Desde el comienzo del gobierno de Enrique Peña Nieto, el tema de los desaparecidos ha sido una de las demandas más insistentes de distintos grupos sociales, incluido el MPJD, fundado por el poeta Javier Sicilia tras el asesinato de su hijo por parte de personas ligadas al narcotráfico.
Ya el pasado 13 de noviembre, la organización Human Rights Watch (HRW) había insistido al gobierno de Peña asegurar que el proceso para crear una base nacional de datos sobre desaparecidos sea exhaustivo, eficiente y transparente, con base en investigaciones rigurosas mediante las cuales se logre determinar el paradero de las víctimas.
Sin embargo, las propias autoridades admitieron que muchos de los nombres registrados en dicha base de datos probablemente serían eliminados.
En todo este tiempo, han sido constantes los reclamos de familiares de víctimas y organizaciones sociales para que el gobierno federal atienda el reclamo, sin que hasta el momento hayan tenido una respuesta satisfactoria.
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