el trabajo en la defensa de los derechos humanos de la mencionada Perla Gómez. Todo ha sido oscuro y manipulado”, afirmó Bárbara Zamora, representante de la agrupación.
No hay comentarios:
Publicar un comentario