AUTOR: HECTOR TAJONAR.
MÉXICO, D.F. Hace un año nació el Pacto por México como un triple intento por hacer de la necesidad virtud. La idea del acuerdo nacional surgió de un PRD escindido, sumido en una profunda crisis de identidad y liderazgo.
La propuesta fue recibida como maná celestial por un presidente que fue postulado por un PRI victorioso pero sin mayoría en el Congreso, con una legitimidad menguada por las irregularidades del proceso electoral, y añorante de la hegemonía perdida. Relegado a tercera fuerza, el PAN y su dirigente también vieron en el pacto una tabla de salvación.
Fenómeno de claroscuros, el Pacto por México ha sido uno de los acontecimientos más destacados e interesantes del accidentado trayecto del país hacia la gobernanza democrática eficaz.
Fenómeno de claroscuros, el Pacto por México ha sido uno de los acontecimientos más destacados e interesantes del accidentado trayecto del país hacia la gobernanza democrática eficaz.
Por una parte, es muestra del potencial de la negociación política y el compromiso de cumplir acuerdos en un ámbito de pluralidad normado por una visión de Estado o, al menos, de largo plazo. Por la otra, ha confirmado el arraigo de actitudes y conductas predemocráticas en las que la miopía y mezquindad de las aspiraciones personales o de camarilla prevalecen sobre el interés nacional.
A pesar de su azaroso origen, el pacto fue un ejemplo de civilidad política que consiguió el consenso de representantes de las tres principales fuerzas políticas, tras 15 años de estancamiento y polarización, lo cual, en sí mismo, representó un esfuerzo encomiable que parecía imposible en el contexto hostil del que brotó. Acostumbrados a la rispidez de la confrontación estéril, a la trampa y el engaño como códigos de convivencia política, el pacto nos sorprendió a todos. Unos lo vieron como esperanza de cambio, otros con sospecha de contubernios inconfesables, y algunos más como signo inequívoco de la restauración del autoritarismo priista. Para hacer una valoración ponderada de este inédito acuerdo político en el pasado reciente del país, es conveniente distinguir tres fases: la conceptual, de la que surgió el documento llamado Pacto por México; los resultados obtenidos hasta el momento, y los obstáculos, simulaciones y artimañas que lo han malogrado.
El amplio y ambicioso documento fue elaborado con la intención de construir un proyecto de gobierno consensuado capaz de transformar a México a través de 95 compromisos estructurados en cinco ejes, que incluyen temas sociales, económicos y políticos tan diversos e importantes como los siguientes: seguridad social universal, combate a la pobreza, educación, cultura y derechos humanos; fomento de la competencia y fin de los monopolios; reformas de telecomunicaciones, financiera, hacendaria y energética; impulso a la ciencia, la tecnología y la innovación; desarrollo sustentable; deuda de los Estados; reforma policiaca y del sistema penitenciario; creación de una gendarmería nacional; juicios orales, código penal único; transparencia, rendición de cuentas y combate a la corrupción; así como una reforma electoral y política de gran calado, que contempla la creación de un instituto nacional electoral y una ley de partidos.
A pesar de limitaciones o ambigüedades, el Pacto por México es un escrito elaborado con rigor que ofrece vías para resolver algunos de los grandes problemas nacionales. Más que un catálogo de buenas intenciones, es un diagnóstico de los retos del país con propuestas concretas de políticas públicas, muchas de las cuales apuntan en la dirección correcta. Es una vasta y compleja agenda plural en la que están reflejadas añejas demandas de la izquierda, así como ideas albiazules y tricolores.
Acaso el logro más relevante surgido de la negociación política del pacto haya sido la reafirmación del Estado frente a los poderes fácticos. Ello hizo posibles las reformas financiera y de telecomunicaciones. Parecía impensable que, después de la evidente y excesiva cercanía del candidato del PRI con las televisoras hegemónicas, el gobierno de Enrique Peña Nieto fuese a presentar una propuesta que afectara seriamente los intereses oligopólicos del sector, al fomentar la competencia en televisión abierta y restringida; en radio, telefonía fija y móvil; en servicios de datos y nuevas tecnologías de la comunicación. A pesar de las presiones, la iniciativa fue aprobada en el Congreso, lo cual es de indiscutible trascendencia. Habrá que evitar las trampas en la legislación secundaria.
La reforma del sector financiero, dominado por bancos extranjeros, también consiguió poner orden para frenar abusos, fomentar la competencia y abaratar las tasas con la finalidad de que se otorguen créditos con mayor facilidad y a menor costo.
En el caso de la reforma educativa, el encarcelamiento de la lideresa del SNTE y la imposición de un sustituto domesticado no bastaron. Se les olvidó la existencia de la CNTE, cuya reacción ha exhibido la torpeza de las autoridades federales y capitalinas. Dirigida fundamentalmente a limitar el poder sindical en el diseño de la política educativa, no contiene una visión pedagógica que enseñe a pensar a los alumnos y que los prepare para el mundo laboral que habrán de enfrentar.
La riesgosa situación social, la violencia creciente y el magro crecimiento económico de la nación obligaron al gobierno a dar una vuelta en U respecto a la reforma hacendaria. Al desechar el IVA en alimentos y medicinas, tuvo que hacer malabarismos con el fin de aumentar los ingresos del erario mientras intentaba darle un enfoque social a la reforma. Ello ha disgustado a los empresarios y descontrolado a muchos, mientras la izquierda lo presenta como un triunfo. Lo cierto es que las modificaciones del caso se quedaron cortas: no se aumentó la base gravable y los ingresos petroleros seguirán siendo el principal sostén de las finanzas públicas.
La reforma energética es la gran incógnita. Dos requisitos debiera cumplir: procurar la modernización de la industria y evitar la expoliación petrolera. Para lograrlos, debe prevalecer la racionalidad económica sobre la dimensión simbólico-ideológica, además de trascender el reacomodo de liderazgos partidarios. Es imperativo que la reforma se traduzca en desarrollo económico sólido en beneficio de los mexicanos.
Nacido del instinto de supervivencia, el Pacto por México puede degenerar en un pacto de cabilderos. El mayor rezago de los cinco ejes del pacto es el de transparencia, rendición de cuentas y combate a la corrupción. Mientras no se ponga un freno a las grotescas expresiones de la corrupción galopante que abruma al país, no habrá reformas ni pactos que saquen a la nación del estado de postración en que se encuentra. La corrupción es el talón de Aquiles del Pacto y de México.
A pesar de su azaroso origen, el pacto fue un ejemplo de civilidad política que consiguió el consenso de representantes de las tres principales fuerzas políticas, tras 15 años de estancamiento y polarización, lo cual, en sí mismo, representó un esfuerzo encomiable que parecía imposible en el contexto hostil del que brotó. Acostumbrados a la rispidez de la confrontación estéril, a la trampa y el engaño como códigos de convivencia política, el pacto nos sorprendió a todos. Unos lo vieron como esperanza de cambio, otros con sospecha de contubernios inconfesables, y algunos más como signo inequívoco de la restauración del autoritarismo priista. Para hacer una valoración ponderada de este inédito acuerdo político en el pasado reciente del país, es conveniente distinguir tres fases: la conceptual, de la que surgió el documento llamado Pacto por México; los resultados obtenidos hasta el momento, y los obstáculos, simulaciones y artimañas que lo han malogrado.
El amplio y ambicioso documento fue elaborado con la intención de construir un proyecto de gobierno consensuado capaz de transformar a México a través de 95 compromisos estructurados en cinco ejes, que incluyen temas sociales, económicos y políticos tan diversos e importantes como los siguientes: seguridad social universal, combate a la pobreza, educación, cultura y derechos humanos; fomento de la competencia y fin de los monopolios; reformas de telecomunicaciones, financiera, hacendaria y energética; impulso a la ciencia, la tecnología y la innovación; desarrollo sustentable; deuda de los Estados; reforma policiaca y del sistema penitenciario; creación de una gendarmería nacional; juicios orales, código penal único; transparencia, rendición de cuentas y combate a la corrupción; así como una reforma electoral y política de gran calado, que contempla la creación de un instituto nacional electoral y una ley de partidos.
A pesar de limitaciones o ambigüedades, el Pacto por México es un escrito elaborado con rigor que ofrece vías para resolver algunos de los grandes problemas nacionales. Más que un catálogo de buenas intenciones, es un diagnóstico de los retos del país con propuestas concretas de políticas públicas, muchas de las cuales apuntan en la dirección correcta. Es una vasta y compleja agenda plural en la que están reflejadas añejas demandas de la izquierda, así como ideas albiazules y tricolores.
Acaso el logro más relevante surgido de la negociación política del pacto haya sido la reafirmación del Estado frente a los poderes fácticos. Ello hizo posibles las reformas financiera y de telecomunicaciones. Parecía impensable que, después de la evidente y excesiva cercanía del candidato del PRI con las televisoras hegemónicas, el gobierno de Enrique Peña Nieto fuese a presentar una propuesta que afectara seriamente los intereses oligopólicos del sector, al fomentar la competencia en televisión abierta y restringida; en radio, telefonía fija y móvil; en servicios de datos y nuevas tecnologías de la comunicación. A pesar de las presiones, la iniciativa fue aprobada en el Congreso, lo cual es de indiscutible trascendencia. Habrá que evitar las trampas en la legislación secundaria.
La reforma del sector financiero, dominado por bancos extranjeros, también consiguió poner orden para frenar abusos, fomentar la competencia y abaratar las tasas con la finalidad de que se otorguen créditos con mayor facilidad y a menor costo.
En el caso de la reforma educativa, el encarcelamiento de la lideresa del SNTE y la imposición de un sustituto domesticado no bastaron. Se les olvidó la existencia de la CNTE, cuya reacción ha exhibido la torpeza de las autoridades federales y capitalinas. Dirigida fundamentalmente a limitar el poder sindical en el diseño de la política educativa, no contiene una visión pedagógica que enseñe a pensar a los alumnos y que los prepare para el mundo laboral que habrán de enfrentar.
La riesgosa situación social, la violencia creciente y el magro crecimiento económico de la nación obligaron al gobierno a dar una vuelta en U respecto a la reforma hacendaria. Al desechar el IVA en alimentos y medicinas, tuvo que hacer malabarismos con el fin de aumentar los ingresos del erario mientras intentaba darle un enfoque social a la reforma. Ello ha disgustado a los empresarios y descontrolado a muchos, mientras la izquierda lo presenta como un triunfo. Lo cierto es que las modificaciones del caso se quedaron cortas: no se aumentó la base gravable y los ingresos petroleros seguirán siendo el principal sostén de las finanzas públicas.
La reforma energética es la gran incógnita. Dos requisitos debiera cumplir: procurar la modernización de la industria y evitar la expoliación petrolera. Para lograrlos, debe prevalecer la racionalidad económica sobre la dimensión simbólico-ideológica, además de trascender el reacomodo de liderazgos partidarios. Es imperativo que la reforma se traduzca en desarrollo económico sólido en beneficio de los mexicanos.
Nacido del instinto de supervivencia, el Pacto por México puede degenerar en un pacto de cabilderos. El mayor rezago de los cinco ejes del pacto es el de transparencia, rendición de cuentas y combate a la corrupción. Mientras no se ponga un freno a las grotescas expresiones de la corrupción galopante que abruma al país, no habrá reformas ni pactos que saquen a la nación del estado de postración en que se encuentra. La corrupción es el talón de Aquiles del Pacto y de México.
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