La organización Human Rights Watch informó que la creación de dicha base de datos debe estar acompañada por medidas de justicia y búsqueda de víctimas.
La elaboración de la base de datos debería estar acompañada por investigaciones rigurosas para determinar el destino de las miles de personas cuyo paradero aún se desconoce.
En febrero de 2013, el gobierno anunció que estaba revisando una base de datosde más de 26.000 personas denunciadas como desaparecidas o extraviadas que había sido compilada por la Procuraduría General de la República (PGR).
El gobierno ha señalado que muchos de los nombres en la base de datos probablemente serían eliminados.
La lista original presenta problemas significativos, como incongruencias y datos incompletos, y no incluye los nombres de numerosas personas cuya desaparición ha sido denunciada.
“El gobierno de Peña Nieto dio un paso importante al reconocer la magnitud de la crisis de los desaparecidos cuando difundió una lista provisoria de personas desaparecidas y extraviadas”, observó José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch.
“Ahora el gobierno deberá cumplir su promesa de elaborar un registro confiable y completo, que deberá ser complementado con investigaciones serias para buscar a las personas desaparecidas y llevar a los responsables de estos delitos ante la justicia”, dijo.
Según comprobó Human Rights Watch, la investigación de estos casos estuvo marcada por una grave falta de diligencia o directamente por la ausencia absoluta de medidas en este sentido. En muchos casos, los funcionarios desperdiciaron tiempo crucial al indicarles a los familiares que debían esperar varios días para poder radicar la denuncia sobre desaparición, les sugerían que ellos mismos intentaran recabar evidencias y señalaron sin ningún fundamento que las víctimas estaban vinculadas con la delincuencia organizada.
En los casos en que las autoridades iniciaron investigaciones, con frecuencia no adoptaron medidas básicas como entrevistar a testigos.
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