AUTOR: JESUSA CERVANTES.
De acuerdos con esos medios, tanto el gobierno como el PRI estarían negociando con el PAN establecer contratos de producción compartida y de concesiones en zonas petroleras a empresas extranjeras y no únicamente compartir la renta petrolera.
“No me he reunido con ninguno de los diputados del PAN a negociar esto. En Petróleos Mexicanos, el gobierno federal es muy respetuoso de la soberanía del Congreso de la Unión y hoy en día la decisión sobre una posible reforma energética está aquí, en las Cámaras de Diputados y Senadores”, planteó el exintegrante del consejo de administración de la empresa internacional OHL y hoy director de la paraestatal.
El funcionario respondió así al panista Rubén Camarillo, quien demandó que en ese momento Lozoya aclarara si se ha reunido en forma privada “o a escondidas” con legisladores de su partido.
Lo que sí dijo Lozoya Austin es que Pemex tiene que modificar su reglamentación interna para que pueda ser más competitiva, pues en la realidad esta empresa “no está quebrada”.
Para despegar su potencia, el exempleado de la empresa transnacional abogó por la reforma energética planteada por Peña Nieto pues, sostuvo, ella haría más productiva y eficiente a la paraestatal.
Ante integrantes de la Comisión de Energía que preside el priista Marco Antonio Bernal, Emilio Lozoya detalló lo que contiene la reforma y en qué consisten los llamados “contratos de utilidad compartida”.
Lozoya Austin destacó que los proyectos de PRI, PAN y PRD que se encuentran en el Congreso de la Unión coinciden en la necesidad de fortalecer a la paraestatal, disminuir su carga fiscal –70% de sus ingresos va a parar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público–, y dotarla de mecanismos de “flexibilidad”, pero “nadie está planteando la privatización ni de la Comisión Federal de Electricidad ni de Pemex, mucho menos del subsuelo de la nación”.
Por Acción Nacional, el diputado Rubén Camarillo Ortega criticó que el plan de negocios no incorpore acciones de combate a la corrupción en la paraestatal.
Enseguida solicitó a Lozoya Austin confirmar si durante su gestión ha sostenido una reunión pública o privada con alguno de los diputados de su bancada de la Comisión de Energía.
En los cuestionamientos, el PAN fue el más crítico, ya que defendió su propuesta de reforma energética, la cual abre más el sector a la iniciativa privada.
El panista Juan Bueno Torio comentó que la propuesta de su partido está enfocada a fortalecer la competitividad de México, e insistió en que las modificaciones a los artículos 25, 27 y 28 constitucionales deben conducir a una mejor apertura para que el país tenga un producto que lo fortalezca, genere crecimiento económico y empleos.
El legislador Germán Pacheco Díaz (PAN) se interesó por el estado que guarda el expediente de la explosión de la Torre de Pemex, ocurrida el 31 de enero pasado, porque “las respuestas y los argumentos que ha dado la paraestatal no han sido del todo claros”.
En tanto que Rubén Camarillo Ortega criticó que el plan energético de negocios no considere acciones de combate a la corrupción en la paraestatal.
Por el PRD, Luis Ángel Xariel Espinosa Cházaro interrogó al funcionario sobre las acciones en contra de la corrupción en la paraestatal, y solicitó conocer las razones por las que el Plan de Negocios 2014-2018 no prevé entre los principales proyectos de Pemex-Refinación la construcción de la nueva refinería en Tula, Hidalgo.
En respuesta, Lozoya Austin dijo que sí se incluye el proyecto en el Plan de Negocios de Pemex 2014-2018, con una inversión de casi 4 mil millones de dólares en los próximos años; sin embargo, para la segunda etapa se requerirá, acotó, de la reforma energética.
En la primera etapa, detalló, se prevé “la reconfiguración de Tula y la nueva capacidad de refinación para concluirla en 2017”.
En contraste, el legislador José Antonio Rojo García de Alba (PRI) dijo que la construcción de la nueva refinería fue un proyecto iniciado por la administración anterior; sin embargo, aseguró que el compromiso formal y jurídico de Pemex sigue siendo con el estado de Hidalgo y, por lo tanto, construir o no la refinería no ha sido motivo de la reforma energética.
El diputado por el Movimiento Ciudadano (MC), Ricardo Mejía, también insistió en que se aclarara si habrá o no refinería en Tula, luego de destacar que desde el 2010 el gobierno autorizó 5 mil 700 millones de pesos para su avance, y en 2011 Pemex contó con 274 millones para obra pública en bienes propios y, el año pasado, tuvo 291 millones para invertir en el mismo concepto.
La también perredista Claudia Elizabeth Bojórquez Javier criticó que el plan de negocios se construye “al calor del termómetro político”, y expresó que la falta de voluntad política y la poca seriedad en las direcciones de energía tienen a la nueva refinería con poco avance.
El diputado Ricardo Mejía Berdeja manifestó su rechazo al Plan de Negocios 2014-2018, la Estrategia Nacional de Energía y la reforma, al considerarlas parte de un proyecto privatizador del sector energético, y argumentó que el gran problema de Pemex “es el saqueo brutal y la corrupción”.
En sus respuestas, Lozoya insistió en que la propuesta de la reforma energética es nacionalista, en donde la paraestatal, la CFE, los yacimientos de petróleo y gas siguen siendo ciento por ciento propiedad de la nación, por lo que rechazó su posible privatización.
Luego señaló que se tiene planeado reconfigurar la refinería de Salamanca, Guanajuato, con 3 mil 200 millones de dólares, y la refinería de Salina Cruz, Oaxaca, con 3 mil 500 millones de dólares.
Ricardo Astutillo Suárez, del PVEM, luego de recordar que en el 2012 se detectaron más de mil tomas clandestinas de combustible cuestionó sobre el combate a la delincuencia organizada en el robo de hidrocarburos.
El director de Pemex informó que este año se han presentado 2 mil 760 denuncias por mercado ilícito y tomas clandestinas, y se iniciaron procesos por 187 presuntas responsabilidades.
Además, indicó que el costo del robo de combustibles en 2012 fue de 7 mil 300 millones de pesos y estimó que al cierre de septiembre de este año rondará los 7 mil 605 millones.
Por ello pidió a los legisladores cambiar las leyes para penalizar de una forma más contundente este ilícito.
El funcionario manifestó que cada año se perforan mil pozos y para llevar la producción a los niveles deseados se requieren 10 mil más en el mediano plazo, lo que representa una limitante, principalmente en aguas profundas, y aclaró que “una reforma energética es fundamental para que Pemex y el Estado no lleven solos el riesgo en todos los proyectos”.
Lozoya Austin indicó que se busca cambiar la estructura cooperativa de Pemex, es decir, hacerla moderna y eficiente, pues hoy la paraestatal esta ‘sobrerregulada’. Además, dijo que una de las formas más eficaces en que la empresa puede combatir la corrupción es promoviendo la competencia.
Se requiere, afirmó, flexibilizar el régimen fiscal de Pemex, pues con uno nuevo se le permitiría tener una inversión adicional de 10 mil millones de dólares.
Incluso destacó que la razón por la que los ingresos de Pemex se han mantenido altos es debido al precio del petróleo que, de 2003 a 2012, fue de 25 a 103 dólares.
El efecto del precio en los ingresos del país, subrayó, ha permitido tener estabilidad; “por eso, no podemos permitir dejar al azar de los precios internacionales la productividad del sector energético del país, ya que lo mismo ocurre en el caso del gas, pues en 1997 México era prácticamente autosuficiente, pues las importaciones eran de 3% y, ante esta falta de capacidad de multiplicar la inversión, hoy en día estamos importando 33% del consumo”.
Emilio Lozoya reiteró la necesidad de incrementar la producción a partir de una mayor inversión, pues “hoy Pemex está invirtiendo 24 mil millones de dólares y perforando 20 mil 300 pozos, por lo que llevar la producción a 62 mil millones de dólares, que es lo que se requiere en la industria, se tendrían que perforar 51 mil 665 pozos”.
A su vez, el diputado José Alberto Benavides Castañeda (PT) criticó a la directiva de Pemex por no ser capaz de reconocer su problema de corrupción y aun así pretenda tener más apertura.
También consideró inadecuada la propuesta de abrir el sector energético para que extranjeros produzcan gas natural y lo vendan al exterior mientras lo importa la paraestatal.
El petista precisó que, de aprobarse la reforma energética del Ejecutivo federal, el tiempo de vida de Pemex estará ligado al lapso en que sigan dando crudo los yacimientos que se explotan actualmente, y el responsable “no será la paraestatal, sino los funcionarios y dirigentes que han permitido llegar a esta situación, que se puede mejorar sin necesidad de implementar modificaciones a la Constitución”.
Sobre el plan de negocios, el director de Pemex dijo que el documento establece el vínculo de la política energética y la restricción presupuestal, y define cuatro líneas de acción: crecimiento, eficiencia operativa, responsabilidad corporativa y modernización.
Se busca, dijo, incrementar el inventario de reservas, la producción de hidrocarburos, asegurar el suministro, impulsar la petroquímica, optimizar la capacidad de logística, alcanzar niveles de eficiencia por encima de estándares internacionales, mejorar el desempeño operativo, garantizar la operación segura y confiable, así como mejorar el desempeño ambiental y la sustentabilidad de negocio.
En un plazo de cinco años, continuó, se busca enfocar la exploración y explotación en aguas someras, terrestres, profundas y yacimientos no convencionales; rehabilitar las plantas de amoniaco; acelerar la construcción de los gasoductos Los Ramones, y mejorar el procesamiento de crudo pesado.
Asimismo, detalló que 80% de la inversión de la paraestatal es para la producción y exploración.
Lozoya Austin dijo que con esta estrategia se plantea reducir los costos en exploración y producción. “Pemex está trabajando no sólo para incrementar la producción en gas natural, sino en la logística de llevarlo a distintas zonas del país que hoy están pagando energía muy cara”.
Por último, mencionó que la paraestatal continuará en la contención de accidentes y ampliará el compromiso del personal en temas de seguridad y medio ambiente.
Además, se propone una nueva estrategia de recursos humanos, pues una buena parte de la plantilla laboral será susceptible de jubilación en los próximos años; “se necesita capacitar a los empleados en esta materia”, indicó.
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