AUTOR: KARINA AVILÉS.
Precisó que para la elaboración del material educativo suscribió un convenio de colaboración con la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación la Ciencia y la Cultura (OEI), por un monto de 11 millones 130 mil 825 pesos, y otro con la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco (UAM-X), por 3 millones 80 mil pesos.
La dependencia aseguró que el Órgano Interno de Control (OIC) integró el expediente número DE-1079/2013, para llevar a cabo las investigaciones correspondientes y, en su caso, sancionar a los servidores públicos responsables de los errores ortográficos.
Lo anterior lo reveló al dar respuesta a una solicitud de información. Hace unas semanas la SEP reconoció que dichos libros que se distribuyeron para este ciclo escolar contenían 117 faltas ortográficas.
En su respuesta al peticionario, la dependencia señaló que dichas instituciones participaron activamente en el proyecto y que una vez que los libros estuvieron listos para ir a impresión, entregaron a la dirección de Desarrollo de Innovación y Materiales Educativos y a la dirección Editorial (áreas directamente relacionadas con la elaboración de los libros de texto) las maquetas terminadas, para validar o cambiar el material.
La dirección General de Materiales e Informática Educativa de la SEP manifestó que la redacción de los libros de texto no estuvo a cargo de ningún comité o grupo de personas.
En relación a si se sancionó o no a los responsables, la SEP informó que el OIC integró el expediente número DE-1079/2013 para llevar a cabo las investigaciones correspondientes y, de ser el caso, remitirlo al área de responsabilidades, por presuntas irregularidades administrativas, que pueden derivar en la imposición de sanciones a los servidores públicos responsables.
El solicitante se inconformó y presentó un recurso de revisión ante el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (Ifai), mediante el cual manifestó que si bien la dependencia indicó el monto pagado a cada institución, no precisó cuánto pago a cada una de las personas involucradas y tampoco se pronunció sobre el monto que recibieron sus servidores públicos.
Señaló también que la SEP no precisó si se sancionó o no a dichas instituciones. En su respuesta, la dependencia indicó que el monto pagado a los servidores públicos involucrados en la elaboración del material educativo fue su salario mensual, información que es pública y puede consultarse en su Portal de Obligaciones de Transparencia (POT), para lo cual proporcionó las ligas electrónicas correspondientes e indicó los pasos a seguir para obtener los datos.
En cuanto al monto pagado al personal de las instituciones que colaboraron en la redacción de los libros, reiteró su repuesta y argumentó que los instrumentos jurídicos suscritos no establecen la obligación de conocer los medios, recursos humanos y materiales utilizados por dichas instancias, por lo que no tiene conocimiento a detalle de quiénes intervienen en la elaboración del material.
En relación con las sanciones, reiteró que el asunto se encuentra sujeto a investigación por el OIC y aseguró que en cuanto se emita la resolución correspondiente, ésta será pública y podrá solicitarse a la Secretaría de la Función Pública (SFP).
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