Una docena de gobiernos, entre ellos el de México, negocian en el Acuerdo de Asociación Transpacífico reglas que limitarían la libertad de acceso a internet y obligan a proveedores a suprimir contenidos cuando un autor considere que la difusión transgrede sus derechos de propiedad intelectual.
El gobierno mexicano negocia un acuerdo de alcance multinacional que limitaría la libertad de acceso a internet y obliga a los proveedores del servicio a suprimir contenidos cuando un autor considere que la difusión transgrede sus derechos de propiedad intelectual, revela un documento que Wikileaks entregó a organizaciones y medios en el mundo, entre ellos La Jornada.Cuando ocurra una disputa por difusión de contenidos con derecho de autor en internet, la controversia será dirimida por un panel internacional cuyas decisiones deberán ser acatadas por los países que suscriban dicho acuerdo, aun si contraviene sus legislaciones locales, según el más reciente borrador del capítulo Propiedad intelectual que una docena de gobiernos, entre ellos el de México, negocian en el Acuerdo de Asociación Transpacífico (TPP, por sus siglas en inglés).
La negociación de este acuerdo no ha ido acompañada de un debate público sobre sus alcances, a diferencia de lo que ocurrió hace dos décadas, cuando se discutió la incorporación del país al Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN).
Los alcances del TTP en cuanto a la regulación de internet, tienen como antecedente en México el compromiso contraido por el gobierno cuando en 2012 firmó el Acuerdo Comercial contra la Falsificación (Acta), para revisar y, en su caso, modificar las leyes de Propiedad Industrial, Federal de Derecho de Autor y Aduanera.
Las negociaciones abarcan agricultura, servicios, compras de gobierno, regulación y controversias, entre otras áreas.
El borrador establece que los países deberán limitar la disponibilidad o establecer acciones contra los proveedores de servicio de internet que permitan que circulen por sus redes contenidos que infrinjan los derechos de autor, o derechos relacionados, que hayan sido subidos a la red por otras personas y sobre los cuales el autor haya reclamado los derechos.
La regla negociada en el TPP se aplicaría a contenido protegido por derecho de autor en los casos en que el PSI lo transmita, lo hospede en su red o lo conserve en sus sistemas. El documento señala que habría incentivos legales para que los PSI acaten estos procedimientos o acciones contra los PSI que no lo hagan. Según el borrador, el gobierno canadiense propuso incluso que sean removidos los materiales o que se limite el acceso al contenido.
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