“Tal vez quieren realizar ese traslado con el argumento de que los sentenciados firmaron un documento donde lo autorizaban, pero éste se los hicieron firmar… Tengo entendido que fueron presionados para que lo suscribieran”, declaró el litigante al diario nicaragüense Confidencial.
No obstante, el penalista mexicano admitió que desconoce las razones por las cuales las autoridades del país centroamericano “están presurosas” para que los falsos periodistas sean llevados a México.
A través de un correo electrónico enviado al diario nicaragüense, añadió:
“A ciencia cierta no podría decirte (a qué se debe el traslado), pero ellos (los mexicanos detenidos) tienen interpuesto un amparo ante un Juzgado Federal en México… el cual entrará a estudio mediante audiencia constitucional el 13 de diciembre y tal vez quieran someterlos a proceso antes de que se desahogue dicha audiencia”.
El pasado lunes, la Corte Suprema de Justicia (CSJ) de Nicaragua autorizó la deportación de los 18 mexicanos detenidos en ese país con 9.2 millones de dólares ocultos en seis camionetas con el logotipo de Televisa.
Luego de rechazar por problemas “formales y de fondo” los recursos de casación que en octubre pasado presentó la defensa de los acusados –quienes deberán cumplir en México la condena impuesta (de 18 y 17 años de prisión) por los delitos de lavado de dinero, narcotráfico y crimen organizado–, la CSJ “accedió a la petición que hicieron los reos para ser trasladados a cumplir su condena en México”, informó la presidenta de la CSJ, Alba Ramos.
Ese mismo día, Ramos confirmó la presencia de funcionarios del gobierno de México en Nicaragua para ejecutar la repatriación de los 18 presos, y dijo que la embajada mexicana en Managua fue notificada sobre el traslado de sus conciudadanos desde el pasado viernes 15.
De acuerdo con lo dicho por la presidenta de la CSJ, el traslado de los mexicanos no sólo sería beneficioso para ellos, en virtud de que podrán ser visitados por su familia, sino también para Nicaragua, “porque nosotros no tenemos cárceles abundantes”.
En enero pasado, los mexicanos –encabezados por Raquel Alatorre Correa– fueron condenados a 34 años de prisión por los delitos de transporte internacional de drogas, crimen organizado y lavado de dinero en perjuicio del Estado nicaragüense.
Sin embargo, el pasado 19 de septiembre la Sala Penal Dos del Tribunal de Apelaciones de Managua (TAM) redujo a 18 años la pena a Alatorre y a Juan Luis Torres, principales cabecillas de la agrupación, mientras que el resto de los mexicanos compurgarán 17 años por el delito de transporte internacional de estupefacientes.
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