Cifras presentadas en el foro “Combate a la pornografía de niñas, niños y adolescentes”, realizado en el Senado en septiembre pasado, señalan que México ocupa el primer lugar mundial en la difusión de pornografía infantil y que cada hora dos menores son abusados sexualmente.
Según el más reciente Informe Nacional sobre Violencia y Salud en México, realizado por el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), en los últimos 25 años murieron asesinados diariamente dos niños o adolescentes, menores de 14 años.
Sólo de 2006 a 2010, refiere el estudio, en México fallecieron 913 niños y niñas a causa de la delincuencia organizada.
Además, señala que entre 55 y 62% de las y los niños mexicanos han sufrido maltrato en algún momento de su vida y que siete de cada 10 jóvenes viven o han vivido violencia en su noviazgo.
No es todo: 10.1% de las y los estudiantes de secundaria han padecido algún tipo de agresión física en la escuela, 5.5% de ellos violencia de índole sexual y 16.6% violencia emocional.
Ante esa situación y en el marco del Día Internacional para la Prevención del Abuso Infantil, la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) señaló que, a 23 años de haber ratificado la Convención sobre los Derechos de los Niños, México aún enfrenta “grandes desafíos en materia de prevención y combate de todas las formas de abuso infantil”.
En el caso de la Ciudad de México el organismo destacó que el Capítulo de los Derechos de la Infancia del Programa de Derechos Humanos del Distrito Federal (PDHDF) establece líneas específicas para promover el derecho a una vida libre de violencia de la infancia, como la elaboración de un diagnóstico estadístico para conocer el número, tipo y causa de violencia a la que está expuesta la población infantil, en particular la que está en situación de “alta discriminación” como la trabajadora, indígena, con discapacidad, migrante y callejera.
El organismo destacó también la necesidad de establecer en el Código de Procedimientos Penales del Distrito Federal el procedimiento de denuncia y responsabilidades específicas para los jueces ante cualquier tipo de violencia ejercida hacia la infancia.
La CDHDF, recalcó la necesidad de establecer “protocolos especializados” desde la perspectiva de derechos humanos para tramitar las denuncias de abuso contra la infancia, a fin de garantizar un “rápido y apropiado” acceso a la justicia.
“Los funcionarios públicos han de estar sensibilizados y capacitados para la aplicación de dichos procedimientos y brindar así una adecuada protección y atención a la infancia víctima de abuso y violencia”, destacó la CDHDF.
Asimismo, subrayó la necesidad de diseñar, implementar y fortalecer mecanismos para garantizar la reparación del daño.
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